Denuncian que es un "golpe certero a la libertad de información" en Venezuela. Amenazó con cerrar otras 200 estaciones
Agencias.Sábado 1 de Agosto. Tomado de El Diario de Hoy.
Representantes del empresariado venezolano y la jerarquía de la Iglesia Católica se sumaron ayer al rechazo expresado por la mayoría de los líderes políticos de la oposición por la salida del aire de 34 emisoras de radio por órdenes del gobernante Hugo Chávez.
La decisión fue adoptada a partir de la medianoche del viernes por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) por entender que esas emisoras estaban en situación ilegal por haber "fallecido su titular, vencido la concesión, no renovado el permiso o haberse declarado improcedente el cambio de su titular".
La Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión (CVIR), que dirige Nelson Belfort, uno de los afectados por la decisión de Conatel, emitió un comunicado en el que afirma que la medida oficial viola los derechos "a la defensa y a la libertad de expresión".
La CVIR añadió que detrás de los aspectos legales aludidos por Conatel se percibe que "el Gobierno de Chávez no quiere ni le conviene que se siga denunciando la corrupción, la inseguridad, el alto costo de la vida, el desempleo, ni ninguno de los problemas que afectan a los ciudadanos venezolanos".
La medida de Conatel afectó a cinco emisoras del circuito CNB (Circuito Nacional Belfort), formado por nueve emisoras FM y dos AM, que dirige Belfort.
La patronal venezolana también criticó la acción gubernamental y señaló que, además de atentar contra la propiedad privada, busca silenciar las voces que disienten del proyecto político de Hugo Chávez.
"Estas medidas dan cuenta de la intención que se tiene de silenciar no sólo a los medios de comunicación, sino a todos los venezolanos", dijo la Federación de Cámaras Empresariales (Fedecámaras) en un comunicado.
"Observamos también que desde el Ejecutivo Nacional se insiste en acabar con las empresas privadas, la propiedad y los medios de producción", añadió la patronal venezolana.
Golpe a gente humilde
Igualmente, el cardenal Jorge Urosa, señaló a la emisora caraqueña Unión Radio que lo ocurrido es "sumamente grave porque se trata de algo que va contra el espíritu y la letra misma de la Constitución".
Además, opinó que "esta medida golpea a mucha gente, a gente sencilla y humilde que quedará sin sus empleos, simplemente por trabajar en una emisora que tenga una actitud critica, o al menos de no plena sumisión al Gobierno".
El director de Conatel, Diosdado Cabello, indicó el viernes al anunciar las medidas que la decisión del gobierno chavista de combatir el "latifundismo mediático" y promover la "democratización" de la propiedad de los medios de comunicación ha recibido muchas críticas, pero ninguna denuncia de que se esté violando la ley.
"Algunas radios fuimos a notificarles y cerraron las puertas", dijo Cabello. "Algunos de ellos están diciendo 'Que me vengan a cerrar'. !Los iremos a cerrar!", dijo según un comunicado oficial.
Aunque los rechazos a la medida oficial aluden a motivaciones políticas, el Colegio Nacional de Periodistas destacó que "ni CNB, ni el resto de las emisoras cerradas, tenían una programación en la cual predominaran los contenidos políticos. Eran emisoras de entretenimiento que no se estaban metiendo con nadie".
Portavoces del grupo CNB dijeron que recurrirán la medida de Conatel ante el Tribunal Supremo de Justicia.
La directiva del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), a la que se vincula con la oposición, manifestó en una nota "su dolor y su rechazo a la despótica decisión del Ejecutivo Nacional".
Representantes de varios medios radiales invitaron a los ciudadanos a seguir sintonizando las emisoras que salieron del aire a través de la red de Internet.
Las emisoras cuyas concesiones fueron rescindidas por Conatel forman parte del grupo de 240 que recientemente no cumplieron con la convocatoria que les hizo ese organismo para actualizar sus datos, según los argumentos que da el gobierno.
Acto de fascismo
El alcalde del municipio caraqueño de Baruta, el opositor Gerardo Blyde, resaltó que se trata de un "golpe certero a la libertad de expresión".
El secretario general del partido opositor Primero Justicia, Tomás Guanipa, dijo que la medida "afecta a todos los venezolanos", mientras que el dirigente de la Causa R, Andrés Velásquez, calificó la medida como un "acto de fascismo".
"Este es un acto de arbitrariedad, un secuestro de la representación nacional. Este es un Gobierno comunista más", opinó el dirigente opositor Claudio Fermín.
El Gobierno de Chávez cuenta con un amplia red de medios de comunicación que la oposición denuncia que está al servicio de él y de su proyecto socialista y que no informan verazmente de los problemas que aquejan a los venezolanos.
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