Editorial.03 de Diciembre. Tomado de Diario Co Latino.
Sin lugar a dudas, la conclusión del juicio en la noche del pasado miércoles, luego de 40 días de la vista pública contra los supuestos autores intelectuales del atroz homicidio de los diputados del PARLACEN, Guatemala y El Salvador darán por cerrado el caso.
Y es que, tanto la justicia guatemalteca, como una parte de la derecha política en El Salvador, tenían prisa por cerrar ese caso, que estuvo a punto de poner en jaque no solo a las estructuras policiales guatemaltecas y salvadoreñas, sino, también, a ciertas estructuras políticas.
De no ser porque Guatemala, por buena investigación o “por arte de magia” encuentra a un testigo clave –uno de los guarda espaldas del desaforado diputado del Partido de Conciliación Nacional (PCN), Roberto Silva Pereira-, las hipótesis todavía estuvieron timbrando en la opinión pública o en las mismas autoridades policiales y judiciales.
Al final, el resultado de la investigación fiscal fue avalada por el sistema judicial chapín, en cuanto a que el autor intelectual del cuádruple crimen era el exdiputado guatemalteco conocido como “manolillo”, vinculado a la mafia, quien le hizo un “favor” al también exdiputado salvadoreño Silva Pereira.
Y aunque Silva Pereira no será juzgado en Guatemala, mucho menos en El Salvador, el caso quedará cerrado, no sin sendas dudas en el ambiente político judicial, luego que una fiscal de Costa Rica revelara que el cuádruple crimen habría sido cometido por asuntos de droga y porque uno de los diputados muertos llevaba cinco millones de dólares que les fueron quitado por los asesinos.
Que supuestamente Silva Pereira haya dicho que asesinaran al diputado Eduardo D´Abuisson, por haber delatado al primero ante la DEA, y por ello desaforado, no fue motivo de interés en El Salvador para iniciar una investigación.
Tampoco fue de interés la denuncia de la Fiscal costarricense, sobre los supuestos cinco millones de dólares arrebatados por los asesinos a uno de los diputados.
Todas las sospechas y comentarios populares en torno al caso quedaron en el limbo, tras la verdad jurídica que dejó sentada la justicia guatemalteca.
Así, las cosas, el tema del asesinato de los diputados Eduardo D´Abuisson, William Pichinte y José González, es cosa del pasado, pero, que deja muchas dudas en el ambiente, independientemente de los 203 años de cárcel que le aplicaron a Manuel de Jesús Castillo, mejor conocido como “manolillo”.
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