Escrito por Carlos H. Rivas.30 Septiembre. Tomado de La Prensa Gráfica.
La Iglesia católica romana ha sido un poder que, desde los entretelones de los diferentes gobiernos o desde “la “oposición”, ha influido en las estrategias políticas y sociales del Estado salvadoreño, fundiéndose en ciertos períodos históricos con el Estado mismo y dictando lineamientos para su gestión. Ha sido así, tanto para bendecir dictaduras como para condenarlas; dejando el regusto de que sus “condenas” y “bendiciones” nada tienen que ver con la voluntad de Dios sino con sus intereses institucionales.
Como consecuencia de la conquista y durante la colonia, la alianza entre la monarquía española y la Iglesia católica romana prescribió las creencias de las poblaciones indígenas originales y a sangre y fuego, impuso y oficializó la católica como religión de los territorios colonizados y, consecuentemente, de las naciones emergentes.
Durante el proceso independentista, el clero salvadoreño jugó un importante e innegable papel; en gran medida porque al erigirse en un factor de poder fundamental de la sociedad las instituciones católicas participaban de las “delicias del poder” y se consideraban parte indispensable del desarrollo político del país.
Así, en los albores de la república, el marco institucional de esta retomó la herencia política y cultural colonial, caracterizada por la estrecha vinculación de la iglesia local con las instituciones y representantes de los nuevos gobiernos, incidiendo directamente en la formación del nuevo poder político en cuyo marco es privilegiada.
Era lógico, como sostienen historiadores y sociólogos, que al producirse la independencia y el Estado salvadoreño empezara a tomar forma y consolidarse, la Iglesia católica romana, aun perdiendo parte de su influencia, continuara siendo parte de la gestión administrativa y las políticas de los sucesivos gobiernos.
Ya en un período de nuestra historia que podríamos llamar “moderno”, la Iglesia católica romana ha sido instrumento para legitimar gobiernos y poderes políticos, sin importar si los mismos son constitucionales o no, ni cómo obtuvieron el poder. Un ejemplo meridiano de esa actitud: en 1894, el general Gutiérrez luego del golpe de Estado contra Carlos Ezeta acudió a catedral para agradecer su éxito y el 17 de junio de ese mismo año, general y obispo asistieron a una solemne función de acción de gracias; pese a que años antes (23 de septiembre, 1890) el mismo obispo Pérez Aguilar había pedido a los salvadoreños “olvidar toda injuria y prejuicio contra el nuevo gobierno” del general Carlos Ezeta, quien llegó al poder por medio también de un golpe de Estado al presidente Menéndez.
Aun así, quienes defienden la excluyente situación en perjuicio de las iglesias no católicas, independientemente de lo contemplado por nuestra Constitución, han argumentado que la mayoría de los ciudadanos salvadoreños profesan la religión católica y por la tanto, es legítimo que el Estado privilegie su relación con aquella; incluso, sostienen que si la Iglesia católica romana jugó un papel importante en la conquista y la independencia es correcto que mantenga sus privilegios.
Esos argumentos –si se puede llamar así a tales apreciaciones subjetivas– son en el caso de la “razón” por la fuerza de la conquista, la expresión de un pensamiento fundamentalista, y, en el otro, obvian las nuevas condiciones de la realidad producto del crecimiento y desarrollo que las iglesias evangélicas han presentado en las últimas décadas.
Atendiendo a la nueva realidad, y como respuesta equitativa e incluyente de las diversas denominaciones, nuestro país, debería optar por unas relaciones Iglesia-Estado que enfatice y respete el laicismo y la separación real entre tales entidades, tal como lo contemplan las Constituciones de México, Nicaragua, Uruguay y Cuba; construyendo un Estado religiosamente neutral, que admita todas las religiones sin que ninguna de ellas ocupe un lugar privilegiado.
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