El juicio por el asesinato de tres diputados salvadoreños y su conductor está por culminar después de cinco semanas. Este miércoles se conocerá el veredicto y el futuro de los nueve implicados. La Fiscalía ha pedido penas máximas, confiando en que probó la participación de los acusados, y estos, tras gritos y llantos, esperan que su destino no será la cárcel.
Rodrigo Baires Quezada.01 de Diciembre. Tomado de El Faro.
Ciudad de Guatemala. “Es cuestión de horas”, dijo un abogado defensor este martes. En los últimos dos días, en la sala de audiencias número nueve de la torre de tribunales de Guatemala, donde sesiona el tribunal que juzga a los acusados por los asesinatos de los tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y su conductor, la parte acusadora y la defensa de los imputados han hecho su último esfuerzo por ganar el favor de los tres jueces. Cuando el abogado defensor dijo "es cuestión de horas", se refería al momento en que el Tribunal Primero de Alto Riesgo diga su veredicto después de cinco semanas de juicio.
En el otro extremo, en el del Ministerio Público, coincidieron en que ya era cuestión de horas. "Se tienen todos los elementos para que sean encontrados culpables. La deliberación no tardará mucho”, dijo la representación fiscal. Para el Ministerio Público (MP, la Fiscalía guatemalteca), que solicitó el lunes las penas máximas conjuntas de entre 199 y 277 años para los nueve procesados (al ex diputado salvadoreño Roberto Carlos Silva Pereira se le acusa de autoría intelectual, pero no está en juicio porque está detenido en Estados Unidos), no pasaba de la tarde de este martes para que se conociera un veredicto condenatorio. Pero la jueza presidenta, Yazmín Barrios, dio un receso en la última audiencia al filo de las 10 de la mañana, dejó pendiente a uno de los procesados de decir su petición final al juzgado y dijo que regresarían a la sala a las 8 de la mañana de este miércoles para continuar con el proceso.
"Sigue la espera", dijo el hermano de Linda Aura Castillo de Ayala, la única mujer procesada por el asesinato de los diputados Eduardo D'Aubuisson, William Pichinte y José Ramón González, además del conductor Gerardo Ramírez. La noche anterior había abrazado a su hermana y había llorado en su regazo. “Ya falta poco, ya falta poco”, le dijo.
Su padre, tras 12 horas de escuchar las conclusiones finales del MP y los defensores, había hecho un recuento mental de lo que faltaba: la petición final de los acusados, que consiste en unas palabras cortas dirigidas a los jueces antes de que estos se retiraran a debatir sobre las pruebas mostradas y dictaran sentencia. La espera continuaba.
Y la espera ha sido larga también para los parientes de las víctimas. Más de tres años y nueve meses han tenido que esperar desde febrero de 2007, para conocer a qué lado se inclinará la justicia. O, al menos, el caso preparado por el Ministerio Público.
La mañana del lunes ya se sabía que sería un día largo, muy largo. Yasmín Barrios había dado inicio al cierre del juicio adelantando que, como mínimo, se tendría que escuchar durante 10 horas las intervenciones de las partes. El primer turno sería del fiscal del caso, Edwin Elías Marroquín, y él tendría más tiempo para hacerlo. La jueza lo explicó al inicio de la audiencia: la ley guatemalteca da una hora como máximo para que las partes de un juicio den a conocer sus conclusiones finales. Con nueve imputados, que suman 38 delitos, el Ministerio Público disponía de un tiempo “adicional y necesario” para resumir los hechos.
Marroquín tomó la palabra: “Es tesis del Ministerio Público que el relacionado proceso se deriva de que los señores Manuel Castillo Medrano, Roberto Carlos Silva Pereira y Carlos Amílcar Orellana Donnis concertaron, planificaron y coordinaron la acción delictual los días 4 de octubre de 2006 y 12 de noviembre de 2006”. Su hipótesis inicial no había cambiado: Una venganza del ex diputado salvadoreño Silva Pereira, en respuesta a que el partido Arena, al que pertenecían las víctimas, había votado para que se le quitara la protección constitucional y la justicia salvadoreña lo investigara por lavado de dinero y corrupción. Pasarían tres horas antes de que Marroquín volviera a guardar silencio.
El fiscal tenía sobre la mesa dos folders amarillos llenos de papeles y marcados con viñetas con nombres. En ellos estaba el resumen completo del caso Parlacen: copias de los testimonios presentados durante las 28 audiencias previas del juicio y resúmenes de los cargos de cada uno de los supuestos participantes en el crimen. Pasaba las páginas saltando de un acusado a otro, leyendo los textos que estaban resaltados con marcador verde y amarillo, haciendo relatos largos y haciendo inflexiones en su voz para hacer énfasis en las principales pruebas que tenía el Ministerio Público.
