Contra Punto-Justicia Restaurativa, nueva modalidad penal - Noticias de El Salvador - ContraPunto

 Expertos en  justicia concluyen que  su aplicación hacia los jóvenes es inadecuada en Centroamérica y buscan nueva cultura penal  

Por Angélica Cárcamo.03 de Diciembre. Tomado de Contra Punto.

SAN SALVADOR - Según el presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, Alejandro Gómez, la prevención del delito en jóvenes debe de empezar por una reorganización de la policía.

“La policía tiene que tecnificarse y tiene que tener otra mentalidad”, dijo Gómez durante su participación en el segundo seminario centroamericano Justicia Juvenil Restaurativa (JJR), que tuvo lugar en San Salvador el 1 de diciembre pasado.
El primer seminario se realizó en septiembre pasado, en Managua, Nicaragua, en el cual entidades regionales e internacionales abordaron la temática y en este segundo encuentro se incluyeron temas que permitan construir el programa de formación académica y de especialización a los aplicadores de la ley en relación a la JRR.
Para Gómez, la situación actual de violencia -de la cual los jóvenes son víctimas y parte- es compleja, pues menciona que El Salvador “enfrenta un problema del siglo XXII en el siglo XXI”.
Según datos del Quinto Censo de Población y Vivienda del 2007, de los 5.7 millones de habitantes la mayor parte se ubica en el sector joven y pese a ser mayoría, este sector es el más vulnerable a la violencia.
Estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) indican que durante los primeros seis meses del 2010 se contabilizaron 2.468 homicidios en el país, cifra no muy alentadora para la juventud.
“La sobrepoblación, esto nos hace más competitivos pero nos vuelve más despiadados”, dijo Gómez.
Y los jóvenes no solo son víctimas también son parte del listado de victimarios. En los últimos años las pandillas han aumentando y se calculan que las conforman unos 20.000 jóvenes y adolescentes. Pero la cifra no es lo más grave, según autoridades muchas de estas pandillas estarían ligadas al crimen organizado y en delitos como extorsiones y sicariato.
“Yo tengo la tesis de que nuestros países, nuestros gobiernos, no estaban preparado para este problema y cuando empiezan las maras la respuesta del gobierno fue inadecuada, no hubo coherencia porque nunca se imaginaron la magnitud del problema”, mencionó Gómez.
El hecho más reciente que muestra la falta de seguridad y atención adecuada a los jóvenes que han cometido delitos fue el incendio del Centro Alternativo de Jóvenes Infractores (CAJI), ubicado en el municipio de Ilobasco, donde fallecieron más de una veintena de jóvenes por un supuesto cortocircuito.
Información proporcionada por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Niñez y Adolescencia (ISNA) destacan que  hay un total de 1.644 menores de edad en los Centros de Protección y Centros de Inserción Social.
De estos 790 corresponden a los 4 centros de Inserción Social (El Espino, Ilobasco, Tonacatepeque y Femenino) donde se les da atención a jóvenes privados de libertad y en conflicto con la ley.
Mientras que los otros 854 pertenecen a la División de Admisión, Evaluación y Diagnóstico (DAED) y donde se le da atención a los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos.
Según la relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalan que en El Salvador existe un hacinamiento en las cárceles de más del 300 por ciento.
Ante este panorama, la Presidenta del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), Aída Santos de Escobar, mencionó que debido a las condiciones en las que se encuentran los jóvenes delincuentes en la región centroamericana, se plantea  la  JJR como una forma de cambiar la mentalidad en la que se aplica la justica a este sector.
“Los países que conformamos el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), que le apostamos solamente a las medidas represivas, somos los países más violentos de Centroamérica; en cambio los países como Nicaragua y Costa Rica, que tienen una política diferente, cercana a la población, el panorama es distinto”, mencionó la presidenta del CNSP.
Por su parte Atilio Álvarez, experto internacional en JJR y Defensor Público de Menores en Argentina mencionó que la Justicia Juvenil Restaurativa debe aplicarse usando otro modelo y que deben generarse varios pasos para su implementación.
“El primer paso (para implementar la JJR), desde mi punto de vista, es una conciencia clara en el sistema jurídico que es el Ministerio Público”, agregó Álvarez.
Sin embargo, el presidente de la Corte Centroamericana de Justicia agregó que no solo son las entidades gubernamentales las que deben trabajar en este tema sino también la empresa privada  y la sociedad civil.
“¿Sabe dónde enfocaría?”, cuestionó y respondió a mismo tiempo: “En la empresa privada y la sociedad civil, hay que buscarle trabajo a los mareros, no solo hay que enseñarle, hay que buscarle trabajo y eso es lo que más va a costar”.
Los análisis de los expertos los han llevado a concluir que los problemas en esta área son similares en los países de la región, por lo que JJR va encaminada en formar una nueva cultura de penalización hacia los niños y jóvenes para que no cumplan con condenas carcelarias excesivas y que no van de acuerdo a la gravedad o falta cometidos.

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