En año y medio, desde que reciben la ayuda, deben 52 mil esquelas, el 70% de las impuestas
Escrito por Alejandra Dimas. Sábado, 8 de Agosto. Tomado de El Diario de Hoy.
Aprobado el nuevo decreto para el transporte público por el que el gobierno mantendrá el subsidio a los dueños de buses y microbuses 18 meses más, vuelven a escucharse voces en contra de la disposición, la mayoría críticas con un servicio que deja mucho que desear. Un nuevo dato puede añadir más leña al fuego de un sector acostumbrado a salirse con la suya cuando de exigir se trata. Las ayudas, siempre en forma de decretos –buses viejos, perdón de esquelas, apoyo económico- están a la vista.
Desde que el Presidente Elías Antonio Saca avaló el pago del subsidio para compensar el alto precio del diésel en diciembre de 2007 hasta el pasado mes de mayo, el Estado ha entregado $105.7 millones a los transportistas. Todavía deben los meses de junio y julio, a razón de $6.9 millones cada uno. En esos 18 meses de subsidio, a los buseros les han impuesto un poco más de 75 mil esquelas de tránsito, el 70 por ciento de las cuales, casi dos de cada tres, no ha sido cancelado. Adeudan 33,799 de las 53,995 multas impuestas el año pasado, es decir, el 62 por ciento. La tendencia es más negativa este año. En primeros siete meses, este sector apenas ha cancelado 3,079 de las 21,176 sanciones, el 14 por ciento. La deuda pendiente en ambos periodos asciende a $1,7 millones.
El gobierno cumple con un subsidio que exige la ley y paga a los transportistas; en cambio, los empresarios, pese a que reciben dinero de ese Estado, adeudan a éste en concepto de multas impagadas. La actual ley de tránsito, blanda y escasamente aplicable, ayuda a estos desajustes.
Al observar el tipo de esquelas destaca que una parte importante de las mismas recae en el conductor de la unidad. Así son todas aquellas que tengan que ver con infracciones de manejo (saltarse un semáforo, subir pasajeros en un sitio no autorizado o parar más tiempo del necesario). Son esquelas dirigidas a la licencia de conducir y que se pueden acumular bastante tiempo sin problemas legales para el infractor. De hecho, este documento se renueva cada cinco años y solo entonces se puede obligar a pagar las multas más un leve interés que no pasa del cuatro por ciento anual.
Además, los dueños de las unidades, lo reconocen los propios empresarios del transporte, no exigen al motorista tener el documento en regla. Cuando es así optan por uno falso que no sea detectable a simple vista.
Esta permisibilidad legal lleva a que muchos motoristas acumulen esquelas casi como un premio al "mal conducir" sin preocuparse de su cancelación.
En estas circunstancias no resulta extraño entonces que la mayoría de los 139 motoristas capturados por temerarios en 2008 tuviera esquelas pendientes. Todos más de una multa y algunos con 43, 50, 90 y 191, el récord de ese grupo, quien debía casi cinco mil dólares en esquelas.
Más preocupante todavía es que Tránsito detectara que de esos mismos 139 motoristas arrestados, 35 tenían la licencia bloqueada o decomisada.
Otros no tenían registro del documento en Sertracen; por lo tanto, ninguna examinadora había certificado las habilidades del conductor para dirigir una unidad llena de pasajeros.
En estas circunstancias, algo más común de lo que parece y denunciado por este medio en diversas ocasiones, es el mercado de licencias falsas que opera a sus anchas en las inmediaciones de Sertracen. Por 150 ó $200 se obtiene una difícil de detectar salvo que la policía de Tránsito lleve un aparato especial, un lector del chip.
Al respecto, hace año y medio, Sandra Carolina Aguilar, jueza Cuarta de Tránsito, insistió en la necesidad de un mayor control hacia los conductores del transporte de pasajeros. "En el caso de los motoristas del transporte público amerita profundizar aspectos que van desde los controles para aceptar a un empleado. Es un tema de conciencia y responsabilidad que se origina en el empleador y termina en el empleado".
El VMT aún esboza la incorporación de un sistema informático que permita tener un control de las personas que están al volante de los buses y microbuses, además de llevar un récord de su trabajo.
Con las sanciones que van a la tarjeta de circulación, el pago debe ser más ágil pues se renueva cada año y debe estar limpia de esquelas. El responsable es el dueño de la unidad. "El conductor que está amarrado a pagar cuando refrenda es el que es dueño del vehículo porque debe estar limpio con las esquelas incluso en la licencia", aseguró Rebeca Flores de Domínguez, jefa de la Unidad de Procedimientos Legales del Viceministerio de Transporte, quien recordó que "la tarjeta de circulación del vehículo de que se trate, sólo podrá renovarse previo pago de la multa".
No obstante, en el sector transporte todo es relativo. De las 12,478 multas aplicadas entre abril y junio del año pasado por el aumento ilegal el pasaje, aún están pendientes de pago 3,341 esquelas y otras 373 están en recurso. Catorce meses después. Una cantidad y un tiempo que invita a pensar que muchos circulan con la tarjeta vencida o, simplemente, sin el documento correspondiente ya que no lo han podido refrendar.
Irrespetar las paradas asignadas, permitir que los pasajeros viajen en la puerta, disputarse a los usuarios poniendo en riesgo la seguridad vial, conducir con las puertas abiertas y, en general, las faltas de respeto al usuario están entre las sanciones más comunes.
El viceministro de Transporte, Nelson García, cree que la solución a estos problemas lleva un proceso. "Apenas llevamos 60 días y ya se resolvió el tema del subsidio. En la agenda se van a tratar todos esos temas que tienen que ver con la eficiencia y el cumplimiento de la ley. En la medida en que las empresas son eficientes, mejoran las prestaciones a sus empleados y obtienen rentabilidad", destacó García acerca del plan de trabajo a seguir en la mesa de negociación permanente con los transportistas.
Por lo pronto, el nuevo subsidio de $500 para buses y $250 para microbuses costará $83.3 millones al Estado en los próximos 18 meses. Al mes, el pago estimado, según el parque vehicular, será de unos $4.6 millones. El dinero, como en el subsidio anterior, saldrá, en buena parte, del impuesto de diez centavos a cada galón de combustible consumido en el país.
En general, desde 2004, después del perdón general de las esquelas, el Estado ha dejado de percibir más de $15 millones en concepto de esquelas no pagadas incluyendo las impuestas a los dueños de carros particulares y del transporte público. Desde esa fecha, son más de medio millón pendientes de pago, una tercera parte de las cuales corresponde al sector transporte.
Las sanciones y, en general, las quejas al usuario se dirigen a los motoristas, los principales responsables. Miguel Castaneda, presidente de la Corporación Salvadoreña de Empresas del Transporte, cree que la solución pasa "por tener escuelas donde se capacite a los choferes". En esa cooperativa está la ruta 30-B, una de las pocas que puede considerarse ejemplo de educación en la selva urbana del transporte público.Desorden frente a los agentes del orden
Pese a que los agentes de tránsito tienen retenes habituales en paradas de buses, los choferes estacionan en donde no corresponde y con las puertas abiertas. Algunos logran ser sancionados, pero las infracciones que van a la licencia pasan años sin ser canceladas ya que la refrendan cada cinco años.
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