Carlos Ponce.29 de Septiembre. Tomado de El Diario de Hoy.
La mayoría de salvadoreños se llenan de indignación al recordar lo indefensos, angustiados y vulnerables que se sintieron durante el paro comercial propiciado por las principales pandillas que operan en el país, a principios de este mes. Estos sentimientos experimentados son consecuencia directa de la incapacidad con la que la ciudadanía percibe que opera el aparato gubernamental de seguridad pública, evidente en los resultados arrojados por diversas encuestas de opinión, asimismo por el poder, alto nivel de sofisticación delictiva y elevado potencial para ejercer violencia, que la población advierte han logrado alcanzar dichas estructuras criminales en nuestro país.
Según muchos expertos, la dirección, organización y funcionamiento del conjunto de instituciones encargadas de velar por la seguridad pública es inadecuado y pobre. Esto se evidenció vehementemente antes y durante el paro al comercio. Un periódico digital hace unos días publicó un artículo en donde analiza los discrepantes discursos que manejaron los diferentes funcionarios del aparato de seguridad en relación al paro. En mi escrito, publicado en este mismo espacio la semana pasada, también señalé este mal manejo del tema por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y las instituciones adscritas a éste, y argumenté que manejar diferentes versiones despierta desconfianza entre la población.
El artículo publicado por el rotativo electrónico antes mencionado, sugiere que las diferencias en el discurso sobre el tema además denota la falta de coordinación que existe entre las instituciones de seguridad. A pesar de estos desaciertos, la crisis propiciada por los pandilleros llevó al sistema de seguridad a cambiar diametralmente su posición y anunciar medidas más fuertes en torno a las pandillas, regresando al enfoque que se había manejado durante administraciones anteriores, algo que muchos opinan es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, la semana pasada trascendieron dos noticias que empañaron cualquier avance que se hubiera dado en relación a la percepción de la población sobre el compromiso gubernamental con el combate frontal a la delincuencia.
El primero es la admisión por parte del sistema penitenciario que "negocia con las pandillas". La Dirección General de Centros Penales sostiene que planifica hacer movimientos que conllevarán a la convivencia de las pandillas más numerosas en todos los recintos y que hablará con sus integrantes sobre el tema para llegar a un consenso. Una cosa sería que las autoridades se reunieran con las pandillas, como reporta el Chicago Tribune hizo recientemente Jody Weis, Jefe de la Policía de Chicago, para advertirles que cualquier acto criminal cometido por un pandillero, conllevaría una desproporcional atención investigativa contra la agrupación a la que pertenezca, y otra es, que se busque convencerlos que convivan pacíficamente, algo ingenuo y utópico.
El segundo incidente es la captura, presuntamente infundada, del ex Fiscal General, Garrid Safie, por elementos de la PNC, actuando bajo instrucciones de un alto jefe policial y basándose en un error de digitación que cometió el Ministerio de Defensa en la matrícula de un arma de Safie, haciendo caso omiso a una aclaración oficial castrense. Este acontecimiento es especialmente sospechoso, considerando los duros golpes asestados recientemente al narcotráfico transnacional en México y Colombia, la fuerte vinculación que éstos han revelado existe entre las FARC y los narcotraficantes, y la investigación que Safie inició sobre las coordinaciones entre el FMLN y las FARC, derivadas de información extraída del ordenador secuestrado durante el operativo militar en donde murió Raúl Reyes, cabecilla guerrillero colombiano.
Estas dos situaciones y sus implicaciones en la opinión pública en relación al sistema de seguridad, confirman la conclusión que presenté en mi artículo de la semana pasada: "es difícil que [las autoridades de seguridad] logren cambiar la percepción ciudadana que han cultivado durante más de un año de gestión".
elsalvador.com :.: La percepción ciudadana sobre la seguridad pública
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