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2009/12/11

Contra Punto-Estado gasta 115 millones de dólares en víctimas de violencia

Escrito por Por Gregorio Morán. 11 de Diciembre. Tomado de Contra Punto.

El crimen y la violencia generan un alto costo para el Estado, en el ramo de salud, recursos que pudieran destinarse a programas sociales.

SAN SALVADOR - Los asesinatos son el rostro más palpable, doloroso y reprochable para motivar al Estado y sociedad en general a encontrar pronto una solución para ese problema que no solo se traduce en un costo humano, sino también en un oneroso costo económico.

La violencia no solo es un problema que incide en la seguridad pública, también le resta recursos al sector privado, a las familias y al Estado, a este último sobre todo en el ramo de salud, según un documento del Instituto de Medicina Legal, elaborado por el jefe de la Unidad de Estadísticas Forenses, Fabio Molina.

El informe fue realizado en octubre y divulgado la semana pasada.

El documento de Medicina Legal señala que en el país han muerto 24 mil 457 personas por efecto de la violencia delincuencial, desde el año 2001 hasta el 2008.

En ese periodo, solo en la red hospitalaria pública se han invertido 59.4 millones de dólares, para atender las 5 mil 283 víctimas de la delincuencia que finalmente murieron, pese a la atención médica que recibieron. Estas víctimas son parte de los más de 24 mil fallecidos violentamente en ese mismo lapso.

De acuerdo con los informes oficiales del ministerio de Salud Pública, el cálculo se ha hecho con base a la información de los ingresos de las víctimas a los 30 hospitales nacionales, donde éstas reciben en promedio atención médica durante 15 días, antes de su deceso, según lo cita el informe forense.

En esos ocho años, el Estado invirtió, también en promedio, 750 dólares diarios en cada una de las 5 mil 283 víctimas que ingresaron al sistema y que luego murieron.

A eso habrá que sumar los 56.2 millones de dólares que gastó el Estado en la atención de otras 5 mil víctimas de lesiones que lograron sobrevivir.

Esto significa que solo en atención médica para víctimas mortales y sobrevivientes, se erogaron entre 2001 y 2008 un total de 115.6 millones de dólares, equivalentes a 14.4 millones anuales.

Pero el valor de lo invertido no para ahí. Aún falta conocer los cálculos de las pérdidas que dejan la inhabilitación de personas económicamente productivas que, debido a las lesiones, pierden partes de su cuerpo y que por ello, además, deben someterse a rehabilitación, incrementando así las erogaciones estatales.

Según el informe de Fabio Molina, que ofrece datos pormenorizados de los efectos sociales, económicos y de salud que produce la violencia delincuencial, también habrá que tomar en cuenta los pagos de seguro y los gastos en los que incurren los familiares de las víctimas, ya sea por la pérdida de uno o más de sus miembros o por el cuidado de quienes quedan lisiados y sin posibilidad de seguir aportando recursos económicos al núcleo familiar.

Así el costo de la violencia delincuencial fácilmente se multiplica. Según el informe "¿Cuánto cuesta la violencia en El Salvador?", elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2005, el costo económico alcanzó los US$1,717 millones en 2003.

El cálculo, según el PNUD, considera los costos tangibles como fondos del Estado para prevenir y combatir todo tipo de violencia, gastos de salud, costos legales, ausentismo del trabajo y productividad perdida, entre otros.
La cifra representó el 11,5% del Producto Interno Bruto (PIB) de ese año, equiparó el total de la recaudación tributaria, y resultó el doble de los presupuestos en salud y educación.

El costo humano
Del dato global de víctimas mortales se puede concluir que desde 2001 cada día han muerto asesinados aproximadamente 8.4 ciudadanos, lo cual hace un promedio anual aproximado de 3 mil 57 personas.

En 2009, ese promedio anual de los últimos ocho años se rompió con un incremento que ha sobrepasado las 4 mil muertes, a tres semanas de que termine el año, según los informes oficiales.

