Más atentados contra activistas ambientales en Cabañas

Por Nelson Rentería. Tomado de ContraPunto.

Los casos de intimidación y amenazas contra aquellos que se oponen a los proyectos mineros en Cabañas no son casuales, hay un patrón. Ya hubo un muerto, y una persona más ha sido baleada, pero logró sobrevivir para contar el cuento: le dijeron que le disparaban “por andar contra la minería”.

SAN SALVADOR – Ramiro Rivera, de 53 años de edad, se disponía a ordeñar una de sus vacas. Atravesaba, montado en su caballo, un lugar conocido como “El Nance” cuando a sus espaldas escuchó la detonación de un arma de fuego. Inmediatamente sintió que algo le “quemaba dentro del pantalón”.

“De milagro”, dice, sobrevivió a un atentado contra su vida, pues en total recibió ocho impactos de bala, que le mantuvieron internado por cuatro días en el Hospital Nacional Rosales.

“¡Ay compañero!, si le contara cómo tengo la espalda”, dice Ramiro a ContraPunto; la víctima se encuentra inmovilizada por las heridas, y además “refugiado” en casa de un familiar por temor a nuevas represalias.

Pese al atentado y las constantes denuncias de diversas organizaciones sobre incidentes similares contra habitantes de Cabañas, Ramiro, no ha recibido ninguna protección de parte de la Policía Nacional Civil (PNC).

“La única seguridad que tengo es un portón con doble llave”, comenta, algo indignado.

Ramiro habita en el Cantón Trinidad, Cabañas. Está casado y tiene ocho hijos.

Desde hace dos años participa activamente en los proyectos de educación a la comunidad sobre temas de minería en la zona, y además es miembro del Comité Ambiental creado en la zona para organizarse y denunciar los efectos negativos que la industria minera traería a su comunidad.

Ramiro dice que al momento del atentado, uno de los dos sujetos que intentaron arrebatarle la vida, le dijo que lo hacía por “por andar contra la minería”.

La acción viene a sumarse a una serie de hechos oscuros y criminales en la zona, que en dos meses ha dejado la muerte del activista Marcelo Rivera y amenazas a muerte contra tres reporteros de la radio comunitaria Victoria, un sacerdote y varios líderes departamentales, por su oposición a diversos proyectos mineros en el departamento.

El pasado 27 de julio, el Padre católico Luis Quintanilla, un sacerdote y activista local, logró escapar de un atentado mientras conducía su vehículo en la zona.

Activistas ambientales sostienen que los hechos podrían tener vinculaciones con el rechazo por parte de la población, y concretamente por parte de los miembros del colectivo ambiental, a los proyectos de minería en el área. Esos proyectos son impulsados por la empresa canadiense Pacific Rim.

La policía y la fiscalía realizan investigaciones al respecto, pero aún no han confirmado si los hechos están conectados con la oposición de la gente a los proyectos mineros, que involucran millones de dólares. ContraPunto intentó hablar con los investigadores del caso en la PNC, pero no fue posible.

Francisco Pineda, presidente del Comité Ambiental de Cabañas, dice que alrededor de 450 personas forman parte de la organización, de las cuales unas 16 han sido objeto de amenazas y atentados que hasta la fecha no han sido esclarecidos por las autoridades.

“Es una estrategia que han utilizado para atemorizar a la población y querer evitar el crecimiento de las organizaciones sociales”, señala Pineda.

Pacific Rim Mining Corp. es una empresa canadiense que inició sus estudios de exploración minera en 2005 en Cabañas. Según su página en Internet, el proyecto “El Dorado” comprende 144 kilómetros cuadrados de excavación de tierra, área en la que se presume existen importantes cantidades de oro (1.115,500 onz) y plata (7.424,500 onz).

En 2005, Frederick Eartnest representante de la empresa en El Salvador, dijo que la minera había destinado unos 15 millones de dólares para realizar labores de exploración y que otros 50 millones de dólares serían desembolsados en seis años de extracción. Por lo que estaban a la espera de los permisos ambientales para iniciar operaciones.

