LPG-Editorial-Una legislación que reconoce derechos fundamentales

Lo que se espera y debe exigirse es que esta ley no se quede en el limbo donde están tantas otras leyes que buscan incidir en el modelo de vida.

Escrito por Editorial.20 de Marzo.Tomado de La Prensa Gráfica. 

 

La Asamblea Legislativa, por unanimidad, aprobó en su sesión más reciente la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. El hecho mismo de que esta ley haya llegado a existir es de significativa relevancia para el proceso de modernización integral de nuestra sociedad, que debe tener como base insoslayable el reconocimiento comprometido y efectivo de lo que la Constitución de la República viene estableciendo desde hace mucho tiempo, y que se plasma en su artículo 3: “Todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, sexo o religión”. El principio ha estado ahí, en el papel; pero si de veras queremos funcionar como una sociedad democrática en el estricto y amplio sentido de la palabra, los principios básicos de igualdad y equidad deben convertirse en formas naturales dentro de la convivencia social.

La ley aprobada es, pues, un paso de gran avance en la ruta hacia una sociedad que se reconozca a sí misma como un todo. Para ello hay que ir despojándose de viejos esquemas excluyentes, de prejuicios convertidos en dogmas y de formas mentales caducas. Sobre todo en los decenios más recientes, hemos visto emerger a la mujer salvadoreña en distintos campos de la vida nacional, con un creciente empuje creador y renovador. Desde siempre, la mujer ha sido en nuestro ambiente un pilar fundamental de la vida, especialmente en el ámbito de la familia; pero hoy, sin dejar de lado ese rol tan determinante, va ocupando los espacios que le corresponden en actividades de la más diversa índole. Y eso enriquece notablemente la convivencia y el desarrollo.

Para la directora del ISDEMU, esta ley inicia un proceso para construir una cultura no sexista. En realidad, en los hechos de la vida cotidiana, dicho proceso tiene ya camino recorrido; pero esta ley constituye un signo visible y formal, que reconoce derechos y establece criterios, responsabilidades y obligaciones. La ley, que en 44 artículos desarrolla un contenido muy rico y sustancial, establece un organismo rector, que es el ISDEMU, y una instancia responsable, que es la Procuraduría General de la República, dentro de la cual deberá crearse, por mandato legal, una dependencia que se encargue del trabajo que la misma ley le asigna.

Dicha ley establece los principios rectores de su contenido y de su aplicación: igualdad, equidad, no discriminación, respeto a las diferencias entre hombres y mujeres y transversalidad. Este último principio, que es funcional y que está presente ahora mismo prácticamente en todas las esferas de la acción nacional, regional y global, es el que le puede dar al esfuerzo irradiación penetrante en los diversos planos de la vida social, económica, política y cultural del país.

Esta normativa es, pues, tres cosas al mismo tiempo: un avance en el humanismo estructural, un desafío de efectividad en la vida cotidiana y un aporte a la integración de la sociedad como un ente plural y multifacético. Es hora de erradicar todas las formas, abiertas o encubiertas, del machismo, del privilegio y de la sumisión. Para que haya evolución pacífica y verdaderamente progresiva es indispensable desactivar los candados artificiales y desmontar las barreras viscerales, conceptuales e institucionales, no sólo en el ámbito de género, sino también todas las otras zonas de la convivencia nacional. Lo que se espera y debe exigirse es que esta ley no se quede en el limbo donde están tantas otras leyes que buscan incidir en el modelo de vida.

Una legislación que reconoce derechos fundamentales