EDH-Sin capturar a principal acusado de estafa a Salud

 Autoridades allanaron ayer tarde la casa de imputado y decomisaron carros de lujo y documentación

07 de Abril.Tomado de El Diario de Hoy.

 

El principal acusado de la estafa al Estado por más de tres millones de dólares aún no ha sido capturado, confirmó ayer la Fiscalía General de la República.

Se trata de Gerardo Enrique Osegueda Gine, representante común del asocio temporal CPK Consultores S.A. de C.V. - Borelli & Merigo Arquitectura y Urbanismo Ltda, a quien se le atribuye los delitos de estafa agravada, uso y tenencia de documentos falsos y apropiación o retención indebida.

Ayer por la tarde, las autoridades allanaron su propiedad localizada en la residencial Las Piletas III, en La Libertad, donde decomisaron autos y bienes de lujo, así como diversa documentación, dijo el Ministerio Público.

Las órdenes de captura fueron giradas el martes por la Fiscalía y aún ayer se estaban ejecutando, junto a cinco más pendientes.

Los que aún falta por capturar son Manuel Eduardo C.P., Walter B.G., José LadislaoL.P., Carlos Armando J. y Wilfredo A.C., acusados por falsedad ideológica y complicidad en la estafa.

Ayer por la mañana, la Fiscalía General confirmó que al momento hay nueve personas capturadas acusadas de la estafa de más de tres millones de dólares, fondos provenientes de un préstamo internacional destinado a la reconstrucción y equipamiento del Hospital Santa Teresa, de Zacatecoluca, La Paz.

Según el Fiscal General, Romeo Barahona, la investigación de este caso inicia con la denuncia interpuesta por el viceministro de Salud, Eduardo Antonio Espinoza, en mayo de 2010 "y no por ninguna iniciativa ideológica-política". En el documento se señalaba el cometimiento de los delitos de apropiación y retención indebida.

Explicó que del préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) de 142 millones 600 mil dólares el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se realizó un contrato con el asocio temporal para ejecutar el proyecto de Reconstrucción de Hospitales y Extensión de los Servicios de Salud (Rhessa), y entre los cuales se incluyó el Hospital Santa Teresa.

Sólo por este proyecto se acordó el desembolso por 10 millones 494 mil 010 dólares, pero dicha cantidad aumentó producto de la variación de precios de los materiales como cemento, hierro, entre otros, a la cifra de 12 millones 291 mil dólares.

En el contrato se especificó que el equipo se pagaría conforme a la llegada al sitio de almacenamiento, instalación y recepción correcta. El asocio subcontrató a varias empresas para suministrar e instalar el sistema de señales débiles, equipos de sistema de detección de incendios, de sistema de llamado de enfermeras, sistema eléctrico, aire acondicionado y equipo de gases médico.

En un documento fiscal, al que tuvo acceso este periódico, se establece que las empresas subcontratadas no realizaron la labor que se les encomendó; no obstante, se le pagó a Osegueda Gine el monto correspondiente a cada uno de los equipos.

Las empresas subcontratistas presuntamente bajo instrucciones del contratista denunciado, no suministraron ni instalaron los equipos, sino que el asocio temporal pidió que enviaran el equipo ya pagado por el Ministerio de Salud y Rhessa al plantel de CPK y no a la zona de la obra, es decir, el Hospital Santa Teresa. El denunciante aseguró que el monto total de lo cancelado asciende a un millón 130 mil 559.

La Fiscalía dice que tiene testigos que indican la función que cada acusado tuvo y a quienes les consta que el contrato ha sido modificado entre el Asocio temporal y el Ministerio de Salud.

Recalcan que dicho cambio favoreció únicamente al asocio, ya que se pagó de forma anticipada al arribo de los suministros y equipos al sitio de la obra.

La jefa de la unidad de Intereses del Estado, Adela Saravia, indicó que el contrato establecía la forma de pago e instalación de equipo y que el asocio obtuvo la contratación vía modalidad "llave en mano", que significa que a las empresas se le pagan por la obra completa.

En el caso del ex ministro Guillermo Maza Brizuela, se le acusa de actos arbitrarios y negociaciones ilícitas. Le atribuyen el autorizar cambios del sitio de la obra cuando al parecer no estaba facultado y de avalar el pago sobre costos y reajustes de los cuales dicen que favoreció al asocio.

Al ex subdirector policial César Rolando García Herrera le imputan la supuesta falsificación de créditos fiscales que sirvieron para que el Ministerio de Salud erogara los fondos.

Al subcontratista Guillermo Rafael Alfaro se le acusa de falsedad ideológica y complicidad en la estafa, por supuestamente entregar comprobantes de crédito fiscal al asocio con datos falsos del equipo con el que no se cuenta. Por similares hechos acusan a Arturo Ernesto López Mejía, René Arturo Portillo Montalvo y Herberth Leonel Perdomo Ulloa.

En los casos de José Mauricio Serrano y José Alexander Ramírez Jiménez se les acusa de dar información falsa sobre las estimaciones de la obra, en el sentido que afirmaban que habían avances y en la obtención del equipo.

Mientras que Roberto Oswaldo Salazar Martínez, que fue el último capturado el martes por la noche, tenía la responsabilidad de velar, cuidar y supervisar el avance de la obra, pero la Fiscalía lo acusa de dar informes falsos.

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