Sin embargo, los proyectos encontraron una fuerte resistencia de las comunidades de la zona, ambientalistas, la Iglesia Católica, incluso el ex ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Hugo Barrera, rechazó la minería durante la administración del ex presidente Antonio Saca.

El mismo Saca dijo en marzo pasado, en el marco de la campaña presidencial, que su gobierno no otorgaría el permiso a los canadienses para explotar la mina El Dorado.

Ante la negativa del gobierno, Pacific Rim demandó el 30 de abril pasado al Estado salvadoreño por negarle la licencia ambiental para explotar la mina.

La empresa acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para exigir el pago de 77 millones de dólares los cuales fueron “invertidos en actividades de exploración minera”.

El espaldarazo internacional

Por su parte, habitantes y líderes municipales de San Isidro, Cabañas, recibieron con agrado el respaldo internacional que la organización Human Rigths Wacht (HRW) les brindó para exigir que las autoridades salvadoreñas esclarezcan el homicidio del activista Marcelo Rivera.

HRW es una organización internacional dedicada desde hace 30 años “a la defensa y protección de los derechos humanos” sobre todo en aquellos países y regiones sumidas en conflicto, como Gaza, Kenia o Colombia, por ejemplo. Los informes de la organización tienen gran peso en la comunidad internacional, y son generalmente tomados en cuenta, o al menos oídos, por los gobiernos y otras instituciones.

Héctor García Berríos, abogado de las víctimas y miembro del Movimiento Unificado Francisco Sánchez (Munfras-32) dice que este tipo de respaldos “nos da esperanza para hacer funcionar a las instituciones encargadas de garantizar el acceso a la justicia”.

En un comunicado de prensa, HRW pidió que la Fiscalía salvadoreña “debería llevar a cabo una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial del asesinato del líder comunitario y activista ambiental Gustavo Marcelo Rivera Moreno”.

Gustavo Marcelo Rivera era un líder departamental de Cabañas y fue desaparecido durante tres semanas y luego encontrado muerto el pasado 7 de julio con evidentes rasgos de tortura, según el informe de Medicina Legal.

"Se trata de un asesinato cometido en circunstancias muy sospechosas y que requiere una investigación exhaustiva", señala José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, según el informe de prensa con fecha 8 de agosto.

Héctor García, de Munfras-32, sostiene que el asesinato de Marcelo Rivera tiene “motivaciones políticas”, puesto que él desempeñó un papel preponderante contra los proyectos de explotación minera en la zona, además de que formaba parte de la Junta Departamental del partido gobernante FMLN.

La PNC capturó a siete personas supuestamente vinculadas con el asesinato, acusados de ser los autores “materiales”, sin embargo, algunas personas no se encuentran satisfechas con las investigaciones, puesto que consideran que existen “autores intelectuales”.

“Nosotros tenemos indicios de que ha habido autores intelectuales y que la acción (el asesinato) ha sido financiado”, sostiene García.

Agrega que alrededor de 108 organizaciones internacionales que trabajan por el respeto a los derechos humanos enviaron una carta a la Fiscalía y al presidente Mauricio Funes para que investiguen a profundidad los hechos, aunque no precisó cuando fueron recibidos los documentos.

Amenazas Radio Victoria

HRW también pidió a las autoridades que se esclarezca y se investiguen las amenazas contra tres periodistas de la radio comunitaria Victoria.

“HRW ha recibido denuncias de amenazas y persecución contra activistas y periodistas locales luego del asesinato de Rivera”, dice el documento.

Los reporteros José Beltrán, Vladimir Abarca y Ludwin Iraheta de Radio Victoria han recibido constantemente amenazas de muerte, por su llamado al esclarecimiento del asesinato de Marcelo Rivera.

Radio Victoria transmite desde la ciudad del mismo nombre y sus ondas hertzianas cubren todo el departamento de Cabañas y el sur del departamento de Lempira, Honduras.

Contrario al caso de Ramiro Rivera, los tres periodistas de Radio Victoria han recibido medidas de protección de parte de la policía, mientras que la Fiscalía dijo el viernes anterior que se encuentran investigando la procedencia de las amenazas.