Dagoberto Gutiérrez.28 de Septiembre. Tomado de Diario Co Latino.
Desde la oscura independencia de 1821, lo que sería el Estado de El Salvador se construyó
sobre bases definidamente oligárquicas, es decir, anti populares y anti democráticas. Se trató desde un principio, como todo Estado, de un aparato controlado, eso sí, por una minoría criolla, propietaria de la tierra, de las riquezas y del pensamiento. Esta se apropiaría de la tierra de los pueblos indígenas, montarían el registro de la propiedad raíz para legalizar el despojo y establecerían sucesivas dictaduras.
En esta danza mortal, estas oligarquías se encargaron de matar a Centroamérica y matan al primer Estado federal para abrir paso al segundo Estado nacional con su correspondiente Constitución de 1841. Se pasaría después al Estado liberal, con la Constitución de 1886. Luego a un Estado intervencionista con la Constitución de 1950, sobre la cual se montó, sin modificar la Constitución, el actual Estado neoliberal.
En todos estos Estados, el régimen se basó en el desconocimiento de la legalidad acordada, en el irrespeto de la Constitución, en un gobierno de minorías y para minorías, en la apariencia de una democracia representativa sin representados ni representantes, y en una economía aparentemente separada de la política.
En el presente siglo XXI, todos estos principios de funcionamiento del régimen han sido debilitados y ya no son bases seguras para el viejo dominio oligárquico. La confrontación ha sido larga y empieza con 1830, pasa por 1932 y llega hasta la guerra de 20 años a fines del siglo pasado. Esta última guerra, siendo el acontecimiento político más importante de nuestra historia, estableció reglas del juego que, sin proponérselo, han llegado a amenazar el juego que se juega con estas reglas y, por supuesto, que este proceso se desarrolle en el filo de un momento de crisis planetaria del capitalismo neoliberal, cuando el socialismo se anuncia como la única alternativa ante un capitalismo que amenaza al planeta tierra y a la vida humana.
La confrontación entre la ley establecida y la ilegalidad funcionante fue siempre palpable en el juego de la falsa independencia de poderes y en el sometimiento total al Poder Ejecutivo. A eso se le ha llamado siempre independencia de poderes. Pues bien, ocurre que cuando esa independencia funciona como tal y tal como lo establece la Constitución, es decir de una forma mínima, el régimen resulta golpeado y sus vísceras ilegales aparecen expuestas en la vía pública.
Esto es lo que ocurre con las sentencias de la Sala de lo Constitucional, en relación a las candidaturas independientes, a las partidas secretas y al artículo 191 del Código Penal. La Sala correspondiente ha resuelto lo que era de su conocimiento sin consultar con los poderes, lo que debe y debería ser y hacer jurídicamente, pero esto resulta que es lo que políticamente no debe ni debería hacer ninguna Sala de lo Constitucional. Y cuando ocurre lo que manda la Constitución aparece ante la ciudadanía el verdadero problema consistente en la verdad solitaria de que el régimen, para que funcione, debe hacerlo ignorando la Constitución, y para que la Constitución sea honorable no debe entrometerse con el régimen.
Sobre la representatividad tenemos claro que los partidos políticos no representan a nadie, más que a sus cúpulas, y que nadie se siente representado por ellos, excepto sus diputados u otros funcionarios, pero que el pueblo llano no tiene nadie que lo represente, y así, cuando las cúpulas pierden el control sobre las candidaturas a diputados y cualquier ciudadano puede aspirar a un cargo público, estos partidos se enfrentan al pueblo sin máscaras de representantes y se pueden ver en su verdadera naturaleza de comerciantes de la política.
El Estado de derecho implantado desde Europa en las sucesivas Constituciones aparece hoy como lo que siempre fue: un argumento legal para ocultar la ilegalidad y resulta ser el Estado de Mercado la verdadera forma estatal existente y correspondiente al capitalismo neoliberal. Este Estado es el que hoy aparece ante los ojos y el entendimiento de todas las personas como un mercado total en donde se compra y se vende la ley, los derechos, los poderes, los funcionarios, las políticas, las voluntades y la vida toda. Y todo aquello que huela apenas a legalidad resulta ser un golpe al régimen y a los derechos de las minorías; por esto, la última resolución de la Sala de lo Constitucional sobre el Art. 191 pn, es calificada de golpe a la libertad de expresión.
El Estado neoliberal tiene sus vísceras tiradas en la calle, como un perro muerto por un encontronazo con un coche veloz. Entonces se trata de sustituir ese Estado agonizante, repudiado y descubierto por el pueblo con las manos en la masa por un nuevo Estado que refunde un nuevo poder, nuevos sectores dirigentes, nuevo aparato y nuevos intereses predominantes, nueva economía, nueva política, nuevo papel del pueblo en la política y la economía, y en definitiva, una nueva sociedad, en donde no sea ninguna minoría la que decida ni el rumbo, ni el sentido , ni la vida de los seres humanos ni de la naturaleza.
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