Marroquín hizo hincapié en los relatos de cuatro testigos protegidos. Los primeros dos, los que involucraban a Silva Pereira y Castillo Medrano en la planificación del hecho. El primero, a petición de la representación fiscal, el guatemalteco Ramiro Antonio de León López, alguien que aseguraba ser ex empleado de Silva Pereira y que estuvo en reuniones en El Salvador en las que se planificó el asesinato de Eduardo d’Aubuisson. En las reuniones también estuvo, según la acusación, Carlos Amílcar Orellana Donis, alias Chejazo.
El segundo testigo es un salvadoreño que goza de régimen de protección en El Salvador a petición de la Fiscalía salvadoreña. Había sido ubicado por una unidad fiscal y puesto a disposición de la unidad especial de Crimen Organizado. Tras una entrevista y corroborar la información posible (direcciones, nombres de personas, etcétera), la Fiscalía decidió que podía ser una pieza importante en el caso, le otorgó protección y lo puso a disposición del MP de Guatemala. Su nombre clave: Fredys.
El pasado 22 de noviembre, Fredys testificó que estuvo en dos reuniones, una el 29 enero y otra el 1 febrero de 2007, frente al hotel El Centenario, en Jalpatagua, Guatemala. A ellas asistieron Orellana Donis, Silva Pereira y Carlos Alberto Gutiérrez Arévalo (Montaña 3); le propusieron darle seguimiento desde la frontera de Las Chinamas al vehículo en el que iría D’Aubuisson para brindar información a quienes lo matarían. Él se negó a hacerlo.
Frente al fiscal, en una celda de rejas cruzadas y vidrio, Orellana Donis y Castillo Medrano apenas se inmutaron cuando escucharon los relatos. Su posición no había cambiado desde el inicio de la etapa de audiencias, el 21 de octubre pasado: jamás viajaron a El Salvador, nunca ocurrieron esas reuniones y aportaron lo que a su juicio eran pruebas de descargo. “Los testigos mienten... han contado una historia fabricada por el MP”, dirían sus abogados.
La defensa de ambos siempre sostuvo que el cuádruple asesinato fue perpetrado desde una estructura paralela del sistema de seguridad pública guatemalteco. Una estructura organizada desde el Ministerio de Gobernación y que tocaba a todos los altos mandos de la Policía Nacional Civil de Guatemala. Así lo dijo el ex diputado Castillo Medrano cuando se sentó frente a la jueza a rendir declaración; así lo repetiría a gritos este martes, el único día que perdió la calma tras 39 días de proceso. Antes, se le vio sereno.
El lunes, Manuel Castillo Medrano mantuvo la compostura de un caballero inglés. Vestía de traje oscuro impecable, pelo cepillado hacia atrás, barba recortada y el nudo de su corbata siempre bien hecho al centro de su cuello. Apenas se movía dentro de esa jaula. Lo de él era no hacer ni una sola gesticulación. No lo hizo cuando escuchó las acusaciones que repetía el fiscal Marroquín; mucho menos lo hizo cuando sintió que se acercaron las lentes de los fotógrafos buscando su reacción. En ese momento se congeló y posó: las piernas cruzadas, los brazos sobre ellas y la mirada fija al frente, justo por en medio de las cabezas de la docena de abogados defensores, donde estaba la representación fiscal.
Según Castillo Medrano, él es un chivo expiatorio que sirve para encubrir a los verdaderos culpables: el ex ministro de Gobernación, Carlos Vielmann; el antiguo jefe de la policía, Edwin Sperisen, y el ex subdirector general de Investigación Criminal, Javier Figueroa. Todos ellos estaban involucrados por la investigadora de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la fiscal costarricense Gisele Rivera, quien abrió parte de sus archivos sobre el caso Parlacen a diferentes medios de comunicación y aseguró que encontró trabas de su superior para que no fueran hechos públicos.
La investigación de Rivera también determinó que el móvil de los asesinatos fue el robo de 5 millones de dólares que uno de los asesinados, William Pichinte, llevaba en su vehículo, así como 20 kilogramos de cocaína.
Fernando Linares Beltranena, la cabeza del grupo de abogados que defienden al ex diputado guatemalteco, antes de entrar a la audiencia del lunes hizo alusión a esas revelaciones: “¿Por qué cree que decretaron orden de captura para Gisele Rivera? ¿Por qué cree que le dieron calidad de testigo al ex director de Investigaciones Criminales (DIC), Víctor Hugo Soto Diéguez, otro de los mencionados en los informes de la CICIG?"
