A las 2:50 de la madrugada del domingo 14 de abril de 2002, menos de 24 horas después de que el presidente Flores diera un público voto de confianza al gobierno provisorio venezolano de Pedro Carmona Estanga, el depuesto presidente Hugo Chávez regresaba al Palacio de Miraflores. El golpe de Estado que lo hubiera derrocado había fracasado.
Escrito por Ernesto Rivas Gallont.Domingo 02 Agosto. Tomado de La Prensa Grafica.
Contrastando la posición de varios países latinoamericanos que habían denunciado la transición irregular de poder ocurrida el viernes 12 de abril, EUA había dicho que Chávez era responsable de su propia caída. El Departamento de Estado situó las raíces de la crisis venezolana en “las políticas polarizantes, contenciosas” de Chávez, en referencia a sus ataques a la libertad de prensa, su interferencia en las elecciones en sindicatos obreros, la manipulación del poder judicial y los intentos de intimidar a la oposición.
Funcionarios del gobierno norteamericano habían recibido, en meses anteriores, a algunos líderes del golpe, incluyendo al propio Carmona Estanga y al general Lucas Romero Rincón, jefe de Estado Mayor. El domingo después del golpe, Washington expresaba su preocupación por la situación que se daba en Caracas y responsabilizaba al gobierno por el mantenimiento del orden y las condiciones para que los venezolanos puedan trabajar en el restablecimiento de los elementos democráticos esenciales.
Treinta y dos horas después de haber asumido el mando, Carmona Estanga hizo pública su renuncia. El efímero período presidencial se vio plagado de problemas. Protestas callejeras y el rechazo de oficiales de someterse al nuevo régimen obligaron el desplome del incipiente gobierno.
El decreto de conformación del gobierno transitorio ordenaba la disolución de la Asamblea Nacional y la destitución del presidente y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Fiscal General, Contralor General, Defensor del Pueblo y de los cinco miembros del Consejo Nacional Electoral. Carmona procedió a la disolución de los órganos Legislativo y Judicial, a pesar de la súplica (directa o indirecta) del secretario de Estado Adjunto, Otto J. Reich, desde Washington, que no lo hiciera.
Horas después, el presidente Carmona anunció la restitución de la Asamblea Nacional, luego de que el comandante general del Ejército, general Efraín Vásquez, dijera que el proceso de transición había cometido “errores” y comprometió su apoyo “solo si se restituyen todos los poderes públicos legalmente constituidos en este país”.
La coyuntura geopolítica que se daba en Venezuela –un coctel de inflamables ingredientes: petróleo, afinidad con Fidel Castro, Sadam Husein, Moammar Gadhafi y similares, alcahuete del ignominioso peruano Vladimiro Montesinos, socialismo populista, coqueteo con la guerrilla colombiana– fue motivo legítimo de preocupación en Washington y San Salvador. Además, nosotros ya antes habíamos demostrado nuestra antipatía hacia el gobierno de Chávez, cuando, dando la espalda a la generosidad del pueblo venezolano que se volcó en ayuda para la reconstrucción de nuestro país después de los terremotos de 2001, quisimos expulsar al contingente venezolano que había casi concluido la construcción de numerosas viviendas en la desolada Comasagua.
Si al reconocer al gobierno golpista, lo que quería el presidente Flores era congraciarse con Washington, por lo menos hubiera esperado que el Departamento de Estado reconociera al nuevo gobierno venezolano.
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