Contra Punto-Derechos Humanos una deuda pendiente - Noticias de El Salvador - ContraPunto

 El gobierno está en la disposición de garantizar los derechos humanos, aunque reconoce que no es fácil  

Por Magdalena Flores.13 de Diciembre. Tomado de Contra Punto.

SAN SALVADOR – A pesar de los esfuerzos y cambios que ha impulsado el primer gobierno de corte izquierdista en El Salvador, algunos expertos en derechos humanos sostienen que las violaciones continúan y que todavía “falta mucho por hacer”.

Los expertos fueron consultados en el marco del sexagésimo segundo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Siguen violentando los mismos derechos, tal vez en estos últimos años se ha incrementado más la violación de derechos individuales debido a toda la criminalidad, la falta de acceso de a justicia”, dijo a ContraPunto la ex procuradora de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Beatrice de Carrillo.
En El Salvador a diario un promedio de entre 10 y 11 personas son asesinadas; la mayoría de esos crímenes quedan en la impunidad por la falta de una justicia adecuada.
Por su parte, el actual procurador de la PDDH, Óscar Luna, señaló que “la sistemática de violaciones a los derechos humanos se ha mantenido. Siempre sigue existiendo la Policía Nacional Civil, por la naturaleza de su trabajo, como la institución más denunciada en materia de violaciones a derechos humanos, también está la Fiscalía por el derecho de acceso a justicia”.
Y los derechos de los niños y las niñas
“En términos generales el Estado salvadoreño sigue en deuda con muchísimos derechos de la niñez salvadoreña. Aún tenemos un país donde los niveles de pobreza impactan mayormente en niños y niñas, donde todavía hay problemas relacionados al acceso a la educación, poco acceso a los servicios de salud –entre otros-”, expresó la procuradora adjunta de Niñez y Adolescencia de la PDDH, Leonor Arteaga.
Según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC, 2009) 173,000 niñas y niños trabajan en El Salvador.
Además estadísticas del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), reflejan que 3,500 niñas y niños están internos en varias instituciones a nivel nacional debido a que en sus hogares les han violado sus derechos.
Arteaga reconoció que la entrada en vigencia de forma total de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) jugará un papel muy importante en la protección de los derechos de los menores de 18 años, porque aunque “no transforma la realidad nacional, en la medida que nosotros la conozcamos demandaremos su cumplimiento”, indicó.
Actualmente existe incertidumbre sobre la entrada en vigencia de la LEPINA, ya que a pocos días que inicie el próximo año y entre en vigencia dicha ley el Órgano Ejecutivo, liderado por el presidente Mauricio Funes, ha presentado un pliego de reformas a dicha ley a la Asamblea Legislativa.
“Definitivamente la LEPINA tiene muchos temas que ameritan revisión, hay unas observaciones que la procuraduría y el Comité de los Derechos del Niño han hecho y que nunca fueron atendidas, en eso sentido creemos que serían válidas algunas de las reformas; sin embargo lo que sí resultaría inamisible es que este proceso de reformas dilate aún más la puesta en vigencia completa de la ley”, sentenció Arteaga.
“Veo irresponsable que esto –las reformas- no se haga en el momento oportuno y se siga jugando todavía con la legislación, tanto que se invirtió para discutir la ley; se aprueba, se le da prórroga, y hoy estamos ya casi para entrar en vigencia y se le están todavía analizando reformas, me parece que no es muy responsable”, agregó Luna.
Derecho a la alimentación
Luna señaló en el marco de la presentación del  “Segundo Informe sobre el Estado del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada en El Salvador” que es bastante alto el porcentaje de la población que no tiene acceso a una adecuada alimentación.
“El área rural es la que más sufre, los niños, los adultos mayores, pero en fin esto va acompañado de un conjunto de derechos que deben de ir garantizados, por ejemplo el acceso al trabajo, un empleo digno, porque si una gente no tiene fuente de recursos difícilmente va poder llevar a su familia ese sustento para tener esa alimentación que se necesita”, sentenció Luna.
Según el informe de la PDDH  para que haya acceso a una alimentación adecuada en el país debe de haber una política salarial integral para que los salarios mínimos logren cubrir al menos la canasta básica alimentaria.
Por su parte, Hugo Martínez, canciller de El Salvador,  el problema de la alimentación “no es un problema de producción sino de distribución”.
Sin embargo, Víctor Rodríguez Rescia, experto en derechos humanos señaló que el problema de la alimentación se debe principalmente a un problema cultural - educativo.
Rescia puso un ejemplo ficticio y dijo que el gobierno podría subir el sueldo en general a $2,000, pero eso no resolvería el problema de la alimentación debido a que por “nuestros problemas culturales y educativos” lo primero que se haría sería gastarlo en suntuosidades y al final siempre no se alcanzaría a comprar alimentos sanos y de calidad.
De acuerdo a Vilma Mejía, una de las investigadoras del informe de la PDDH, el acceso a una alimentación adecuada muchas veces está limitada por los bajos ingresos y el nivel de pobreza en que se encuentren las persona.
El 29.8% de los hogares urbanos viven en condición de pobreza según sus ingresos; el 57.2% presenta por lo menos una necesidad básica insatisfecha, dice el informe.

Del dicho al hecho
“Definitivamente hay mucha voluntad, un cambio profundo en las intenciones; pero la realidad es otra, la situación en el país es gravísima económicamente, hay muchísimos problemas sociales, estructurales, el país está muy endeudado, entonces de la buena voluntad a la posibilidad reales de transformar esto en un cambio evidente para toda la ciudadanía lo veo un poco difícil”, dijo Carrillo.
“Naturalmente necesitan tiempo y vamos a ver sí realmente sabrán cumplir en parte las promesas que hicieron en campaña”, agregó Carrillo.
Este gobierno liderado por Funes, quien llegó al poder por el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), se convirtió en la primera gestión en la historia en pedir perdón a todas las víctimas del conflicto armado (1980-1992), también fue el primero en pedir perdón por el asesinato del ex arzobispo de San Salvador, Óscar Romero.
Incluso en febrero de este año reconoció este gobierno ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU su incumplimiento en derechos humanos y obligaciones internacionales en dicho rubro. Por tales iniciativas se ha ganado la simpatía de muchos, sin embargo es necesario pasar de dicho al hecho, dicen los expertos.
De acuerdo al canciller Martínez el gobierno está en su mejor disposición de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, aunque reconoció que no es fácil.
“No es fácil superar una deuda histórica tan larga de la noche a la mañana, no es sencillo superar una serie de dificultades que históricamente venía padeciendo los familiares de las víctimas de  violaciones a los derechos humanos”, apuntó el funcionario.
“Pero hay un compromiso que estamos tratando de asumir, por ejemplo con la creación de la comisión nacional de búsqueda de niñas y niños desaparecidos durante el conflicto armado, y también con la creación de la comisión nacional de reparaciones que está iniciando sus  actividades que esperamos que pronto dará sus resultados”, concluyó el jefe de la diplomacia salvadoreña.
Hay que recordar que las gestiones pasadas a manos del partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) siempre se negaron a cumplir las recomendaciones emitidas por organismos internacionales que velan por el cumplimiento de los derechos humanos.

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