Contra-Punto-80 ex jueces aún esperan justicia de parte de la CSJ

Por Gregorio Morán. 10 de Diciembre. Tomado de Contra Punto.

Se supone que cuando fungieron como jueces cumplieron con su juramento de aplicar a tiempo la justicia, pero ahora que son los acusados esperan desde hace siete años que la Corte Suprema de Justicia les resuelva su situación generada por ostentar, supuestamente, un estatus académico irregular.
SAN SALVADOR - “En casa de herrero, cuchillo de palo”. Nunca tan bien como ahora se le aplica este dicho popular a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no solo por la tardanza, sino también porque a quienes les está negando la “pronta y cumplida justicia” fueron en un momento determinado sus mismos representantes.

Se trata de 80 ex jueces quienes en junio de 2001 fueron señalados por el entonces fiscal especial, Roberto Vidales, como responsables de obtener un título irregular que los acreditaba como abogados de la República.

La CSJ, el máximo tribunal de justicia, recibe constantemente quejas ciudadanas de que los jueces retardan en muchos casos la aplicación de la justicia, y los magistrados de la Corte, si es que se deciden a investigar, llaman la atención por tal actitud a los denunciados.

Extienden a plenitud su dedo índice acusador y sujetan con su dedo pulgar los otros tres con los que se señalan a sí mismos, pues desde hace siete años no han sido capaces de resolver la situación legal de los 80 ex funcionarios, 38 de los cuales fueron destituidos en 2002. Los magistrados dejaron pendiente la suerte de 42 más.

Algunos casos de retardación de justicia presentados contra la misma Corte son los de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), en el caso de la inconstitucionalidad por el nombramiento de Julio Moreno Niños como magistrado del Tribunal Supremo Electoral, el cual al final la nueva administración consideró ilegal; el del amparo de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) por la muerte de los padres jesuitas, o el caso Servipronto, de Roberto Bukele, en el cual la Sala de lo Civil ordenó a la transnacional McDonald´s pagar 23.9 millones de dólares al primero por daños y perjuicios, entre otros.

En este mismo momento, la Sala de lo Constitucional de la CSJ tiene pendiente de resolución los amparos que la mayoría, sino todos, de los ex jueces acusados de poseer títulos universitarios irregulares presentaron para que se les restituya por considerar ilegal su destitución como jueces.

Este es uno de los importantes temas pendientes con que la Corte Suprema cierra un año más quedando en deuda por enésima vez con la sociedad salvadoreña.

Los magistrados Néstor Castaneda y Evelyn Núñez, reconocieron a ContraPunto que este año difícilmente se tocará en Corte Plena el tema de los jueces, pese a la expectativa que meses atrás planteó el colega de ambos, Rodolfo González, miembro de la Sala de lo Constitucional, de resolver la situación jurídica de los jueces antes que terminara el año 2009.

Corneados y apaleados
En 2000 la entonces presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), Gladys Chávez, envió a la fiscalía General de la República un informe sobre las irregularidades encontradas en cinco títulos de jueces graduados en las universidades Salvadoreña y  Las Américas de El Salvador.

Estos funcionarios eran José Luis Osorio Núñez, Sayde Elizenda Benítez Guerrero, Gladys Noemí Alonzo González, Gerson Alberto Torres López y María Luisa Sigüenza Águila, a quienes la Corte inicialmente destituyó por recomendaciones del mismo Consejo, pero posteriormente los restituyó en su cargo, luego de una campaña de 147 jueces del país impulsada en los medios de comunicación, que incluyó una nota que Vidales calificó de “arrogante e injuriosa” y en la cual se desconocía la institucionalidad del CNJ.

Los jueces que impulsaron la campaña, no obstante su malestar por el supuesto ataque al profesionalismo de los jueces, no se refirieron en lo absoluto a los fraudes en la obtención de los títulos señalados por Vidales. Defendieron la legitimidad de los documentos de los jueces emitidos por universidades señaladas por la emisión de títulos irregulares con base en la seguridad jurídica, alegando que “la expedición de los mismos por instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación y el reconocimiento que de los mismos se había dado en el pasado les daba un ‘derecho adquirido’ a ejercer los derechos consagrados en el título”.

Un año después, el mismo Consejo envió nueva información a la Fiscalía sobre “la aparente graduación irregular de otros cuatro jueces: Marisela de la Paz Águila Ramírez, Carolina Amalia de la O Hernández, Salvador Gómez Henríquez y Ana Patricia Cruz de Chavarría”, a éstos sin embargo ya no se les siguió ningún proceso.

A partir de este hecho la Fiscalía nombró en 2001 al abogado Roberto Vidales como fiscal especial para investigar títulos irregulares y éste descubrió un total de 2 mil 800 títulos “sospechosos”.

Sin embargo, Vidales solamente logró investigar ampliamente 819 casos y de éstos únicamente logró determinar que 169 títulos eran falsos o fraudulentos y pertenecían a 14 jueces de primera instancia, a 56 jueces de paz, a 7 jueces suplentes y a 12 fiscales quienes los obtuvieron en las universidades Las Américas, Salvadoreña, Dr. Luis Escamilla, Nueva San Salvador, Militar y Andrés Bello, algunas de las cuales se encuentran cerradas definitivamente por órdenes del ministerio de Educación (Mined).

Pero por razones desconocidas, solo 80 casos fueron enviados finalmente al máximo tribunal de justicia, en donde posiblemente las arañas, con sus telas características, habrán intentado recordarles también a los magistrados que estos casos están pendientes de resolución.

Es decir que aparte de ser señalados por la calidad de los títulos, los ex jueces siguen en una larga cola de espera para conocer finalmente si serán o no restituidos en sus cargos, si la Corte tomará en cuenta la decisión del ministerio de Educación de reconocer los títulos como legales o de confirmarse la separación de sus cargos.

Comisión de magistrados
Hace tres años, cuando la Corte Suprema de Justicia fue renovada en un tercio con los y las magistrados Evelyn Núñez, Lolly Claros, Miguel Trejo, Mario Valdivieso y Rosa Fortín, el entonces presidente de la institución, Agustín García, les encomendó agruparse como comisión y analizar los 80 casos de los ex jueces para que emitieran un proyecto de resolución de cada uno a fin de “agilizar” la resolución definitiva.

La magistrada Núñez dijo esta semana a ContraPunto, que desde hace varios meses, o años incluso, dicha comisión tiene resueltos entre 20 y 30 de los 80 casos y que solamente falta la palabra final de la Corte en pleno para dar la sentencia definitiva.

El caso de los títulos irregulares, sin embargo, no ha entrado a la agenda de Corte plena, pese a que Núñez ha enviado varias notas a la presidencia para abordar el tema, pero éstas no han sido contestadas, según la propia funcionaria.

“Nosotros (los miembros de la comisión) ya presentamos incluso los proyectos de resolución de unos casos que son parecidos en su contenido, pero diferentes en el razonamiento y lo que queríamos era decirles ‘aquí están resueltos estos cinco casos, en la otra corte plena vamos a resolver otros cinco, aquí están las resoluciones, estúdienlas’. Pero luego vinieron los nuevos magistrados y todavía no se han conocido los casos después de casi seis meses que ellos tienen de estar aquí. Nosotros ya tenemos listas las resoluciones”, reiteró Núñez.

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