Difamaciones, insultos, calumnias, distorsión de hechos y las peores diatribas se llevan a cabo en hojas y publicaciones anónimas o en la Internet, no en los medios que dan la cara.
30 de Septiembre. Tomado de El Diario de Hoy.
Los magistrados de la Sala de lo Constitucional se enorgullecen a lo largo del fallo que faculta meter en la cárcel a periodistas, editores y dueños de medios, de su interés por defender la verdad, de lo esencial que es respetarla. En una de sus partes se dice:
"Según lo interpreta esta Sala, lo único que se prohíbe es el ejercicio de la libertad de información con conocimiento de la falsedad del hecho o con un temerario desprecio a la verdad, entendiendo por veracidad la verificación y contrastación de las fuentes de información; fuentes que gozan de protección en una sociedad democrática".
Son muchos los casos, empero, que ponen en duda la veracidad de lo que se dice, pero no de la importancia de comunicarlo, como cuando se aseveró que los productores de fármacos "ganan tanto como el narcotráfico". Lo afirmado nunca se pudo probar, pero decirlo era insultar a un gremio, con el agravante de que se repitió durante varios días. Muchos periodistas se dieron cuenta de la falsedad de lo que se decía, pero era importante que el público lo supiera.
Por las señas, los fabricantes y distribuidores de medicinas, al igual que los periodistas, son menos iguales que otros respecto al derecho "al honor", comenzando porque no están en el negocio de entablar demandas.
Los informadores y los medios son muy celosos en cuidar de su credibilidad, haciendo siempre lo posible por verificar lo que divulgan, dentro de las naturales limitaciones de tiempo y recursos. Cuando se equivocan, siempre son los primeros en rectificar.
La grotesca desproporción entre falta y castigo
El fallo hace énfasis sobre la protección al honor, al buen nombre y al respeto, el derecho a la intimidad, anteponiendo un derecho que sólo en raras ocasiones se invoca, a un derecho fundamental para la democracia. Lo grave es que el fallo niega ese derecho a los periodistas, editores y dueños de medios, que pueden ser perseguidos con aludes de demandas, ser sentados en los banquillos donde ubican a los criminales, ser esposados, perder su trabajo, forzarse al destierro como en la época martinista, arruinar empresas y destruir los empleos que generan, porque lo que siempre es una apreciación subjetiva del supuesto agraviado.
Encima de ello, las más viles difamaciones, insultos, calumnias, distorsión de hechos y las peores diatribas se llevan a cabo en hojas y publicaciones anónimas o en la Internet, no en los medios que dan la cara y sostienen complejas y costosas operaciones de recopilación de datos y su divulgación. En ningún considerando del fallo se señala lo que es el verdadero problema, más cuando es del conocimiento de muchos que hay oficinas montadas para insultar y desinformar a través de la Internet.
Lo censurable del fallo es que pone en manos del supuesto agraviado no sólo determinar por sí y ante sí que su honor fue atropellado, sino además fijar el monto de la indemnización con que se exime de cargos al que acusa. Se puede dar el caso de que alguien se ponga de acuerdo con un periodista para difundir un escrito con lo que luego se inicie una millonaria extorsión.
Encarcelar a periodistas y arruinar medios por "ataques al honor" da cuerpo a una grotesca y enorme desproporción entre la falta y el castigo, más en un país donde descuartizadores y plagiarios salen libres "por falta de pruebas".
elsalvador.com :.: No se deben condicionar los contenidos de medios
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