Paolo Lüers. 01 de Septiembre. Tomado de El Diario de Hoy.
I. ¿Porqué, en vez de regular, no liberar los precios de los medicamentos? Las medicinas son demasiado caras en El Salvador.
Muchos de los precios son escandalosamente más elevados que en otros países. Hay quienes echan la culpa al mercado y llaman al Estado para poner orden. En esta línea de pensamiento, el gobierno FMLN-Funes quiere que el gobierno fije los precios de los medicamentos...
Pero hay otra solución mucho más radical: liberalizar el mercado de los medicamentos; liberar los precios; abolir los monopolios y los privilegios de unas cuantas empresas del sector que, con ayuda del Estado, han distorsionado el mercado.
Para una medicina que tengo que tomar diariamente hasta el último de mis días, aquí me cobran $3 por unidad. En Estados Unidos hay empresas que venden el mismo medicamento online por menos de $1 por unidad. Si yo como paciente tuviera derecho de importarlos directamente, mediante una compañía de encomiendas, o si en vez de un monopolista hubiera una docena de empresas que pueden importar y comercializar este medicamento de marca, tuviéramos precios mucho más bajos. La empresa que hoy cobra $3 por unidad de este medicamento, lógicamente tuviera que bajar su precios para poder competir. Mi medicamento costaría entre 1.50 o 2 dólares...
¿Por qué no se puede hacer esto? El Estado pudiera permitir, sin ningún trámite de inspección ni permiso sanitario, la importación libre de cualquier medicamento aprobado por las autoridades de Salud de la Comunidad Europea, de Estados Unidos y de otros países confiables. ¿Para qué crear permisos locales para medicamentos importados, si ya tienen aprobación por parte de autoridades y laboratorios mucho más competentes y rigurosos que nosotros podemos tener?
Abriendo competencia libre, los precios tendrían la tendencia de acercarse a los precios internacionales que, en el caso de medicamentos, son mucho más bajos. Problema resuelto, con una sola intervención del Estado: remover monopolios y privilegios, para que el mercado funcione libremente.
II.
Por muy escandalosos que son los precios de las medicinas en nuestras farmacias, el verdadero escándalo es la escasez de medicinas en el Sistema Nacional de Salud y el Seguro Social. Y esto no depende (o no tendría porqué depender) por nada del distorsionado mercado que actualmente tenemos de medicamentos. No hay ninguna razón porqué el Estado no puede comprar medicinas, a precios de mayoreo, en el mercado internacional, tanto de marcas como genéricas. Puede incluso, para aumentar el volumen y bajar los costos, unirse con los gobiernos centroamericanos para comprar medicinas.
Si el Estado cumpliera con su obligación de proveer medicinas a los usuarios del Sistema Nacional de Salud y del Seguro Social, no sería incluso tan grave el hecho que en el mercado privado las medicinas sean tan exageradamente caras que son. La población con pocos recursos y todos los cotizantes al Seguro Social no estarían obligados a comprar medicinas privadamente. Problema resuelto para la mayoría de la población, sobre todo para los que no tienen cómo pagar por medicinas.
Con el permiso de mi adorada amiga ‘Chabelita’, la ministra de Salud: Da la impresión que el pleito sobre los precios de medicina en el mercado privado, y la gran presión de aprobar una Ley de Medicinas que es una ley de regulación e intervención, han sido llevados a este alto nivel de volumen y de ideologización, para distraernos del verdadera problema: el desabastecimiento de medicinas por parte del Estado y del Seguro Social.
La solución de esta situación crítica y urgentísima, no depende de la aprobación de la Ley de Medicamentos. El Estado no depende de los precios escandalosos que pagamos en las farmacias. Depende de las prioridades que defina el gobierno.
Esto no significa que no necesitemos una Ley de Medicamentos. Por lo contrario, urge. Pero sería preferible una ley que consiga precios accesibles mediante la apertura y liberalización del mercado, no mediante intervenciones del Estado, mucho menos del Ejecutivo, como lo plantea la iniciativa de ley que el gobierno presentó.
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