El Faro - "No se vería muy bien que solo apretemos las tuercas a los independientes y no a los partidos" - ElFaro.net El Primer Periódico Digital Latinoamericano

 Entrevista con Eugenio Chicas, presidente del TSE.13 de Diciembre. Tomado de El Faro.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral no esconde su divergencia respecto de la propuesta de su partido para legislar sobre las candidaturas a diputados para 2012. La papeleta, dice, debería llevar la foto del que aspira a ser diputado y, además, no debería exigirse a los candidatos no partidarios tantas firmas de apoyo como las que está proponiendo el FMLN.

Por Edith Portillo

Publicado el 12 de Diciembre de 2010

Finales de noviembre era la fecha que, según había dicho hace más de un mes el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), era la máxima que la institución podía esperar para planificar, sobre la realidad y no sobre especulaciones, el plan electoral para los comicios municipales y legislativos de 2012. El plazo venció, la Asamblea Legislativa todavía no hizo las reformas para cumplir con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que habilita las candidaturas no partidarias, y el TSE está entonces planificando presupuestos imaginando el escenario más complejo posible. La única propuesta de reformas al Código Electoral presentada oficialmente en el parlamento es, por ahora, la de su propio partido, el FMLN, con el que desde ya plantea algunas diferencias. La propuesta del FMLN es buena considerando algunas sugerencias que se hicieron en algún momento, dice, pero todavía es mejorable.

Hoy que ha terminado el plazo que el Tribunal consideraba el ideal para tener una legislación para candidaturas independientes, ¿qué implicaciones tendrá para el TSE el hecho de que todavía no se cuente con esas reformas?
Como no hay un tiempo regulado en ley, es potestad de la Asamblea valorar cuándo hace las reformas electorales, y nosotros no tenemos autoridad para condicionar el accionar legislativo. Por lo tanto, más allá de lo que la Asamblea haga, nosotros tenemos la obligación de tomar nuestras propias previsiones, midiendo el marco legal, el marco institucional, y la experiencia y el conocimiento que tenemos en torno a la administración de nuestro proceso electoral y de otros procesos vecinos. Entonces lo que hemos determinado es planificar por arriba, o sea imaginarnos el escenario más complejo y, sobre la base de eso, planificar un presupuesto. Eso es lo que venimos haciendo para estar preparados para el momento en que la Asamblea decida tomar alguna determinación. Yo parto de un criterio: confío en que en el Tribunal tenemos la experticia técnica, la capacidad para adecuarnos y para implementar ese proceso. Hemos estado de cerca viendo el proceso de Honduras, el de Panamá, el de República Dominicana, para tener una medida de qué tan complejo puede ser el nuestro. Por eso creo que estamos preparados. Incluso tenemos el respaldo de otros tribunales.

¿Y le parece que en la Asamblea existen las condiciones como para conocer pronto si su planificación responderá adecuadamente a lo que se legisle?
Aunque no es nuestra labor lo político, somos políticos, y el panorama que distingo en el horizonte es presumiblemente un acuerdo entre los dos principales partidos políticos en el tema de las reformas necesarias. He visto un acercamiento muy franco, que ha sido público, entre Arena y el FMLN, que ya anuncian la posibilidad de arribar a un acuerdo, cosa de la que antes tenía dudas porque veía una posición muy dura en esta comisión que crearon para analizar la sentencia y vi al principio -que me preocupó mucho- voces muy desentonadas en esa comisión respecto a pasarle la factura todavía a la Corte por la sentencia. Pero yo veo que es importante para la gobernabilidad, para la estabilidad del país, que las dos principales fuerzas se pongan de acuerdo. Entonces me parece que hay señales en el horizonte político de presumiblemente un acuerdo. El FMLN ha planteado también un camino sobre cómo materializar las reformas y volverlas expeditas. Creo que el panorama es más claro en torno al espíritu de cumplir la sentencia.

Usted, supongo, conoce bien la propuesta de su partido, el FMLN.
La conozco.

