La reforma tributaria controlará más el quehacer de las empresas, impondrá sanciones más duras, creará impuestos nuevos y obligará a las empresas a incurrir en más controles y papeleo burocrático. Para el partido ARENA, el proyecto de ley prácticamente se convierte en un acoso tributario policial por parte del Estado.
Viernes 4 de Diciembre. Tomado de El Diario de Hoy.
El paquete de reformas tributarias que impulsa el Ministerio de Hacienda le exigirá a las empresas y a los profesionales independientes más información acerca de sus operaciones, de sus clientes y de sus bienes; y si el fisco detecta alguna anomalía o un pequeño error será mas fácil multar a quienes hayan incurrido en estas faltas.
Con dichas acciones la reforma fiscal se convertirá prácticamente en un acoso fiscal permanente que Hacienda ejecutará en contra del sector productivo, el cual deberá dar cuenta de todos sus movimientos, con el riesgo de ser embargado o ir a la cárcel si queda mal con el fisco, según revelaron ayer los economistas contratados por el partido ARENA para analizar la reforma.
Con el paquete fiscal, dice ese partido de derecha, los contribuyentes no tendrán derecho a equivocarse pues se establecen nuevas infracciones y multas.
Los analistas indican que el Código Tributario, por ejemplo, hará que los médicos y especialistas deban informar detalladamente cuáles fueron los diagnósticos, los tratamientos y las intervenciones quirúrgicas realizadas en cada semestre. Un reporte se presentará en enero y otro en julio de cada año.
Los hospitales deberán presentar en un período de 72 horas todos los servicios que han prestado a sus clientes en concepto de cirugías. Esto implicaría que cada mes el fisco deberá revisar alrededor de 94 mil declaraciones de los profesionales de la salud en el país.
Asimismo, el anteproyecto de ley contempla que los notarios, jueces, contadores y auditores estarán obligados a mostrar sus documentos de trabajo e informar sobre los contratos realizados, transferencia de inmuebles, papeles de trabajo y firma de estados financieros.
"Esto afectará de manera especial el libre ejercicio de las profesiones, donde médicos, abogados, contadores y otros especialistas estarán bajo la lupa del Estado", dice el documento.
Los economistas afirman que el artículo 120 del Código Tributario viola la fe pública, ya que los notarios serán obligados a mostrar al Ministerio de Hacienda el protocolo en vigencia o la copia de respaldo de la misma (el protocolo es el libro en donde los abogados registran las actas notariales que elaboran).
Con esa disposición todos los notarios tendrían la obligación de enviar mensualmente al fisco un informe relativo a todas las transacciones que realicen ya sea por compraventa, permutas, constitución de garantías, mutuos, donaciones, cesión de derecho o cualquier acto o contrato con pacto de retroventa.
El notario se convertiría así en un agente fiscal pues por su medio el Estado tendría acceso a revisar todos los contratos que cualquier persona haya realizado, con lo cual se rompe la confidencialidad existente entre el abogado y su cliente,"una clara violación al secreto profesional", recalcan las fuentes.
Según estimaciones de ARENA existen en el país 6 mil notarios que deberían enviar cerca de 100 mil declaraciones en este periodo.
Estas informaciones serían utilizadas por Hacienda para hacer el cruce de datos con las personas que han efectuado transacciones que ya no estarán exentas de renta, como el caso de compraventa de inmuebles.
La duda que surge a los opositores es el hecho de quién podrá realizar todo el procesamiento de tanta información. Para ellos, el Estado tendría que robustecer su brazo contratando más personas para hacer este trabajo, lo que devendría en más burocratización y gastos en personal.
algunas sanciones
Entre las nuevas multas que se impondrían destaca la presentación de la declaración con errores aritméticos que será penalizada con no menos de dos salarios mínimos.
El no presentar la declaración o entregar la declaración de patrimonio fuera del plazo tendrá una sanción del 1% sobre el patrimonio (no podrá ser menor de seis salarios mínimos.
Utilizar máquinas registradoras no autorizadas, trasladarlas sin previo aviso o utilizarlas sin que cumplan los requisitos legales acarreará multas de tres salarios mínimos por cada máquina.
Emitir y entregar facturas consolidas o de diferentes adquirentes tendrá una sanción del 50% de la sumatoria (no inferior a dos salarios mínimos).
Los jueces y notarios que no suministren información sobre actos y contratos; así como el CNR y alcaldías que no den información sobre comerciantes individuales tendrán penas de cinco salarios mínimos.
Si los médicos no proporcionan información a los hospitales tendrán una sanción de ocho salarios mínimos; además no tener contador bajo contrato modelo generará una multa de cuatro salarios mínimos.
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