Las preguntas de Linares Beltranena eran válidas. Según él, la fiscal costarricense le dijo que estaba en la disponibilidad de viajar para testificar en el juicio. La orden de captura en su contra la frenó. En el caso del segundo, Soto Diéguez fue destituido junto a Javier Figueroa tras el asesinato en un centro penitenciario de los cuatro policías acusados de matar a los diputados salvadoreños y su conductor. “Para que (Gisele Rivera) no viniera a testificar la verdad... porque el otro (Soto Diéguez) es parte de todo esto”, dijo el defensor.
¿Por qué no se incluyó lo dicho por la ex investigadora de la CICIG en el caso? Para el MP, la declaración rendida por Roberto d’Abuisson, diputado salvadoreño y hermano de uno de las víctimas, aseguraba que se sentía satisfecho con la investigación que habían guiado Carlos Vielmann y Edwin Sperisen y los desvinculaba de los hechos. ¿Suficiente? Sí, toda vez que en la misma declaración se explicaba cómo René Figueroa, ex ministro de Gobernación de El Salvador, le había comunicado a la bancada de Arena que tomaran precauciones porque existía información que Silva Pereira buscaría venganza contra ellos. Según Marroquín, la declaración reforzó la hipótesis del Ministerio Público.
“La hipótesis del Ministerio Público es fabricada, no investigada”, gritaría Castillo Medrano, totalmente descompuesto, este martes, y volvería a gritar que lo que decían todos los testigos del MP era falso. “Lo que él dice es mentira. ¿Le quiere dar validez a lo que dice un mentiroso?”, dijo el ex diputado, antes de que le pusieran las esposas y fuera trasladado con el resto de imputados fuera del salón de audiencias, lejos de los periodistas.
¿También eran mentiras las bitácoras de llamadas entre Orellana Donis, Castillo Medrano y Gutiérrez Arévalo el día de los asesinatos, mismas que los ligaban con los otros imputados presentes? En eso, la defensa varió según cada acusado. Para los abogados del ex diputado, la investigación de las llamadas se hizo cuando todavía tenía inmunidad parlamentaria y no podía ser prueba contra su defendido. Para el resto, las llamadas correspondían a casos aislados debido a negocios, relaciones familiares o simple trabajo. Para el MP, solo demostraban que todos ellos pertenecían a una banda de crimen organizado nacional e internacional que se dedicaba a asesinar y robar vehículos.
Entre los acusados estaba también uno de los policías sobrevivientes, acusados de ser los autores materiales de los asesinatos. “No pertenezco a ningún grupo de crimen organizado”, dijo Marvin Roberto Contreras Natareno. El lunes estaba molesto. Este martes, lloró frente a los jueces y pidió en nombre de Dios y de la verdad ser absuelto por los crímenes que se le imputan: asesinato, conspiración y asociaciones ilícitas. De ser hallado culpable, el MP había solicitado una pena conjunta de 258 años. “No soy culpable”, dijo el ex agente de la policía, acusado de brindar seguridad el día de los crímenes en la entrada de la finca donde mataron y quemaron a los salvadoreños. “No tengo dinero, no tengo nada... si fuera un criminal de una banda como esa de la que habla el fiscal, lo tendría."
Este martes, cuando la jueza decretó un receso de 24 horas en el juicio, Contreras Natareno aprovechó los minutos de libertad, eso que ocupa para cubrirse el pecho y la espalda con un chaleco antibalas, y abrazó a su esposa. Ha sido la rutina durante los últimos 31 días. El lunes, a la hora de hacerlo, estaba molesto. “Me molesta mucho que mientan de mi vida, ¿a quién no?”, dijo. El lunes, después de que lo vincularon con el resto de imputados y lo acusaron de ser parte de una estructura que hasta robaba casas en El Salvador, Contreras Natareno no escondió su enojo. Se acercó donde su esposa, en la última fila de sillas para el público que estaban al lado derecho de la sala, a quien le escuchó decirle: “Todavía nada está perdido, todavía hay esperanza”. Él miró sobre su hombro y vio a los periodistas salvadoreños que estaban en la tercera línea. “No, si esto es para quedar bien con El Salvador... nada más eso, quedar bien y decir que hicieron algo”, gritó con voz pausada, como para que nadie se quedara sin entender el mensaje.
