Es imposible pensar en soluciones que no tengan un componente de regulación sensata y control efectivo de la tenencia y portación de armas de fuego.
Escrito por Joaquín Samayoa. Miércoles 12 Agosto. Tomado de La Prensa Grafica.Como era de esperar, el cambio de gobierno todavía no ha tenido impacto alguno en la cantidad de asesinatos que se cometen cada día en nuestro país. Es absurdo y hasta ofensivo para los familiares de las víctimas ponerse a regatear las cifras para hacer verse mal al gobierno o para justificarlo. Tres más, dos menos; peor agosto que julio; mejor junio que mayo... ¿A quién le importan realmente esas cuentas? Ocho, diez, doce asesinatos por día ponen de manifiesto una realidad escandalosa e inaceptable. No es lo mismo, pero es igual. Seguimos estando muy mal.
La cantidad de asesinatos que sufrimos día a día es la más elevada entre todos los países del planeta, pero de ese dato no se sigue, como a muchos les gusta afirmar, que seamos la sociedad más violenta. Esas cifras macabras lo único que significan es que una pequeña fracción de nuestra sociedad es extremadamente violenta y que los sistemas de seguridad ciudadana y justicia penal no han sido capaces de imponerse sobre esas personas. Frente a esa situación, el nuevo gobierno debe preguntarse qué es necesario y posible hacer para revertir el estado de anarquía en que nos encontramos.
Como lo he expresado en muchas ocasiones, es urgente diseñar y ejecutar programas muy alcanzativos de prevención, orientados a evitar que sean tantos los jóvenes que respondan a su situación de marginalidad social desarrollando estructuras mentales y comportamientos sociopáticos. Nada estamos logrando si, por cada criminal que ponemos tras las rejas, hay dos o tres jóvenes que ocupan prontamente su lugar en las calles y barrios de nuestras ciudades. Pero la prevención social es una política de mediano y largo plazo; no puede verse como sustitutiva de las acciones de prevención policial para lidiar con los criminales irrecuperables que ya tenemos.
A grandes males, amargos remedios. No hay para donde hacerse. Si ocho de cada diez asesinatos se cometen con armas de fuego, es imposible pensar en soluciones que no tengan un componente de regulación sensata y control efectivo de la tenencia y portación de armas de fuego. Y me parece una imperdonable irresponsabilidad el querer abortar esa discusión con el falaz argumento de que cualquier medida en esa dirección sería necesariamente beneficiosa para los criminales y perjudicial para los ciudadanos que nos apegamos a las leyes.
El desarme total de la población solo tendría sentido y sería viable en una sociedad ideal. Esa afirmación no admite mucha discusión; pero entre el ideal y nuestras realidades, hay discusiones que pueden y deben tenerse para atinarle a lo que es necesario y posible.
Debemos conceder que puede haber justificaciones objetivas y subjetivas para permitir que algunos ciudadanos guarden o lleven consigo armas de fuego. Ese nivel de permisividad entraña riesgos y facilita que se cometan homicidios pasionales y acciones trágicas por comportamientos impulsivos o bajo efectos de drogas y alcohol. Sin embargo, esos riesgos talvez no sean razón suficiente para una prohibición indiscriminada de las armas de fuego. Pero de igual manera, los supuestos beneficios de andar armado no constituyen razón suficiente para justificar una permisividad absoluta. Como en casi todo, la elusiva virtud se esconde en el punto medio.
Aunque nunca he sido amigo de las armas y conozco además varios estudios que cuestionan o matizan el valor de las armas para la seguridad personal de los ciudadanos, no me opongo a que se permita la tenencia y la portación estrictamente regulada de armas de fuego. Lo que más falta hace para la prevención efectiva de los homicidios es una legislación que, sin excepciones de ninguna índole, prohíba la tenencia y portación de armas de las cuales no tengan registro las autoridades o cuya posesión legal no pueda ser comprobada a requerimiento de las mismas. Eso es todo lo que las autoridades necesitan para emprender una masiva y sostenida operación de incautación de las armas con las que se comete la inmensa mayoría de los homicidios.
Una de las cosas que hicieron muy mal los gobiernos anteriores fue saturar las cárceles como resultado de la captura indiscriminada de miles de supuestos delincuentes cuyos delitos la fiscalía no estaba en capacidad de individualizar y probar en procesos judiciales con apego a derecho. En adelante, las capturas deben ser mucho más selectivas y el esfuerzo policial debe concentrarse en sacar de circulación las armas ilegales. Eso no resuelve todo el problema, pero sería un gran paso adelante. Ese es el tipo de desarme con el que se debe comenzar.
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