Contra Punto-Justicia social e impuestos - Noticias de El Salvador - ContraPunto

 Luis Armando González.08 de Diciembre. Tomado de Contra Punto.

SAN SALVADOR-En las últimas semanas se han escuchado las voces de figuras prominentes del sector empresarial –o de asesores suyos de primer nivel— que manifiestan una desacostumbrada preocupación por la justicia social. Es decir, que no sólo reconocen los graves problemas de educación, salud, vivienda y empleo de los sectores mayoritarios de la población, sino que exigen al actual gobierno el diseño y ejecución de políticas públicas que resuelvan esos y otros problemas sociales.
Cualquiera, con un poco de memoria histórica, puede echar en cara a esas voces del sector empresarial la poca (o nula) preocupación que mostraron en un pasado no tan lejano en torno a los problemas sociales del país, especialmente a los que tienen que ver con injusticias y desigualdades.
Esa preocupación la dejaron en manos de la izquierda social y política, así como de grupos religiosos progresistas. Más aun, en un pasado tampoco muy lejano esos sectores empresariales no dudaron en aliarse con quienes persiguieron desde el Estado a personas e instituciones que se comprometieron por erradicar las desigualdades e injusticias prevalecientes.
Sin embargo, actualmente desde el sector empresarial se escuchan un clamor a favor de la justicia social. Y eso es loable. Ya era tiempo que desde los grupos de poder más influyentes del país se escucharan denuncias sobre los males sociales que aquejan a amplios sectores de la sociedad salvadoreña. Nunca es tarde para enmendar. Nunca es tarde para preocuparse por los más desfavorecidos, pese a que en el pasado eso haya importado poco.
El asunto que queda en pie es cómo se atienden las injusticias prevalecientes. Sin duda alguna, se requiere de políticas públicas adecuadas para atender esos ingentes problemas sociales; aquí, el Estado debe asumir toda la responsabilidad que le corresponde en la elaboración de los mejores diagnósticos y planes de atención a las necesidades sociales más urgentes y prioritarias.
Pero no sólo es cuestión de elaborar diagnósticos y elaborar planes, sino de implementar de la manera más eficaz las políticas diseñadas en el marco de esos planes. Y esto plantea un tema ineludible: el tema de los recursos financieros que permitan la ejecución de las políticas sociales aludidas. Recursos financieros en manos del Estado, se entiende.
Ahora bien, ¿cómo obtener esos recursos? ¿Quién o quienes los deben aportar? Ante estas preguntas, seguramente algunos voceros del sector empresarial comenzarán a mirar a los lados, como buscando a esos y esas –que no están en sus filas— que deben sufragar los compromisos sociales del Estado.
Es más, es probable que una vez lanzada la mirada a diestra y siniestra se les ocurra hacer propuestas ya sea en la línea a conseguir préstamos externos o donativos, de ahorrar en el gasto público –por ejemplo en salarios e inversiones públicas—, ampliar la base tributaria, impulsar nuevos impuestos o aumentar el IVA. Y seguramente para estas propuestas tendrán el respaldo “técnico” a la mano, que avale la seriedad “académica” de las mismas: datos a la medida de lo que se propone.
Cualquier insinuación que vaya en el sentido de establecer un esquema tributario progresivo será vista con el ceño fruncido y la respuesta inmediata que se tendrá es que semejante cosa es un desatino que va en contra del “sector productivo” –por lo cual se entiende al sector empresarial más poderoso—, que se vería desmotivado para invertir y sumar sus energías al impulso del desarrollo.
Esto es, hay que defender la justicia social, con todo lo que ella supone, siempre y cuando sean otros los que carguen con los costos de la misma. Así cualquiera se compromete con las mejores causas. Pero en materia de compromiso con la justicia social de lo que se trata es de determinar qué es lo que a cada sector de la sociedad le corresponde aportar para que la misma sea una realidad. Y es obvio que a quienes tienen más riqueza –capital, bienes, etc.— les corresponde, por razones de justicia, aportar más al bienestar de la sociedad. Hay mucha incoherencia en eso de clamar por la justicia y no estar dispuestos a ceder parte de lo mucho que se tiene. Eso es precisamente una grave injusticia.
Así que no se tiene que ser rencorosos con un sector empresarial que tradicionalmente se ha hecho de la vista gorda con las exclusiones y desigualdades vigentes en El Salvador.  Bienvenidos sean sus clamores por una sociedad más inclusiva y solidaria. Pero que no se les olvide que una sociedad más equitativa requiere de una mejor distribución de la riqueza, pues la fuente de las mayores injusticias en la sociedad –ahora al igual que antes— sigue siendo la riqueza de pocos a costa de la pobreza de muchos

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