¿Y no le parece que hay algunos aspectos que apuntan a poner obstáculos a las candidaturas independientes? ¿No le parece, por ejemplo, que pedir el equivalente al residuo menor con que se eligió a un diputado en determinado departamento sigue siendo un requisito alto? En el menor de los casos eso implicaría unas 8 mil firmas en Cabañas, y unas 17 mil en San Salvador.
Yo, desde un principio, me he pronunciado porque no sea muy complejo el mecanismo, porque ahí también me estoy curando en salud respecto de las responsabilidades del Tribunal. Claro, este es un número bastante bueno si consideramos otras propuestas, que eran de 50 mil firmas y no sé qué otra barbaridad de firmas. Es bastante mejor. Sin embargo, yo sigo considerando que aquí hay dos caminos: uno es el de poner un número significativo de firmas, pero hay otro, que es el de no poner demasiadas firmas y más bien poner cierto rigor respecto a los mecanismos de calidad de esas firmas. Por ejemplo: podría haber un mecanismo interesante, y es que no sean tantas firmas, pero que cada firma se haga acompañar de una fotocopia del dui de quien suscribe. Ese puede ser un mecanismo más de calidad que de cantidad, porque de todas maneras es importante ponerle atención al tiempo que va a mediar entre la convocatoria a elecciones y el proceso de inscripción de las candidaturas. Por eso en una carta que enviamos a la Asamblea les ofrecimos la experticia institucional de este Tribunal, para poder contribuir en una labor que es de ellos, pero que también nos atañe y que por eso lo más idóneo es que nos pongamos de acuerdo.

La propuesta del FMLN plantea también algunos plazos que ponen en desventaja a los independientes. Estos, por ejemplo, para reunir las firmas para su inscripción tendrían solo 25 días, mientras que los partidos tienen hasta 90 días para hacerlo. ¿Es eso técnicamente razonable?
Insisto: la propuesta del FMLN es buena, creo que puede ser mejorable, entiendo que la van a evaluar entre los partidos, pero creo que debería armonizar el aspecto de cómo podemos conciliar mejor los tiempos. El tiempo de los 25 días puede ser adecuado para recoger las firmas, pero eso depende de cuántos registros (firmas) deberá recoger. El tiempo que me preocupa no es tanto en torno a la facilidad que tenga o no ese movimiento o grupo político que plantee una candidatura independiente, el tiempo que me preocupa es el de los tiempos institucionales de convocatoria, de campaña y de ejercicio del proceso de la candidatura independiente, porque igual no le resolvería si la normativa dijera que le da 90 días para que recoja las adhesiones si ese tiempo queda muy cerca de la elección. Por andar recogiendo firmas no va a hacer proselitismo. El tiempo puede entonces ser razonable, pero hay que valorar la armonización de todos los tiempos. Además no es lo mismo recoger un número de firmas en Cabañas, que tiene menos población, que en otro departamento con más población.

En cuanto al número de firmas a exigir, una coalición de organizaciones civiles sostiene que la lógica debería ser esta: si a un partido le exigen 50 mil firmas para ser inscrito y cada partido tiene derecho a postular 84 candidatos a diputados, resulta que de las 50 mil firmas son 595 las que corresponden a cada candidatura. Por eso, el número exigible de firmas para inscribir a los independientes debería ser 600. ¿A usted no le convence esta lógica?
Con irnos a ese extremo yo no estoy de acuerdo. Parece interesante, pero la realidad es que ese mecanismo mataría las posibilidades de éxito de las candidaturas independientes.

¿Por qué?
Es bien sencillo. Si se inscriben 20 candidaturas independientes, probablemente no quede ninguna. Si se inscriben cinco es probable que queden tres. Es una cuestión de utilidad del voto. En los países hay un universo de electores que vota por una opción, otro universo de electores que vota por otra opción o por los partidos pequeños o medianos, y hay un segmento de población que se considera independiente, no partidizada, que busca otras opciones y que es el nicho donde presumiblemente quieran pescar las candidaturas no partidarias. Por lo tanto, si se inscriben 20 o 30 candidaturas lo que va a pasar –y lo advierto porque conozco la experiencia de otros países– es que van a dispersar los votos y no va a quedar ninguna. Si se inscriben cinco o siete candidaturas independientes tienen más posibilidades porque concentran el voto. Parecen bien intencionadas esas propuestas, pero técnicamente no tienen razón.

