Cuando la ley entre en vigencia, si es que pasa sin tropiezos su proceso de formación, habrá oportunidad de contrastar su texto con su ejercicio, para hacer, si es necesario, los ajustes que la experiencia demande.
Escrito por Editorial.06 de Diciembre. Tomado de La Prensa Gráfica.
Por ya largo tiempo, desde distintos ámbitos tanto sociales como políticos, se ha venido moviendo y gestionando el propósito de contar en el país con una normativa legal que viabilice y regule el acceso a la información pública, en función de hacer un esfuerzo decisivo hacia la transparentización del quehacer gubernamental en los diversos niveles del mismo. En este campo, estábamos a la zaga en nuestro propio vecindario geográfico, y ya no era sostenible, bajo ningún tipo de argumentación, el quedarnos como estábamos, es decir, a la libre en el más irresponsable de los sentidos. Por fin, se logró el número de votos legislativos necesarios para pasar el proyecto largamente discutido, y en la noche del pasado jueves fue aprobado con el apoyo del FMLN, ARENA y CD.
Es importante destacar, en primer término, que en este punto tan delicado y fundamental lograron ponerse de acuerdo las dos fuerzas políticas principales –ARENA y el FMLN–, luego de hacer el trabajo de construir un proyecto aceptable a partir de las propuestas originales del llamado Grupo Promotor y del mismo FMLN. Destacamos este hecho como una señal política positiva, indicadora de que, cuando hay voluntad de concertar, los resultados pueden ser concretables. Desde luego, la aprobación se dio sin los votos de las bancadas del PCN, GANA y el PDC, que expusieron argumentos insistentes sobre defectos del proyecto, en la línea de la inequidad, de la discriminación y del peligro de dejar expuesta información privada. Cuando la ley entre en vigencia, si es que pasa sin tropiezos su proceso de formación, habrá oportunidad de contrastar su texto con su ejercicio, para hacer, si es necesario, los ajustes que la experiencia demande.
El punto más destacable, por ahora, es que ya hay ley aprobada, pues hubiera sido volver a las mismas el regresar el proyecto a la Comisión correspondiente de la Asamblea, para repetir la interminable ronda de las dilaciones, como ocurrió en el pasado con esta iniciativa y como sigue pasando con otras, como la del ordenamiento y el desarrollo territoriales.
Uno de los puntos más discutidos es el referente al ente rector del cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta ley. Se optó por una figura que integra dos voluntades: la de sectores de la sociedad civil que propondrán ternas para escoger a los miembros del Instituto correspondiente y la del Presidente de la República, que escogerá de dichas ternas. En este punto, nunca hay un procedimiento satisfactorio del todo; sin embargo, en este caso parece que dicha integración de voluntades puede ser una vía que permita una integración adecuada. Y el hecho de que sea el Presidente de la República el que escoja de lo que se propone tiene la ventaja de que personaliza y visibiliza la responsabilidad sobre las decisiones que se tomen.
Como en todo lo que tiene que ver con la legalidad en concreto, tanto o más importante que la ley en sí es la práctica derivada de ella. Y cuando se está ante un tema como este de la transparencia y de la rendición de cuentas, eso es más patente aún, porque se trata de ir transformando toda una cultura bien arraigada de secreto y de disimulo. Esperamos, pues, que esta normativa sea vigente lo más pronto posible para irla sometiendo de inmediato a la prueba de fuego de los hechos, que es donde se mide de veras la efectividad de cualquier decisión atinente al interés público y al bien común.
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