En esa línea, la Ley de Acceso a la Información Pública está llamada a ser un instrumento clave para ventilar la atmósfera política y apuntalar la moralidad institucional.
Escrito por Editorial.04 de Marzo. Tomado de La Prensa Gráfica.
En el pasado, la inversión pública se hacía bajo el velo de la más espesa inaccesibilidad de información; y esa tradición de sigilo y de silencio había adquirido tal condición de naturalidad, que prácticamente a nadie se le ocurría preguntar ni mucho menos indagar sobre el asunto. En el pasado, aun en el cercano, las autoridades gubernamentales eran dueñas y señoras de sus decisiones, sin tener que preocuparse de lo que ahora se llama rendición de cuentas.
En temas como la contratación de personal, el predominio de la arbitrariedad en las decisiones ha venido siendo aún más invasor y cuestionable; y un caso recentísimo, como es el de la contratación de empleados partidarios en la Asamblea Legislativa, grafica con dramatismo cómo ni siquiera se tiene el cuidado de acatar las formas más elementales de la responsabilidad en el manejo de las atribuciones y de los recursos gubernamentales.
Uno de los casos emblemáticos más recientes de inefectividad sospechosa en la realización de una obra pública de gran formato es el del Bulevar Diego de Holguín, que se inició en 2005 con bombo y platillo y luego fue rodeándose de veladuras y sombras, a la luz de la falta de un seguimiento responsable y de una fiscalización confiable. A estas alturas, y cuando la obra ya parece un escombro anticipado de sí misma, acaba de declararse desierta la nueva licitación para el segundo tramo de dicho Bulevar, luego de que la última firma que quedó en competencia no lograra comprobar que llenaba los requisitos técnicos mínimos.
Es lamentable que una obra tan importante y decisiva para la modernización vial del área metropolitana tenga que seguir en suspenso al menos por un año más; pero es de señalar también que si todo esto da más seguridades de que se está actuando con la responsabilidad debida, dicha espera puede sentar un buen precedente. En realidad, todo el esquema y los procedimientos para las licitaciones y contrataciones públicas deben ser revisados con lupa, con el fin de garantizar la transparencia, la imparcialidad y la honestidad exigidas. Y sobre todo ahora, cuando se están solicitando más facilidades para contratar en el marco de la LACAP.
La ciudadanía siempre ha tenido grandes dudas y reservas sobre la rectitud de las decisiones gubernamentales y el adecuado y correcto manejo de los recursos públicos; y lo que ha venido generando al respecto el ejercicio democrático –de manera accidentada e insegura, pero persistente durante el tiempo que lleva de vigencia en el país– es que se les vaya haciendo progresivamente la vida más incómoda a la arbitrariedad y a la impunidad. En esa línea, la Ley de Acceso a la Información Pública está llamada a ser un instrumento clave para ventilar la atmósfera política y apuntalar la moralidad institucional.
Hace algunos años se habló de promulgar una efectiva ley de ética pública, pero la idea se quedó en eso, por las resistencias endémicas al saneamiento y al fortalecimiento de las instituciones nacionales. Hoy, hay más presión ciudadana para contar con un marco legal que permita vigilar el comportamiento de las autoridades y de los funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones; y todo hace confiar en que irán surgiendo los instrumentos de eficaz conrol legal del poder, que la democracia hace indispensables. En la medida que esto ocurra los temores sobre el futuro del país tenderán a desvanecerse.
Hay que asegurar la corrección y la credibilidad en la inversión pública
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