Este es un desafío que tiene proporciones ampliamente nacionales, y en el que tienen que colaborar abierta y constructivamente el Gobierno, los entes municipales, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto.
Escrito por Editorial.13 de Diciembre. Tomado de La Prensa Gráfica.
La violencia es un mal estructural, que se va apoderando de los tejidos sociales desde la profundidad hacia la superficie. Por consiguiente, no es posible obtener resultados significativos y sostenibles si no se aplican estrategias que vayan hasta la hondura del fenómeno y sean capaces entonces de incidir en las distintas expresiones del mismo. Para empezar, hay que tener bien claro que este no es un problema que pueda ser controlado si sólo se le aplican los instrumentos de persecución y castigo de la actividad delincuencial; y por ello, aunque la labor de instituciones como la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República y el Órgano Judicial llegue a su máxima efectividad, el problema seguirá reproduciéndose si no se atacan las causas originarias de la violencia y sus factores desencadenantes más directos.
Las estadísticas con las que se cuenta hasta el momento indican, por ejemplo, una tendencia aún incipiente hacia la disminución en el número de homicidios. Esto debe ser valorado, y en esa línea estimular y apoyar a las instituciones encargadas para que sigan trabajando en su propia efectividad progresiva. Sin embargo, la estadística es sólo una muestra circunstancial. De lo que se trata es de que, desde todas las instancias responsables del control delincuencial, haya una política integrada y suficiente para ir poniendo a raya flagelos como el crimen organizado y la organización pandilleril. Es cosa de hacerles la vida imposible a los transgresores de la ley, sean quienes fueren y se encuentren donde se encontraren.
Se está organizando en el área gubernamental el Observatorio Nacional de Violencia y Delincuencia, que recibirá insumos de los 14 Observatorios Departamentales de Seguridad Humana. Son buenas iniciativas, que ojalá funcionen como sería de esperar. Lo importante de base es que se tengan conocimientos actualizados constantes sobre el flujo de la violencia en el país, a fin de impulsar políticas que sirvan tanto para la prevención como para el control y la erradicación de la misma. Se necesita, pues, que se pase de las prácticas puramente formales a un compromiso de realidad que pueda ser eficiente y verificable. Este es un desafío que tiene proporciones ampliamente nacionales, y en el que tienen que colaborar abierta y constructivamente el Gobierno, los entes municipales, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto.
La violencia tiene manifestaciones muy diversas, y todas ellas son sintomáticas de un trastorno social de fondo, que genéricamente podríamos identificar como crisis de valores. Un nivel tan alto de violencia como el que padecemos indica que hay fallas graves en la formación familiar, en la educación formal, en el ejemplo social, en el ejemplo institucional, en las condiciones reales de vida. Es toda una gama de factores que, de no atenderse como cada uno requiere, nos mantendrán atrapados en este círculo de calamidades y de riesgos que la sociedad entera ya no resiste.
La violencia se vive y se padece en el día a día del país, y va desde las palabras destempladas de los políticos hasta acciones criminales espeluznantes como la de esa mujer que presuntamente contrató sicarios para asesinar a su marido y a sus suegros. La gama de la violencia es inagotable, y por eso mismo hay que atacarla de raíz, para que el mal no siga haciendo metástasis. Y hacerlo cuanto antes, sin perder ni un minuto más, es imperativo sin excusa ni pretexto.
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