Contreras Natareno también dice que todo es un montaje. Que él, cuando se entregó a la PNC guatemalteca, fue preparado durante cuatro días para dar un testimonio falso. “Me dijeron que era por mi país”, dijo el ex policía este martes. En marzo de 2007 también le dijeron que le iban a dar el grado de testigo protegido, que todo iba a salir bien. No fue así. “Nuestra condena sería un regalo para los salvadoreños, aunque fuera una injusticia, aunque fuera mentira”, comentó, abrazó a su esposa y se fue del salón. “Una mentira”, repitió.
Para los defensores, el caso está plagado de mentiras, irregularidades, ilegalidades y muchas dudas. Lo decían uno a uno, ponían en entredicho la investigación desde el inicio y aseguraban que no se podía juzgar a sus clientes basándose en mentiras. De ilegalidades pusieron como muestra la forma en que se obtuvieron los tres vídeos presentados por el Ministerio Público. El primero, frente al centro comercial Próceres, muestra la detención ilegal de los diputados; el segundo, de un restaurante McDonalds, el paso de la caravana de vehículos hacia el lugar donde serían ejecutados; y el tercero, de la gasolinera Texaco La Cuchilla, donde supuestamente compraron la gasolina con la que los quemaron.
Según lo relatado en el juicio, los vídeos fueron secuestrados por Rony Mauricio Espinoza, agente del equipo de investigación de Víctor Rivera, alias Zacarías, un venezolano conocido en Guatemala bajo el indicativo de Frank, quien investigó el caso y fue asesinado posteriormente, cuando empezaron a aparecer indicios de involucramiento de altos mandos policiales. ¿Por qué no fue un agente policial el que recogió los vídeos? ¿Por qué sólo se presentaron tres vídeos cuando el MP tenía 14 a su disposición? ¿Por qué los vídeos muestran desfases de tiempo con el informe del GPS del carro en el que supuestamente iban los cuatro policías implicados? ¿Dónde está la orden judicial que sustentaba recoger los vídeos? ¿Qué cambiaría todo ello si, al final de cuentas, en los vídeos aparecen todos los implicados? “Sin autorización judicial, estos pierden valor probatorio... no pueden ser utilizados como prueba”, aseguróo un abogado defensor, dejando claro que, en todo caso, el involucramiento de los acusados parece evidente.
Para el MP, aunque en ellos no se viera que se cruzara una palabra entre los imputados, se veía cómo Luis Arturo Herrera López, José Korky Estuardo López Arriaga, José Adolfo Gutiérrez, Marvin Langen Escobar Méndez, todos asesinados tras su captura, y Carlos Humberto Orellana Aroche, procesado, se conducían en un Yaris al momento de detener a los diputados.
También se podía observar una camioneta BMW y un pick up blanco siguiendo el vehículo de los diputados; y cómo toda la gente que en ellos iba –el resto de procesados, Vacner Adílcar Morales Silva, Mario Javier Lemus Escobar, Obdulio Estuardo Valdermar Lemus, así como Contreras Natareno y Orellana Donis- estuvieron en la misma gasolinera donde se compró el combustible para quemar los cuerpos. Todo demostraba que eran un grupo que estaba coordinado para realizar el crimen, concluye Marroquín y solicita penas máximas para todos los implicados.
"Mucha mentira dice ese señor”, dijo una señora, entre el público. A su lado, la mamá de Linda Aura Castillo de Ayala, propietaria de la camioneta BMW utilizada supuestamente para llevar la gasolina y en la que ella no viajaba, también se queja. “Eso no es cierto”, dijo. Su padre, resignado, le respondió: “Ahí dejalos... el Señor sabe que no es cierto nada de eso”. La mujer cerró los ojos y volvió a sus plegarias, él, a sus cuentas mentales de cuánto tiempo faltaba para conocer si su hija, tras cuatro años de cárcel, saldría libre o no. “Todo es mentira”, se repitió en voz baja.
"El Ministerio Público en ningún momento ha fabricado ningún tipo de prueba. Yo no tengo capacidad para poder manejar 140 testigos y 26 peritos, ni ningún otro elemento de prueba científica. Todo lo que se ha desarrollado durante todo el debate es con ocasión de declaraciones testimoniales y periciales”, subrayó Marroquín, aprovechando los últimos minutos disponibles para plantear la posición acusadora. Aseguró que todo lo que dijo durante los 31 días de proceso y en las tres horas exactas de su conclusión final era verdad. Todo es cuestión de horas para que el tribunal decida si Marroquín les convenció o no.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentarios que incluyan ofensas o amenazas no se publicaran.