Ante ello, las instituciones responsables —como la Policía, la Fiscalía General y el Órgano Judicial— están en el deber imperioso de desarrollar una estrategia conjunta, que pueda ser respuesta efectiva.
Escrito por Editorial.01 de Diciembre. Tomado de La Prensa Gráfica.
La organización del crimen ha venido ganando terreno en la región, posicionándose como una fuerza cada vez más poderosa en los diversos ambientes nacionales. Al respecto, casos como el de México son dramáticos y alarmantes al máximo; y en Centroamérica, que se ha vuelto corredor natural de distintos comercios criminales, la situación se vuelve cada vez más peligrosa y difícil. El gran negocio sin duda es el narcotráfico, y sus tentáculos se van expandiendo no sólo en forma de red internacional sino también en función envolvente al interior. Es prácticamente imposible llegar al conocimiento exacto del poder que ha llegado a tener el crimen organizado en cada una de nuestras sociedades, pero las flaquezas institucionales y los frágiles tejidos de la legalidad inducen a creer que hay una creciente incidencia del poderío criminal en las estructuras nacionales.
Los hechos reveladores se van sucediendo con puntual insistencia. En estos días, la Dirección Antidrogas de Estados Unidos, DEA, ha señalado a dos miembros de la Fuerza Armada, un capitán activo y un capitán de baja, por sus posibles enlaces de colaboración con grupos como Los Zetas; y además está la captura de un ex militar salvadoreño detenido en Estados Unidos por tráfico de armas y drogas. Tales señalamientos ponen en evidencia que el crimen organizado tiene en marcha una estrategia permanente de penetración de estructuras militares y policiales, y de seguro también en otras áreas, para llevar adelante sus propios fines delincuenciales y a la vez incrementar sus vínculos de control dentro de la institucionalidad legal.
Esta por supuesto es una estrategia global del crimen, pues ahora ya no puede hablarse sólo de manejos nacionales y regionales, ya que la criminalidad se ha venido globalizando más rápida y eficientemente que la acción de la ley. Y lo vemos a diario en todas partes, y en algunos lugares con más intensidad y agresividad que en nuestra área. Pero cuando un país es estructuralmente tan vulnerable como el nuestro, la vigilancia debe redoblarse y hacerse lo más efectiva posible, para no llegar nunca al riesgo final de ser un Estado fallido en lo que a la lucha antidelincuencial se refiere.
Vemos cómo el sistema carcelario está prácticamente colapsado, y eso demuestra que hay zonas de la institucionalidad que se hallan más expuestas a la penetración del crimen. Éste va infiltrándose por donde puede, ya que cuenta con una organización creciente y con recursos incalculables. Ante ello, las instituciones responsables —como la Policía, la Fiscalía General y el Órgano Judicial— están en el deber imperioso de desarrollar una estrategia conjunta, que pueda ser respuesta efectiva.
En lo que a la Policía corresponde, se ha anunciado un esfuerzo de investigación mucho más vigoroso que lo que se tiene, y esa es una línea positiva en la que hay que trabajar a fondo. La investigación criminal y la inteligencia policial deben activarse con todos los recursos científicos que están hoy a la mano, para lograr poner al crimen en todas sus formas, y en particular el organizado, a la defensiva. La única manera de ir controlando progresivamente esta situación consiste en irle quitando a la organización criminal en su conjunto la holgura y la impunidad de que dispone.
Sabemos que esta es una batalla de largo aliento, que reclama todas las energías institucionales y sociales disponibles. Se dejó hacer por tanto tiempo que ahora recuperar el terreno perdido a favor de la legalidad y la seguridad exige un esfuerzo casi heroico. Pero si no se hace, los costos son y serán aceleradamente insostenibles.
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