De los fiscales castigados, ocho fueron destituidos de sus cargos, y de estos ocho, cuatro enfrentan procesos penales en tribunales. Las destituciones fueron ordenadas por el Consejo Fiscal 2010, que ayer renovó a sus miembros para el ejercicio de 2011.
Escrito por Fernando Romero.16 de Diciembre. Tomado de La Prensa Gráfica.
“Les prevengo de que no voy a tolerar actos por encima de la ley. Los fiscales responderán como ciudadanos comunes por sus actos.”
Romeo Benjamín Barahona,fiscal general de la República
La Fiscalía General de la República (FGR) sancionó a un total de 44 fiscales en 2010 por incurrir en faltas leves, graves o muy graves, según la Ley Orgánica de la FGR, para lo que recibieron sanciones distintas.
En el caso de los fiscales que cometieron faltas muy graves, entre ellas la comisión de hechos delictivos, la FGR expulsó a ocho fiscales en 2010. De esos ocho ex funcionarios, cuatro incurrieron en delitos, por lo que tienen abiertos procesos penales en su contra en distintos juzgados del país.
Se trata de los casos de Walter Ernesto Hernández, quien fue agente fiscal de la Unidad Especializada de Hurto y Robo de Vehículos en la Oficina Fiscal de San Miguel y que luego fue trasladado a la Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico, siempre en la misma oficina fiscal. Fue en esta última unidad que Hernández, en 2006, retiró del Juzgado Segundo de Paz de San Miguel la cantidad de $34,890. Este dinero había sido decomisado ese mismo año por la Policía Nacional Civil (PNC) a dos nicaragüenses en la frontera El Amatillo, en La Unión.
El ex fiscal argumentó en ese momento que debía retirar el dinero decomisado que tenía el juzgado en su poder para “hacerle experticias” en el Laboratorio Técnico de la PNC. Sin embargo, el dinero nunca llegó al Laboratorio Técnico ni regresó al tribunal.
La FGR acusa a este ex fiscal de los delitos de destrucción, inutilización y ocultamiento de documentos y también de omisión de la investigación. Al hacer la acusación contra Hernández, también se procedió a su destitución a inicios de 2010. El caso hoy es del conocimiento del Juzgado Tercero de Paz de San Miguel.
El segundo caso es el de Gabriel Caballero Portillo, quien fue el jefe de Hernández en la Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico en San Miguel. Por el mismo caso, a Caballero Portillo la FGR lo acusa de incumplimiento de deberes. Las acusaciones son distintas porque hasta el momento no se ha podido acreditar que los dos ex fiscales fueron cómplices. Sin embargo, Caballero Portillo, según la FGR, nunca abrió un expediente de investigación contra su subalterno para dar con el dinero decomisado en 2006.
Cuando se reestructuró la Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico de San Miguel, Caballero Portillo fue trasladado a la jefatura de la Unidad del Menor y la Mujer de la Oficina Fiscal de San Francisco Gotera, en Morazán.
Con la acusación fiscal en su contra, también se procedió a su destitución. El caso de este ex jefe fiscal se encuentra en la etapa de juicio o vista pública en un tribunal del departamento de San Miguel.
El tercer caso es el de Ana Mercedes López Anaya, delegada en la Oficina Fiscal de Sonsonate, quien fue detenida en agosto de 2010 en Zacatecoluca, La Paz, acusada de concusión y estafa en grado de tentativa.
Según la acusación fiscal, López Anaya llegó con su esposo el lunes 23 de agosto de 2010 en horas del mediodía a la subdelegación de la PNC de Zacatecoluca. Allí solicitó conocer la situación jurídica de tres detenidos por los delitos de extorsión, privación de libertad, robo agravado y agrupaciones ilícitas. Se presentó como fiscal. Pero no los dejaron entrar.
La investigación refleja que la ex fiscal y su esposo se encontraron a la salida de la sede policial con una persona cuyos dos hijos se encontraban detenidos por robo y homicidio tentado.
López Anaya se identificó y le mostró su carné y le dijo que ella podía sacar a sus hijos de forma inmediata, pero que le iba a cobrar $300 por cada uno.
Gracias a testigos que presenciaron la conversación, la PNC recibió la alerta y la ex funcionaria fue capturada. Su destitución fue inmediata.
El cuarto caso, del que no se pudo obtener el nombre del fiscal, es el de una víctima que recibió $3,000 como parte de una conciliación en un proceso penal. Este agente fiscal se aprovechó de la situación de analfabetismo de la víctima y solo le hizo entrega de $1,500.
Otras sanciones
El fiscal general de la República, Romeo Barahona, explicó ayer que las faltas muy graves que cometieron los otros cuatro fiscales destituidos fueron de naturaleza administrativa, no penal. Entre las faltas muy graves, el fiscal general habló de inasistencias a diligencias y a audiencias, abusos de autoridad, actos arbitrarios, o facilitar información a terceros sobre investigaciones sin autorización, entre las más significativas.
Barahona añadió que los otros 36 fiscales sancionados fueron a causa de faltas leves o graves. Estos funcionarios no fueron destituidos, pero como sanción no se les dio aguinaldo ni bonificación anual, por expediente manchado.
“Yo estoy trabajando para darle al fiscal el estatus que tiene y se merece, como una figura de respeto por su profesionalidad y su ética”, señaló el fiscal general, y matizó: “Les prevengo de que no voy a tolerar actos por encima de la ley. Los fiscales responderán como ciudadanos comunes por sus actos”.
Las destituciones fueron ordenadas por el Consejo Fiscal, del que Barahona es miembro.
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