Es evidente. No hay que ser experto. La realidad es contundente. Las estadísticas son claras. La criminalidad tiene a El Salvador en una situación complicadísima. ¿Necesitamos ayuda? ¡Claro! Nadie duda que necesitemos todo el apoyo nacional e internacional para enfrentar la situación de inseguridad por la que estamos pasando y para confrontar el avance del crimen organizado en nuestro pequeño país. La penetración de los carteles de la droga y la repartición de mercados locales con el narcomenudeo está provocando muchas muertes, corrupción, y muchos jóvenes adictos o reclutados por el dinero fácil (y letal) que produce la industria de la droga.
Escrito por Gabriel Trillos.03 de Abril.Tomado de La Prensa Gráfica.
Ahora bien, la forma de la ayuda es la que debe generar un debate nacional. Mucho se ha discutido sobre la urgencia de recursos para las instituciones del sector justicia, de los fondos que deben asignarse pero que no se tienen para más policías, más militares, más fiscales, más investigadores, más tecnología, más estrategia, más de todo. Se ha planteado incluso un impuesto especial de seguridad a grandes capitales. Se está negociando un préstamo especial con el BID por $20 millones para Seguridad Pública y para la Fiscalía General de la República. Se está analizando ya la forma en que se van a asignar los $200 millones provenientes de Estados Unidos para el plan especial antinarcotráfico en Centroamérica, y ahora, se habla de una comisión especial de las dependencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para el crimen organizado. Esta última ha generado fuertes discrepancias, principalmente entre miembros del Ejecutivo, pasando por el presidente mismo, y el fiscal general; sin embargo, no se ha generado un debate franco, abierto y claro sobre el asunto, porque en realidad no hay información clara, abierta y franca sobre la propuesta de la comisión.
La propuesta de la comisión ONU ha llevado a acusaciones sobre ineficacia de la Fiscalía como ente rector de las investigaciones en el país, según dicta la misma Constitución, pero no nos ha llevado a replantear la carencia de recursos con la que cuenta la institución que, en teoría, debería acumular y recibir los suficientes recursos para enfrentar la tarea. Y hablo de la institución como tal, no del funcionario de esta coyuntura. El debate debe comenzar por esa variable, pues se siente quien se siente en la silla principal de la Fiscalía, la falta de recursos siempre serán algunas de las grietas de las patas en esa silla.
A la discusión sobre la propuesta de la comisión le faltan muchas aristas y versiones, sobre todo, falta la versión de las dependencias de la ONU que están liderando este esfuerzo y este análisis. Nos hace falta conocer qué están pensando ellos en el fondo, y qué ha sido de la información que recopilaron en este país un grupo de funcionarios de estas dependencias que se reunieron con muchos sectores, instituciones y personalidades en El Salvador. A una de esas reuniones es que dicen que el fiscal no quiso asistir, aunque se ha sabido que también el BID requería al funcionario a la misma hora. A esas reuniones incluso fuimos convocados algunos periodistas, tal y como lo mencioné el jueves pasado en la habitual noche de debate periodístico en el Canal 33. Ese diagnóstico que hicieron los expertos de la ONU sin duda que sería valioso conocerlo, y sería mucho más valioso para el país si nos dijeran lo que pretenden y cuál es, según ellos, la mejor forma de ayudarnos en este problema de la criminalidad. Lo único que espero es que no sea un formato calcado al de Guatemala que ya ha costado aproximadamente $50 millones en dos años, apenas ha llevado un caso a juicio y tiene empleados con salarios de más o menos $20 mil... bueno, hagamos cuentas.
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