Juan Grande. 17 de Diciembre. Tomado de Raices.
Antes ya nos hemos referido a la pertinencia de reflexionar si es necesario que exista un Oscar a la Honradez. Ahora queremos resaltar un pequeño gran asunto en materia de finanzas públicas, que por lo regular forma parte de los discursos al inicio de gestión de los funcionarios, pero que luego queda en el vil olvido: la austeridad como principio de administración.
Cuando las medidas fiscales que normal y forzosamente ejecutan los Gobiernos para combatir los efectos recesivos de las crisis económicas son rebasadas por la inercia de una macroeconomía que marcha inmune a las políticas anti crisis, es de rigor hacer llamados a la austeridad en aras de disminuir o contener el preocupante déficit, también de ordinario pretendido para el sano y amistoso manejo de las finanzas públicas en dichos contextos, de manera que se conviertan en un imperativo que amerita por parte de la ciudadanía el seguimiento puntual verificador de que se ejecuten los discursos rimbombantes a favor de combatir el derroche irracional y la administración ineficiente en el uso de los fondos públicos.
La austeridad no se espera que resuelva el problema pero ayuda y forma parte del abanico de soluciones.
Sabemos que el déficit fiscal se resuelve subiendo impuestos, bajando gastos o una combinación de ambos y la diferencia se cubre con deuda. Los informes señalan problemas financieros en ciernes para el sector público, habida cuenta los amarres que implican la dolarización y la coyuntura internacional que dibuja un contexto limitado de acceso al crédito e incremento de niveles de endeudamiento para el país.
Las demandas por disminuir el déficit fiscal, normalmente creciente en presencia de políticas anti crisis, son el anuncio de que las armas fiscales han claudicado su lucha contra la recesión para el Gobierno de turno. Amén. Y en actitud positiva buscando el lado amable de la desilusión, también aquí hay que ver las crisis como oportunidades. Oportunidad de corregir los abusos que tradicionalmente se observan en el manejo de recursos de las instituciones públicas. Este tipo de austeridad tiene más relevancia que solo dedicarse a exigir un gasto que no supere los niveles de ingresos por impuestos.
Indudablemente que tampoco es deseable reducir el déficit sin reparar como se está ejecutando, pues definitivamente la tradición fácil pecaminosa del pasado reciente es recortar rubros de gasto [social] que benefician a los sectores más necesitados. Es importante para la sociedad el cómo, a través de qué instrumentos de política fiscal se busque aminorar la brecha financiera que arrastran las finanzas deficitarias. Que gastos y que impuestos se afectan. Pero una de estas medidas que en principio poca objeción o resistencia enfrenta es la práctica de austeridad en el manejo de la cosa pública.
Claro que los afanes por reducir el gasto, nobles en principio, también deben ser moralmente aceptables, lo que pasa por arroparse de justicia social. Loable buscar eliminar los subsidios a quienes no los necesitan, racionalizar los subsidios necesarios [cantidades decentes, por ejemplo para el transporte público de pasajeros], Pero no hay que compita en moralmente necesario con la austeridad.
Los llamados de austeridad hacia el interior de las instituciones públicas son ahora al menos igual que en los ayeres, de notoria significación por su sugestiva conveniencia, considerando que se ha producido un cambio en el Gobierno con el que la ciudadanía espera un cambio en la forma de gobernar.
En el pasado, la costumbre ha sido poner al final de cuentas estridente atención en las pequeñeces que se relacionan con las llanuras [empleados] y hacerse del ojo pacho con el deplorable y deshonesto manejo de recursos por parte de las autoridades.
Es deseable que se pare el derroche o saqueo hormiga que los empleados puedan estar haciendo, llevándose a sus casas papelería y otros útiles de oficina, jabones, desodorantes, etc. Pero para la ciudadanía lo verdaderamente censurable es el saqueo “elefante”. Resulta bochornoso, frustrante y deplorable conocer de sucias prácticas en el uso de los recursos públicos que las autoridades avalan a nivel de dirección y “allegados”, máxime frente a las condiciones de pobreza en que sobreviven amplios sectores poblacionales y creciente pauperización que amenaza el destino de la clase media.
Viajes internacionales para asistir a eventos escasa o cero relacionados con el trabajo y necesidades de las instituciones públicas, o sin mayor trascendencia que la simple participación y lleno de cupo, a la que alternativamente se puede renunciar y sustituir con pedir copia de los documentos producidos, si es que valen la pena, etc. [Recuérdese el caso tétrico de la asistencia al festival pupusa power].
Capacitaciones locales y en el exterior que poco suman al acervo profesional de los participantes, pero son atractivos básicamente por el turismo gratuito con voluminosos viáticos y goce de sueldo que les acompaña, siendo los benefactores funcionarios y/o colaboradores seleccionados a dedo como premio a la fidelidad más que al servicio que prestan, etc.
Y las más despeluznantes, condenables por inmoral y deshonesto mal uso de recursos públicos: la asignación de vehículos y gasolina en cuantía ofensivamente superior a lo que requiere el cargo, que ya en si debería pensarse si es que se justifica asignar incluso un vehículo para el transporte, pues el resto de colaboradores no lo tienen y ello no justifica para que no asistan a sus trabajos según los horarios establecidos, no se diga dos, tres, cuatro o más vehículos y el combustible respectivo, para usos “privados” para nada relacionados con la institución a la que pertenecen los funcionarios. Lo mismo la asignación de personal para trabajos en la residencia del funcionario y de otros (u otras) extraños al servicio del cargo. ¿Qué decir de la publicidad que se convierte en propaganda? ¿Fiestas navideñas ostentosas? La lista de ejemplos es abundante y han sido denunciados por la ciudadanía lamentablemente a destinatarios con oídos sordos.
Dicho saqueo elefante es el que efectivamente debiese evitarse en respuesta a la necesidad de austeridad, no la compra de medicinas o conteo sigiloso de nimiedades como las fotocopias. Está bien evitar el despilfarro de recursos en la llanura, pero mucho más necesario e impactante financieramente en materia de austeridad, vigilar estrictamente un uso racional de recursos en las esferas de dirección de las instituciones.
El saqueo elefante es socialmente ofensivo y provocativo, bordeando las fronteras de la corrupción. Su presencia anima a los trabajadores a exigir remuneraciones extras, como bonos al final del año u otros, considerando que en las esferas de dirección se da el mal ejemplo dilapidando recursos.
Hay una deuda moral a la que pocos funcionarios se miran interesados en honrar. Por ser una costumbre del pasado tan inclementemente repetitiva, no hay mayores incentivos para erradicar dichas prácticas denigrantes, negativas, injustas e inmorales. El Presidente de la Corte Suprema inició un esfuerzo reduciendo el número de vehículos a disposición de los magistrados y recorte de vales de gasolina, actuación que tendría que ampliarse a otros rubros e imitarse por otras autoridades; esfuerzos que conviene sean acompañados con informar a la ciudadanía de sus resultados, para prevenir su repetición; y cultivemos el principio ¡ojalá nunca más!
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