Por nuestra parte, insistimos en el imperativo de estructurar un plan nacional que atienda a fondo este reclamo de la realidad, que encuentra su mejor voz en el sentimiento de la ciudadanía, victimizada con tanta crueldad.
Escrito por Editorial.21 de Diciembre. Tomado de La Prensa Gráfica.
El tema de la inseguridad ciudadana y del auge delincuencial está, y de seguro seguirá estando por bastante tiempo más, en la primera línea de las preocupaciones ciudadanas. En las encuestas sucesivas de opinión sobre la realidad del país, la inseguridad y la crisis económica se turnan en la posición principal de lo que más angustia; y esto demuestra que en ambas cuestiones hay una tarea fundamental por hacer, tanto en lo institucional como en lo social. Lo primero sería tener bien claras las responsabilidades de cada quien, para poder integrarlas en un sistema que verdaderamente pueda dar resultados. Y cuando hablamos de cada quien, específicamente en lo que toca a la inseguridad resultante de la delincuencia, no sólo nos referimos a las entidades más inmediatamente vinculadas a la persecución del delito, como la Fiscalía General, la PNC y el Órgano Judicial, sino que abarcamos desde luego áreas como Educación, Inclusión Social, generación de oportunidades y generación de empleo.
En muy reciente entrevista con periodistas de LPG, el Fiscal General de la República ha reiterado lo que se viene sabiendo desde siempre: que los recursos institucionales disponibles no alcanzan para hacerle frente al embate de la criminalidad. Recuérdese que, de resultas de las reformas constitucionales surgidas del proceso de paz, al Fiscal General se le asignó el cometido de dirigir la investigación del delito, con la colaboración de la Policía Nacional Civil, en la forma que establezca la ley. Y esa función básica de investigación, que por mandato constitucional debe ser interactiva, tendrá por supuesto que irse ajustando a las necesidades propias de la realidad en cada momento. El momento actual es crítico al respecto, y en la misma magnitud hay que enfrentarlo.
Cuando se sabe, y no de ahora, que a cada fiscal le corresponde investigar al año entre 200 y 300 casos queda dramáticamente claro que, en tales condiciones, no hay cómo hacer un trabajo institucional de veras satisfactorio. Pero hay situaciones que podrían ser más manejables si se hiciera uso de los recursos legales que posibiliten una acción eficaz, como en el tema de pandillas, que hay que atacar como tales y no sólo en la individualización de los hechos delictivos. El Fiscal General lo hizo ver en la entrevista aludida, y ahora lo que hay que preguntarse es: ¿Cuándo?
En lo referente a la investigación del delito, no cabe duda de que este es un punto endémicamente débil del sistema, y habría que hacer un esfuerzo de alcance superior, para llegar a la altura del desafío existente y superarlo. Esto requiere no sólo fuertes inyecciones de recursos sino, en la base, reingenierías que garanticen la efectividad y aseguren la sostenibilidad de la misma. Y al mencionar reingenierías nos referimos a todas las instituciones responsables. Esta es una exigencia de modernización real que ya no puede ser aplazada.
Las pandillas y el crimen organizado han ido ganando tal protagonismo en el ambiente que ya los planes y las estrategias tradicionales no operan. Por nuestra parte, insistimos en el imperativo de estructurar un plan nacional que atienda a fondo este reclamo de la realidad, que encuentra su mejor voz en el sentimiento de la ciudadanía, victimizada con tanta crueldad. No se trata de que alguien plantee su proyecto para que lo apoyen los demás: lo acorde con las circunstancias sería que todos se sentaran para armar el proyecto en común desde el principio. No entendemos por qué no se ha emprendido hasta la fecha ninguna iniciativa seria y perseverante en esa línea.
Atender debidamente la seguridad exige recursos humanos y financieros
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentarios que incluyan ofensas o amenazas no se publicaran.