Los diputados llegaron a un acuerdo para aprobar este jueves la Ley de Acceso a la Información Pública luego de superar una última traba. El FMLN y PCN pujaron para que la Corte ya no ratificara a los comisionados del instituto garante y lograron que Arena cediera en este punto.
Jimena Aguilar.04 de Diciembre. Tomado de El Faro.
Los diputados de la comisión de legislación lograron superar este miércoles el último escollo para aprobar la Ley de Acceso a la Información Pública, y acordaron eliminar el papel de la Corte Suprema de Justicia en el proceso de elección de los comisionados del instituto garante del acceso a la información pública. Arena cedió en este punto y de esta forma el presidente de la República tendrá en sus manos la potestad de nombrar a los vigilantes de que se respete el derecho a la información.
Este punto era el último que faltaba salvar tras 16 meses de discusión en los que dos borradores iniciales terminaron fusionándose en uno solo, y después de dos meses de moratoria en marzo y abril de 2010, a petición de la Presidencia de la República, para hacer sus observaciones.
La normativa pretende desarrollar los artículos constitucionales que garantizan el acceso a la información pública y a los funcionarios a brindarla. Por eso se establece la obligatoriedad de producir y publicar información, y mecanismos para que los ciudadanos puedan pedir información no publicada. Eso pasa por la necesidad de que la información en poder del Estado esté clasificada en reservada, confidencial y pública, que haya plazos para entregarla, un ente que dirima conflictos y un régimen sancionatorio.
Resuelto el último obstáculo, todos los partidos están listos para votar por la normativa este jueves, y de esa manera sacar a El Salvador de su condición de ser el único país del continente sin una normativa en esta materia. El lunes pasado todos los partidos habían aceptado que el presidente de la República decida quiénes serán los miembros del instituto garante a partir de ternas propuestas por cinco diferentes sectores de la sociedad. Pero en el borrador se establecía que antes de que esos nombres pudieran quedar firmes, la Corte Suprema de Justicia debía ratificarlos, como una garantía de mayor transparencia por el control mutuo entre los poderes del Estado. Sin embargo, sorpresivamente el PCN impulsó la eliminación de ese candado y propuso olvidarse del rol controlador de la Corte en esta normativa. "¿Por qué la Corte tiene que ratificar la decisión del presidente?”, indagó el pecenista Rafael Machuca.
La propuesta de un mecanismo en que el presidente nombrara y la Corte ratificara salió precisamente de la Presidencia de la República, después de los dos meses de espera que le hizo la comisión de legislación. Por medio de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, la Presidencia propuso que en la integración del instituto garante de acceso a la información participaran tantos órganos del Estado como fuera posible. Propuso que el presidente escogiera de ternas que le enviaran a sus manos para que otro Órgano ratificara los nombres. El FMLN rápidamente accedió a cambiar el mecanismos, pero Arena advirtió que no estaba de acuerdo e insistió en la conveniencia de que los nombres pasaran por un filtro adicional. Sin embargo, este miércoles Arena cedió y de esa forma los diputados decidieron darle más poder a la Presidencia.
Lo que Arena planteó el miércoles es que si con esa modificación se garantiza que haya una ley, estaban dispuestos a ceder.
Con este obstáculo fuera del camino la comisión terminó de afinar algunos detalles y acordaron que el asesor técnico elabore el dictamen para la plenaria de esta semana. Una vez el proyecto esté terminado se le entregará a todos los miembros de la comisión para que hagan una última revisión del texto. De no haber ninguna observación, se le solicitará a la junta directiva que convoque a la comisión de legislación para que los miembros puedan firmar el dictamen favorable y lo envían al pleno donde sería sometido a votación.
De mantenerse el acuerdo de los partidos que por el momento incluye a Arena, FMLN y PCN, con la posibilidad de que una vez hayan revisado el dictamen se incorporen los demás partidos, la Asamblea Legislativa aprobará este jueves la Ley de Acceso a la Información Pública que entraría en vigencia 30 días después de su publicación en el diario oficial.
FMLN pone las manos al fuego por Funes
El diputado arenero y presidente de la comisión, Guillermo Ávila Qüehl, explicó que Arena quería que la Corte Suprema de Justicia ratificara a los comisionados del instituto para que los tres órganos participaran en darle al país esta herramienta: la Asamblea hace la ley, el presidente nombra y la Corte ratifica. Sin embargo, Arena no consideró que este era un punto tan indispensable como para frustrar la aprobación. "Al final yo creo que es preferible ceder en algunas cosas por lograr una ley que necesita el país”, justificó Ávila Qüehl.
