Somos todavía uno de los países sin pluralidad en los Concejos Municipales, sin Ley de Partidos Políticos, sin voto en el exterior, sin Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.
Escrito por Roberto Rubio-Fabián.20 de Marzo.Tomado de La Prensa Gráfica.
En las últimas semanas los partidos políticos, a través de la Asamblea Legislativa, aprobaron dos positivas y necesarias leyes: la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Ordenamiento Territorial. Hay que reconocerle al FMLN, sin desmerito de lo que hicieron otros, su activo y propositivo rol durante el proceso de elaboración y aprobación de tales leyes.
Pero así como los ciudadanos debemos saber reconocer y aplaudir las cosas buenas que hacen los partidos, así debemos denunciar sus malos procederes. En este sentido merece criticar el rol desempeñado por los partidos políticos FMLN, PCN, GANA y PDC al aprobar unas reformas electorales que burlan la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual tiende a darle al votante la posibilidad de votar por el candidato de su preferencia, bajo el esquema de listas desbloqueadas. Acá hay que reconocerle el mérito a ARENA y al CD por no haberse sumando a esas improcedentes reformas electorales.
La resolución de la Corte era un golpe a la falta de democracia interna de los partidos, al comportamiento verticalista de las cúpulas sobre sus bases. Resulta incómodo para los dirigentes de los partidos perder el privilegio y poder de decisión sobre el orden de selección de los candidatos a diputados/as, o enfrentarse al riesgo que dirigentes impresentables no fueran presentables al elector.
Nueva muestra de la falta de desarrollo y madurez que existe en los partidos políticos, de la degeneración macular de su visión política, de la esclerosis en su comportamiento democrático. Síntomas que explican por qué tenemos uno de los sistemas políticos más atrasados del continente. Aunque hay que reconocer los importantes y positivos avances que se vienen haciendo desde la actual presidencia del Tribunal Supremo Electoral, somos todavía uno de los países sin pluralidad en los Concejos Municipales, sin Ley de Partidos Políticos, sin voto en el exterior, sin Ley de Financiamiento de Partidos Políticos, sin separación de las funciones jurisdiccionales de las administrativas en la autoridad electoral, etc.
Las reformas electorales aprobadas por la Asamblea no sólo han ido en contra de un importante segmento de la opinión pública, y de la opinión compartida de significativas organizaciones ciudadanas de amplio espectro político, sino también pueden traer graves consecuencias para la estabilidad política del país, al intentar saltarse el espíritu de un mandato constitucional.
Lo que aprobaron los partidos políticos en mención es una afrenta a la legalidad y a la autoridad constitucional, mina nuestra ya precaria institucionalidad y afecta la credibilidad en el Estado de Derecho. Si los legisladores se pasan en rojo los semáforos constitucionales ¿con qué autoridad y/o legitimidad podemos exigirle al ciudadano que los respete?
Más grave aún es la posibilidad que dicha acción legislativa ponga en riesgo la estabilidad política electoral, al colocar en entredicho la validez legal de las próximas elecciones. ¿Qué pasaría si la prestigiada Sala de lo Constitucional, aceptando las demandas de inconstitucionalidad que interpondrán varias organizaciones ciudadanas, declara que lo aprobado por la Asamblea va contra el espíritu de la resolución de la CSJ? Si la Asamblea no acata de nuevo lo dictado por la CSJ ¿qué legitimidad tendrían las elecciones y los diputados/as electos, así como las leyes que emita la próxima Legislatura? No cabe duda que una colisión de tal envergadura entre dos poderes del Estado no le conviene a nadie, menos a nuestro frágil sistema democrático y electoral.
El Presidente de la República, en sintonía con su talante democrático, debería ejercer su derecho a veto a esa decisión legislativa, o al menos observar el articulado que atenta contra la resolución de la CSJ; incluso a sabiendas que el veto presidencial, o sus observaciones, posiblemente puedan, ambas, ser superadas por la mayoría legislativa. Mientras tanto, las organizaciones ciudadanas, desde sus distintas trincheras ideológicas, actuando con prudencia e inteligencia, deben unir sus voces y acciones de cara a mantener los avances logrados con la resolución de la CSJ.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentarios que incluyan ofensas o amenazas no se publicaran.