Enrique S. Castro.02 de Septiembre. Tomado de Diario Co Latino.
En los próximos días iniciará la Fiscalía General de la República “el secuestro” o apropiación de los documentos originales (facturas, permisos, convenios, licitaciones, pago de cheques, etc.,) que demuestran los actos de corrupción supuestamente cometidos en el Ministerio de Obras Públicas por ex funcionarios de Arena en los gobiernos de Francisco Flores y Antonio Saca.
Como se recordará funcionarios del actual Ministerio de Obras Públicas, presentaron a la Fiscalía General de la República un voluminoso estudio donde se demuestra una serie de “irregularidades en el diseño, en el proceso de licitación y contratación y en la ejecución del contrato” cometido en el proyecto de construcción de un tramo de nueve kilómetros de la carretera Diego de Holguín, que comunica San Salvador con Santa Tecla.
Las irregularidades encontradas inician con el cambio del diseño conceptual y la ausencia del permiso ambiental, de acuerdo con el Ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez. Recuerda que en mayo 2001 el asocio Canadá-El Salvador Delta-Salazar realizó el estudio de factibilidad del anillo periférico, que incluyó la Diego de Holguín, para elaborar el diseño conceptual del proyecto, con el cual se tramitan los permisos respectivos.
El diseño propuso dos derivadores (orejas) los cuales servirían para incorporarse desde el boulevard Diego de Holguín a la avenida Jerusalén, sin tocar la finca El Espino. Sin embargo, en las bases de licitación se agregaron dos derivadores y se modificó el trazo de la carretera hacia el norte, incorporándolo en terrenos protegidos, propiedad de la alcaldía de San Salvador.
Martínez explicó que el cambio de diseño afectaría una zona protegida por el decreto 432. Una de las “orejas” pasa por el parque de Los Pericos, “zona que nunca debió ser afectada”, debido a que por ley es una franja de terreno forestal, “por lo cual no es posible obtener permiso de construcción”. El Ministerio de Obras Públicas de esa fecha obtuvo una autorización del MARN sin el procedimiento establecido. En los documentos respectivos consta que el director ejecutivo Roberto Bará autorizó el cambio de diseño sin tener potestad para hacerlo. Fallo luego observado por la Corte de Cuentas, por el mismo MARN y, además, demandado por la alcaldía de San Salvador.
En el gobierno de Antonio Saca, en julio de 2005, se inicia el proceso de licitación “Llave en mano” del tramo de 3.97 kilómetros de la calle Diego de Holguín. Es conocido así por el Art. 105 de la Ley LACAP y aplica cuando la obra es compleja, resulta ventajoso en costos para la entidad contratante hacerlo con un solo contratista.
Además, la institución contratante deberá incorporar las cláusulas que permitan vigilar y supervisar el desarrollo y cumplimiento del contrato. Asimismo prohíbe órdenes de cambio y precios y no se permiten cambios de plazo, salvo por fuerza mayor.
El titular de Obras Públicas explicó que el 31 de enero de 2005 se constituyó la empresa COPRECA sucursal El Salvador con un capital inicial de 11 mil 800 dólares. Este asocio Guatemala-El Salvador tendría la responsabilidad de construcción del tramo de 3.97 kilómetros de la calle Diego de Holguín.
Esta empresa participa en la licitación iniciada en julio de 2005 sin cumplir con los requerimientos estipulado en las bases respecto a indicar el porcentaje de participación en el proyecto. Además de no presentar los estados financieros requeridos, como el balance general, el estado de resultados, el flujo de efectivo y el estado de cambio en el patrimonio. En términos generales nunca cumplió con las normas de auditoría requeridas en la licitación.
Las investigaciones y los estudios realizados por las actuales autoridades del MOP demuestran que la empresa COPRECA-Linares obtuvo un monto de $25.652,957.16 superior al adjudicado en el presupuesto inicial que fue de $23.489,226.53. Es decir, más de dos millones de dólares. Los titulares de Obras Públicas en lugar de “declarar desierta la licitación”, incurrieron en un grave delito al aceptar un cambio en la cantidad presupuestada.
Las irregularidades o actos de corrupción continuaron con la entrega del anticipo, la modificación del contrato en contra del interés público para incorporar el Arbitraje, la ausencia de sanciones por atrasos relevantes en la ejecución, el inadecuado manejo ambiental (invasión a terrenos municipales compartidos por las alcaldías de San Salvador y Antiguo Cuscatlán) y anomalías en el proceso y pago de laudo arbitral.
El ministro Gerson Martínez explicó que en las bases de licitación se establecía que si la parte contratante “estima procedente, se podrá conceder un anticipo al inicio de las labores, por un máximo de hasta el 20% del monto contratado”. Sin embargo, sin justificación alguna y contrariando las mismas bases de licitación, se entregó a la empresa COPRECA-Linares un anticipo del 30%, lo que significó una erogación adicional de dos millones 565 mil dólares.
El contrato de construcción del tramo de 3.97 kilómetros se firmó el 28 de noviembre de 2005. Las bases estipulaban que para dar el anticipo se debía presentar una garantía dentro de los 15 días después de la orden de inicio de la obra. Sin embargo, COPRECA-Linares emite factura el 7 de diciembre de este mismo año, por un monto de 5 millones 039 mil, 784.59 dólares.
La partida contable observa que faltan las garantías, pero luego estas aparecen con fecha 8 de diciembre de 2005, posterior a la fecha de la orden de inicio, pues ésta se emite el 19 de diciembre de este mismo año. El anticipo por siete millones 695 mil 887.15 (el 30%) se paga con urgencia el 21 y 23 de diciembre de este mismo año, sólo dos días después de la orden de inicio.
En poder de la Fiscalía General de la República y de la Asamblea Legislativa, está la documentación donde se detalla que un cheque por $5.039,784.59 fue entregado el 21 de diciembre de 2005, en tanto la fecha de la factura es del 7 de diciembre de este mismo año; el segundo cheque por valor de $2.656,102.56 fue entregado el 23 de diciembre de 2005, mientras la fecha de la factura es del 3 de enero de 2006.
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