En el FMLN, la diputada efemelenista Margarita Velado dijo que no hace falta fiscalizar al presidente en esta decisión porque lo eligió la gente. Que no es necesario que otro Órgano ratifique la decisión del presidente porque este es la persona elegida por el pueblo y por lo tanto tiene la potestad de hacer esa elección sin que alguien lo fiscalice. Además, dijo que solo porque hay otras instituciones que históricamente han sido dirigidas por partidos o intereses específicos, esto no significa que esto siempre será así y por lo tanto se tienen que aprobar una ley en la que se piense que la elección se hará de manera correcta. “Todo eso es una realidad de nuestro país, pero eso no quiere decir que eso tiene que ser así y yo pienso que este gobierno está construyendo una visión de país donde está poniendo gente responsable”, comentó.
Además, el FMLN cree que la independencia de los miembros del instituto de acceso a la información pública está asegurada porque estos solo podrán ser elegidos de las ternas que propongan cinco diferentes gremios: de periodistas, de profesionales, del sector empresarial, de sindicatos y de universidades. De esta manera la decisión del presidente depende completamente de las propuestas de los diferentes sectores y no de sus preferencias. Además, el diputado del FMLN Jaime Valdez aseguró que la participación de la Corte no asegura que el proceso de elección de los comisionados será más transparente. “Mucho se dice también de que la Corte y los magistrados representan cuotas partidarias, no salimos de lo mismo. El hecho de una ratificación de la Corte no implica automáticamente independencia”, dijo.
Ley iniciará sin instituto garante
Además de la eliminación de la ratificación de los comisionados del instituto garante, los miembros de la comisión de legislación también realizaron otras modificaciones al proyecto de ley. En este se eximía de la obligación de tener una oficina de acceso a la información a todas aquellas municipalidades con un presupuesto menor a 1 millón de dólares. Los diputados consideraron que este techo era muy bajo y decidieron subirlo a 2 millones de dólares.
La Ley de Acceso a la Información Pública entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el diario oficial. A partir de ese momento los funcionarios estarán obligados a proporcionar cualquier información que sea solicitada y ellos tengan disponible.
Acá aparentemente se crea un vacío, porque en caso de que un funcionario o institución niegue información a un ciudadano y este quisiera reclamar, no tendría organismo al cual acudir porque el instituto garante del cumplimiento de la ley estará formado seis meses después de la publicación de la normativa y solo después de un año las instituciones estarán obligadas a publicar la información oficiosa.
Esto significa que mientras el instituto de acceso a la información pública no exista, proporcionar la información que un ciudadano requiera continuará a discrecionalidad del funcionario.
El instituto no solo será el intérprete de la normativa y el garante de que se cumpla, sino también el sancionador en caso de infracciones a la normativa.
En caso de que una persona no encuentre disponible públicamente cierta información de su interés, tendrá derecho a solicitarla a la institución correspondiente que la posee. La institución tendrá 10 días hábiles para responder, y podrá denegarla si la clasifica como reservada o confidencial, o entregarla si tiene carácter público. Si el solicitante no está conforme, puede apelar al instituto para que este resuelva. La querella puede presentarla en un plazo máximo de 15 días hábiles después de haber recibido la respuesta negativa.
El instituto resolverá si la información debe entregarse o no. En el primer caso, la institución obligada tendrá tres días hábiles para dar la información, y si persiste en su negativa, el instituto iniciará el proceso sancionador.
La información reservada es aquella que bajo los argumentos de garantizar la seguridad nacional o negociaciones internacionales debe mantenerse vedada al público. La confidencial es la que abarca datos personales como salud, preferencias sexuales o religiosas, y solo estará disponible para el titular de esa información. El resto será clasificado como información pública.
No entregar información arbitrariamente será considerada una infracción muy grave y se castigará con multa de hasta 40 salarios mínimos, que en estos días equivaldría a unos 8 mil 300 dólares.
Este fue uno de los puntos que organizaciones como la Asociación Nacional de la Empresa Privada objetaron, porque a su juicio las sanciones son sumamente débiles ante el potencial daño que puedan hacer los infractores al negar información o al difundir información clasificada como reservada o confidencia.
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