La Cancillería de El Salvador lamentó las primeras reacciones del gobierno mexicano ante la denuncia de un secuestro de 50 migrantes ocurrido el 16 de diciembre pasado y reiteró el llamado para que se haga una profunda investigación y se persiga a las bandas delincuenciales.
Daniel Valencia Caravantes.23 de Dciembre. Tomado de El Faro.
La Cancillería de El Salvador lamentó este miércoles las "desafortunadas" declaraciones de algunos funcionarios mexicanos tras la denuncia -realizada ayer por las autoridades salvadoreñas- por el secuestro de 50 migrantes centroamericanos, perpetrado el 16 de diciembre en la región de Chahuites (Oaxaca), en el sur de México, y por el cual han pedido se realice una "profunda y exhautiva investigación" para dar con el paradero de los migrantes y para castigar a los secuestradores.
"El hecho sí ha ocurrido. Lamentamos el primer planteamiento de las autoridades mexicanas, creemos que fue desafortunado, específicamente los comentarios del secretario de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos (Francisco Blake) quien sin haber hecho una mínima investigación de rigor declaró que el hecho no había ocurrido", dijo el canciller de El Salvador, Hugo Martínez, este miércoles 22 en conferencia de prensa en la capital salvadoreña.
Según la información recopilada por la red de consulados de El Salvador en la zona sur de México, el 16 de diciembre, a las 8 de la noche, un tren cargado con 200 centroamericanos indocumentados partió del poblado de Arriaga rumbo al estado de Oaxaca. Tres horas más tarde, en las cercanías de Ixtepec, un comando de 12 elementos del Instituo Nacional de Migración (INM) y un grupo de soldados y policías (20 oficiales) detuvieron el tren y "resguardaron" a 92 migrantes. Luego el tren continuó su marcha, rumbo a la región de Chahuites (Oaxaca). Pero 4 kilómetros más adelante -y 10 minutos después del retén oficial-, otro retén de hombres armados, que pusieron piedras y troncos en las vías, que mandaron hombres armados para que se subieron al tren en marcha -para amenazar a los ocupantes-, secuestraron a 50 migrantes y los dividieron en dos grupos de 25 personas cada uno. Entre los secuestrados se presume iban 15 mujeres, hombres adultos y jóvenes y algunos niños.
Entre los años 2007 y 2009, El Faro presentó una serie de investigaciones sobre el paso de los migrantes en México y las violaciones a sus derechos humanos cometidos por bandas delincuenciales y, en ocasiones, por las mismas autoridades mexicanas. De hecho, las mismas autoridades reconocieron que en algunas ocasiones existe un contubernio entre las redes delincuenciales y las autoridades a la hora de los secuestros de migrantes.
Al preguntarle al canciller Martínez sí han exigido -o exigirán- explicaciones de por qué no existió una reacción de las autoridades, si el secuestro presumiblemente ocurrió a una escasa distancia y a pocos minutos de sucedido el retén oficial, Martínez dijo: "sin que esto signifique que estamos emitiendo un juicio de valor, esta no es la primera vez que un hecho delictivo es precedido por una aparente operación de las autoridades (pare resguardar migrantes)".
El martes 21 diciembre, El Salvador fue la primera nación centroamericana en denunciar el incidente y en exigir a México una respuesta eficaz para el caso. En respuesta, las autoridades mexicanas desmintieron la denuncia diciendo que no había elementos contundentes para dar por válido el secuestro.
El gobierno de México aseguró que en sus pesquisas no encontró evidencias del secuestero denunciado por El Salvador, horas después de que la Cancillería del país centroamericano exigiera una investigación.
El INM respondió a la denuncia en un comunicado diciendo que "no existe evidencia de que el tren haya sido obstaculizado o bloqueado por ningún grupo en la localidad de Chahuites, Oaxaca".
Refirió que el 16 de diciembre el INM realizó un operativo en la zona, donde se detuvo a 92 indocumentados. Añadió que tras consultar con autoridades locales y federales mexicanas, "no se encontraron antecedentes que confirmen las versiones señaladas por la representación salvadoreña y tampoco existen denuncias ante autoridades mexicanas presentadas por parte de migrantes extranjeros al día de hoy".Un día después de que las autoridades mexicanas negarn el incidente, el canciller Hugo Martínez y el vice canciller Juan José García, señalaron que la posición de las autoridades mexicanas "han ido modificándose", y agradecieron un comunicado emitido este miércoles por el INM -y firmado por Salvador Beltrán del Río- en el que las autoridades se comprometen a investigar el caso.
Tras la primera denuncia de ayer, las cancillerías de Honduras, Guatemala y El Salvador se han puesto en coordinación para emitir un comunicado en conjunto en donde denunciarán los hechos y exigirán de las autoridades mexicanas una profunda investigación y mayores acciones para combatir a las bandas delincuenciales que atacan a los migrantes.
"Nos parece contradictorio que sí haya recursos y operativos para el resguardo de migrantes, pero que no veamos esos mismos recursos y operativos para desarticular y detener a las bandas delincuenciales que afectan a los migrantes pero que también afectan a los ciudadanos mexicanos que habitan en esas regiones", dijo Martínez.
En México, según la Procuraduría General de la República, 13 migrantes ya habrían declarado sobre lo ocurrido. Entre estos hay de los tres países de la región norte y dos son salvadoreños, confirmaron este miércoles Martínez y García.
Esta la segunda denuncia de secuestro de El Salvador en los últimos dos meses luego de otro caso ocurrido a principios de noviembre cuando otros 20 inmigrantes centroamericanos fueron secuestrados en el estado de Veracruz, en la costa del golfo de México.
Cientos de miles de indocumentados buscan cruzar cada año llegar a Estados Unidos a través de México, donde llegan a ser víctimas de violencia por parte de grupos criminales e incluso autoridades.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó en 2009 que cerca de 10 mil migrantes eran secuestrados al año, sobre todo por bandas organizadas.
Los riesgos que enfrentan los indocumentados quedaron evidenciados cuando el 24 de agosto fueron localizados los cuerpos de 72 migrantes centro y sudamericanos masacrados en el estado norteño mexicano de Tamaulipas, presuntamente a manos del cartel de las drogas de Los Zetas.
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