De acuerdo con los datos conjuntos de la Policía Nacional Civil y de la Fiscalía General de la República, analizados finalmente por el Instituto de Medicina Legal, los hombres tienen más posibilidades de ser asesinados.

El 89.9 por ciento (21 mil 998 casos) de los más de 24 mil 400 homicidios del período señalado corresponde a víctimas masculinas, contra el 10 por ciento (2 mil 452 casos) de víctimas femeninas  y el 0.1 por ciento (7 casos) de víctimas cuyo sexo no fue determinado.

Entre los hombres el grupo de edad más afectado por la violencia letal es el comprendido entre los 15 y 39 años, pues de los 21 mil 998 casos registrados, 17 mil 548 pertenecen a este rango de edad.

Mientras tanto, en el caso de las víctimas femeninas, el rango de edad más afectado por los homicidios es el comprendido entre los 35 y 39 años, con 1 mil 645 casos.

Dos de los casos de feminicidio más recordados es el del abandono de tres cadáveres de jóvenes frente a la sede de la Fiscalía General de la República, en Soyapango, el 21 de junio pasado.

Entre dichos cadáveres figuraba el de Wendy Beatriz Barahona, una estudiante de bachillerato en el turno de la tarde del Centro Escolar “Joaquín Rodezno”, de San Salvador y cuya muerte no se esclareció.

Un mes más tarde, Elda Veraliz Ramos, de 24 años, una activista de las defensa de los derechos de las mujeres, fue asesinada por su ex compañero de vida. Le clavó varias veces un destornillador en el pecho, frente al hijo menor de ambos.
Las organizaciones feministas han iniciado en el país una agresiva campaña contra la muerte de mujeres, debido a que las estadísticas van en aumento en el caso de los feminicidios.

Pero en general, la mayor cantidad de homicidios se  comete en personas económicamente activas cuyas edades van establecidas por Medicina Legal  en dos grupos así: desde los 15 a los 39 años y desde los 40 hasta los 64. En ambos grupos el total de fallecidos es de 22 mil 840 personas. El resto de víctimas mortales va desde cero a 14 años y desde 65 en adelante.

Armas de fuego
La tendencia de utilizar un arma de fuego para cometer los homicidios se mantiene. Del total de muertes correspondiente al período 2001-2008, el 76 por ciento, o sea más de 18 mil 500, fueron provocadas con ese tipo de armas, según el mismo informe de Medicina Legal.

El ministerio de Defensa Nacional ya ha informado que en los últimos años, la Policía Nacional Civil le ha enviado alrededor de 22 mil armas de fuego para ser investigadas, debido a que con ellas se había cometido –aparte de homicidios— secuestros, extorsiones, asaltos y lesiones entre otros.

La mayor parte de estas armas son consideradas ilegales porque si bien poseían registro, sus permisos no estaban actualizados, dice Defensa.

Desde 2003 estudios realizados en el país advierten de la incidencia que tienen las armas de fuego en las acciones violentas que se registran aquí.

Según el libro “Armas de fuego y violencia”, citado por Molina en el estudio forense de la violencia letal en El Salvador, se ha podido constatar que donde existe violencia a gran escala, las armas de fuego juegan un papel muy importante, lo cual no significa que se señale a las armas como causa fundamental de la violencia salvadoreña, aunque estas juegan un papel relevante en la configuración de la criminalidad y la violencia en El Salvador.

El libro fue editado por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y el PNUD.

Según ese estudio, la experiencia ha demostrado que es mayor el riesgo de morir o de salir lesionados en las personas que portan y usan armas. “Por otro lado sociedades con fuertes restricciones legales y sociales a la difusión de armas de fuego, suelen presentar también bajos índices de violencia”, cita el estudio.

No obstante ello, en el pasado inmediato muchos funcionarios, como el ex ministro de Gobernación, René Figueroa, estuvieron en contra del desarme de la sociedad bajo el argumento de que no se podía desarmar a “personas honradas” que poseían un arma para defenderse.

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