Otro punto que consideran estas ONGs y que, en cambio, se niega en la propuesta del FMLN, es la del derecho a la deuda política. ¿Por qué un independiente, a diferencia de los partidos políticos, no debería gozar de esa ayuda estatal?
Lo que se necesita es más bien que la Asamblea Legislativa avance en torno a la Ley de partidos políticos y pueda agregarse, en esa misma ley, a las candidaturas no partidarias. O pueden hacerse dos instrumentos de ley diferentes. Sería complejo ponerle muchos raseros a las candidaturas independientes, que hay que ponérselos, pero que al mismo tiempo se regule la parte de los partidos políticos. No se vería muy bien que solo le apretemos las tuercas a las candidaturas no partidarias pero que no hagamos nada respecto a los partidos, que es una vieja demanda. Ahora, generalmente no se estila en los países dar financiamiento a las candidaturas independientes. No es porque no lo merezcan, sino porque deviene en una perversión del mecanismo de las candidaturas independientes. En el caso de los partidos políticos ya asegura dos normas importantes: una es poner un techo de financiamiento, que son como 57 mil dólares para un partido que recién se ha organizado; y segundo, que también se le pone, para salvaguardar los intereses del Estado, una fianza, que asegura que el Estado no va a perder. En el caso de las candidaturas independientes, la sola mención de que quien presente una candidatura independiente va a recibir 20 mil dólares o algún financiamiento, puede pervertir el mecanismo porque algunas personas pudieran darse a la tarea de ser candidatos porque van a percibir algún financiamiento y “ya después veremos qué hacemos”.

Pero eso también puede pasar con los partidos. ¿No debería ser más entonces una cuestión de regular también para los independientes las condiciones en que podrían recibir el financiamiento del Estado a través de la deuda política? ¿No debería ser un asunto más de regular que de negar ese privilegio?
Sí, puede resolverse el tema con una caución. Podría ser, pero le digo: si utilizamos la experiencia de otros lugares, lo usual ha sido no estimular con dinero las candidaturas independientes. Es para salvaguardar el procedimiento, que quien se va a lanzar de candidato no lo haga porque tiene deudas que pagar y puede conseguir unos centavitos por esa vía, sino que lo haga genuinamente, porque cuenta con apoyo ciudadano. El problema es que las candidaturas independientes, más allá de la caución que puedan presentar, el tema es que debe genuinamente representar la simpatía de personas que buscan una alternativa diferente. De hecho, la falta de financiamiento generalmente estimula mayores niveles de adhesión ciudadana, de finanaciamiento ciudadano.

Otro punto que ha desarrollado el FMLN es el de cómo debería ser la papeleta de votación ahora que la sentencia de la Corte manda que se trate de listas abiertas. Y, en se sentido, lo que propone el Frente es que se tengan las listas con los nombres de los candidatos abajo de la bandera partidaria, pero no su fotografía. ¿Esa es la visión ideal que comparte el TSE sobre cómo debería diseñarse la papeleta?
Yo pienso, y lo he expresado, que la sentencia es muy clara sobre que debe facilitarse a los electores la identificación de las opciones por las que va a votar. Desde mi punto de vista personal, y desde lo que hemos discutido como Tribunal, sin que haya una posición común, es idóneo que haya fotografía. ¿Por qué razón? Porque tenemos analfabetos en el país y que, por lo tanto, si solamente nos atenemos a la identificación por el nombre, podría haber dificultad en algunos electores para cumplir el precepto de la sentencia. Y pues, la elección interna del FMLN fue con fotografía también, yo creo que es un antecedente muy importante para considerarlo, así que yo creo que la Asamblea debe valorar ese concepto. Desde el espíritu de la sentencia y la costumbre que se viene arraigando en otros países, la manera de identificar una candidatura tiene cuatro pasos: primero, en el caso de los partidos, debe tener una bandera que los represente; segundo, una fotografía para poder identificar bien a la persona; tercero, el nombre; y cuarto, un número de casilla, que es idóneo porque eso facilita no solo la identificación, sino que a nosotros también nos facilita administrativamente el escrutinio. En la campaña, por ejemplo, el candidato puede decir al elector: “Para votar por mí, vote en la casilla número tal”. Yo creo que así se puede cumplir con el espíritu de la sentencia, de que se identifiquen claramente las candidaturas.

En la planificación que el Tribunal ha hecho, ¿se considera entones un presupuesto para papeletas con fotografía?
Sí, lo que hemos valorado hasta hoy es la posibilidad de tres tamaños de papeleta, que responden a un criterio de economía. Una papeleta de unas 27 por 9 pulgadas, que sería para el departamento de San Salvador, que elige 25 diputaciones; otra papeleta mediana, podríamos decir, para departamentos como La Libertad y probablemente San Miguel; y una tercera papeleta para el resto, que elige solo unos cinco diputados.

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