El Salvador está de luto nuevamente. La suma de muertes en los últimos días a consecuencia de accidentes del transporte público sobrepasa las veinte personas, y casi un centenar de lesionados.
Escrito por José Tomás Calderón González.01 de Marzo. Tomado de La Prensa Gráfica.
Mucho se habla del “subsidio” que el Gobierno le entrega a los “empresarios” y que nosotros (los ciudadanos contribuyentes de impuestos) pagamos parte del combustible con el que irresponsables sobre ruedas provocan la muerte de nuestros mismos hermanos, y que convierte el mal manejo de nuestro dinero en cómplice de estos negros episodios.
No obstante, que el problema talvez no sea el “subsidio” sino, que junto al pésimo mecanismo para su aplicación, no existe una verdadera rendición de cuentas y supervisión del servicio.
La aplicación de subsidios específicos, ya sea a la producción o al consumo, usualmente se fundamenta en la intención de los Estados de lograr metas sociales, o favorecer a determinadas personas, actividades o zonas de un país.
Hablar de “subsidio” debería significar un bienestar para quien lo recibe y se dirige. Ha resultado contradictorio, que el gobierno del FMLN haya iniciado reformas al subsidio del gas, racionalizándolo, en lugar de focalizarlo, y de paso establecer un método que se probará con el tiempo ineficaz, y que no traerá grandes beneficios, y no haber iniciado una reforma integral al mecanismo del subsidio que se da al combustible al transporte público, juntamente con procesos que garanticen a los usuarios que el montarse en un “bus” no es sinónimo de “alta probabilidad de muerte”.
Hacer esto, hubiese significado trabajar por las grandes mayorías de una vez, y hubiese representado una decisión firme de transformar al país. Talvez el Gobierno del FMLN no inició con el transporte público (y sí con el gas), porque este tiene un alto costo político, y aclara lo que muchos ya sabemos, que en este país (sea gobierno de derecha popular o izquierda) las cosas se hacen muchas veces con fines electorales y no de nación.
En ese sentido, lo justo para los usuarios del transporte colectivo sería promover una reforma de raíz, liderada con determinación por nuestro gobierno, iniciando, por ejemplo, cuestiones básicas como: a) revisiones técnicas mensuales a las unidades de transporte colectivo; b) controles de dopaje aleatorios a conductores; c) inhabilitación a conductores que infrinjan leyes; d) registro actualizado de los conductores y requisitos mínimos para conducir buses; e) temporalmente iniciar un programa de agentes encubiertos en unidades de transporte colectivo; y f) un mecanismo eficiente de denuncia ciudadana en uso del servicio; y paralelamente mantener el “subsidio” si este traerá beneficio a la población, y siempre y cuando este sea focalizado, y con un método eficaz (ligado al costo del mercado del combustible).
Los males del transporte público son un reflejo de nuestra sociedad, por un lado la pasividad permisiva de la inmensa mayoría gobernada, y por el otro lado la falta de carácter de nuestros gobernantes que sucumben ante las presiones de una minoría para implementar el cambio eficaz (no cualquier cambio), y lo hacen talvez para evitar que la popularidad del Gobierno o de políticos no decaiga en las encuestas, olvidando las lecciones dejadas de administraciones pasadas, que la vanidad de los líderes son el germen destructor de la institucionalidad social, porque un verdadero estadista sabe que un auténtico líder no es aquel que hace cosas populares, más bien, hace lo correcto, aunque esto no sea popular, y deja su popularidad en manos de la historia, porque atesora más el futuro de su país que el presente de su imagen.
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