El subsidio al transporte

Entonces, ¿por qué no corregir de una vez por todas esta aberrante contradicción de una actividad privada que se autodenomina pública, y crear un transporte verdaderamente público, fuera de manos privadas?

Escrito por Roberto Rubio-Fabián. Lunes 10 Agosto. Tomado de La Prensa Grafica.

Según un reportaje aparecido en este periódico (LPG, 2/8/09), desde diciembre de 2007 a julio de 2009, es decir en año y medio, los transportistas habrían recibido más de 110 millones de dólares en subsidios directos. Esto significa un monto mucho mayor que el asignado en 2008 a dos ministerios claves para el desarrollo del país: casi el doble del presupuesto asignado al Ministerio de Agricultura y Ganadería ($58 millones), y casi 13 veces más que el monto otorgado al estratégico Ministerio de Medio Ambiente ($8.8 millones).

Se suponía que estos millones servirían no solo para evitar el aumento del pasaje sino también para mejorar el servicio del caótico transporte público. ¿Se justifican estos montos millonarios? ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿De qué han servido tantos millones arrancados de nuestros bolsillos ciudadanos?

Los transportistas argumentan que gracias al subsidio no se ha incrementado el pasaje, y que el subsidio solamente alcanzó para cubrir sus gastos incrementados de operación, y que por tanto no fue suficiente para invertir en mejorar el servicio. Según ellos, tal como están los ingresos (precio de pasaje) y los costos de producción (sobre todo precio del diésel), el transporte público no es una actividad económica rentable. Por tanto, concluyen que la única manera de hacerlo rentable es con el apoyo o subsidios del sector público, o en su falta, con el incremento del pasaje. Para ellos no hay otra solución.

Ahora bien, una serie de dudas saltan a la vista. En primer lugar, si no es rentable ¿cómo es que han podido mantenerse en funcionamiento desde hace tanto tiempo, aun cuando ha habido momentos que no han recibido mayor apoyo estatal? ¿Por qué hay tantos empresarios que quieren entrar a un mal negocio? ¿A qué se ha debido el aumento constante de la oferta de unidades?

En segundo lugar, si es rentable gracias al apoyo del Estado ¿por qué no han invertido en mejorar el servicio? Por otro lado, ¿por qué el sector público está obligado a mantener una actividad privada no rentable? ¿Acaso no tendrían derecho otras actividades privadas a obtener lo mismo? ¡Viva entonces la ineficiencia privada sostenida por lo público! Los interesados argumentarán que el transporte público es una actividad privada especial que necesita de subsidios y apoyos porque presta un servicio público. Entonces, ¿por qué no corregir de una vez por todas esta aberrante contradicción de una actividad privada que se autodenomina pública, y crear un transporte verdaderamente público, fuera de manos privadas?

En tercer lugar, ¿acaso la solución a los supuestos problemas de rentabilidad del transporte público solo se solucionan en la disyuntiva subsidios o aumento del pasaje? ¿Acaso los problemas de rentabilidad no provienen también, y con fuerza, del mismo desorden e ineficiencia en que trabaja el sector? En efecto, los problemas de rentabilidad del transporte no solo provienen de una falta de apoyo del Estado, de precios altos del diésel o precios bajos del pasaje, o incluso del costo de las extorsiones, sino también de la sobreoferta de unidades, de los gastos mayores de diésel a causa del desorden de rutas y embotellamientos, de los altos costos de mantenimiento de unidades viejas, de los costos de reparación por frecuentes accidentes provocados por motoristas irresponsables, etcétera.

Seguramente, si hubiéramos invertido esos 110 millones en mejorar el sistema público de transporte, tendríamos mejores y más seguras unidades, una oferta más acorde a la demanda, más protección ante las extorsiones, motoristas más responsables y menos gastos de reparación por accidentes, rutas más adecuadas y menos gastos de combustible, señales y paradas más respetadas, y posiblemente, un sistema de transporte de mayor calidad y menos deficitario.

Mientras ello no suceda así, seguiremos en esta política sadomasoquista, donde pagamos con nuestro dinero para que nos hagan daño: subsidiando el desorden, los accidentes, la prepotencia al volante, el chantaje y el clientelismo partidario, el humo que contamina nuestros pulmones. Es cierto que las difíciles y restrictivas finanzas públicas, y el menor precio del petróleo, han contribuido por el momento a reducir el subsidio. Es cierto que, nuevamente, el actual gobierno ha condicionado su otorgamiento a la instalación de la caja única. Pero esto, a todas luces, resulta totalmente inadecuado e insuficiente, y en nada apunta al cambio en un sector que es tan vital para la vida cotidiana de miles de ciudadanos; tanto de aquellos de a pie que todos los días se aventuran en la selva del transporte, como de aquellos que en vehículos particulares nos enfrentamos diariamente a sus salvajes y peligrosas maniobras callejeras.