El ex ministro de Salud cayó junto a otros ex funcionarios acusados de actos de corrupción. El caso es uno entre un mar de irregularidades
Por Fernando de Dios.07 de Abril.Tomado de Contra Punto.
SAN SALVADOR –Este martes fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) el ex ministro de Salud, Guillermo Maza, junto al ex subdirector de Operaciones de la propia institución policial, Rolando García, y otras cuatro personas.
La Fiscalía General de la República (FGR) giró órdenes administrativas para ocho personas, si bien solo fueron capturadas seis, entre ellas los dos ex funcionarios.
La PNC informó que al ex ministro se le acusa de actos arbitrarios cuando desempeñaba su puesto como titular de la cartera de Salud, mientras que a García se le acusa de falsedad documental y complicidad en el delito de estafa.
Maza ya fue condenado por el Tribunal de Ética Gubernamental por derivar pacientes de los hospitales públicos a su clínica privada para realizar pruebas que no se podían hacer en aquellos por falta de equipamiento.
Aunque admitió los hechos, el entonces ministro se justificó diciendo que hacía un descuento a los pacientes derivados del sistema público.
Por su parte, Rolando García, además de cómo ex directivo de la PNC, ha fungido como abogado de varias empresas contratistas del Estado, entre ellas CPK Consultores S.A. de C.V., involucrada en varios procesos de arbitrio por obras públicas no realizadas o no terminadas.
Atando cabos, y según corroboró una fuente de la FGR al periódico El Faro, las detenciones tendrían que ver con el proyecto de reconstrucción de hospitales dañados por los terremotos de 2001, conocido como Rhessa.
Este proyecto tenía como objetivo ejecutar la reparación y construcción de nosocomios mediante un préstamo concedido en 2002 por el Banco Mundial de más de 120 millones de dólares.
El período de ejecución, tras muchas idas y vueltas, se fijó nada menos que hasta inicios de 2009, beneficiando finalmente a siete de los 23 hospitales dañados por los terremotos. Esto después de que, subrepticiamente, se eliminara del proyecto el Hospital de Maternidad, cuyo caso constituye por sí solo otro episodio de presunta corrupción.
A día de hoy, solo dos de esos siete hospitales están en funcionamiento, el de Santa Tecla y el de Cojutepeque. El resto son esqueletos a medio realizar, paralizados por procesos de arbitrio entre empresas y Estado gracias a la incompetencia mostrada por éste, que más bien parece algo premeditado.
Así lo aseguró la actual ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, tras presentar un informe sobre la ejecución del Rhessa a la Asamblea Legislativa en el que se encontraron todo tipo de irregularidades. En ellas estaban involucrados funcionarios de todos los niveles de esa cartera de Estado en la anterior administración, según Rodríguez.
Verdaderos estafadores
El préstamo del Banco Mundial no se pudo utilizar por una razón muy simple. La demora incomprensible en los plazos de licitación, que duraron entre tres y cuatro años, así como el modelo predominante de contrato, un contrato cerrado denominado “de llave en mano”, llevaron a que las empresas ganadoras de esas obras, antes de realizar siquiera una mínima parte de los trabajos, se enzarzaran en una lucha con el Estado para pedir compensaciones económicas por esos retrasos.
Como es normal, comenzar a construir casi un lustro después de que se elaborasen los presupuestos supone que los costos de los materiales se habían incrementado. Ello unido a que la unidad que se encargaba de ejecutar el Rhessa iba añadiendo trabajos adicionales, lo que daba a las empresas una oportunidad más de reclamar.
En total, el proyecto Rhessa le ha costado al Estado casi 74 millones de dólares más de lo presupuestado en un principio.
Según el encargado del Área de Transparencia de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Jaime López, en estos conflictos se observaron irregularidades de forma continuada, y no sólo con el Minsterio de Salud, sino también con otros ministerios.
En muchos casos, se pagaban adelantos a las empresas sin que éstas ejecutaran las obras a cabalidad.
En otros casos, el ministerio implicado, ya fuera en este caso el de Salud, u otros como el de Obras Públicas o el de Justicia y Seguridad Pública, no hacían nada por llegar a un acuerdo con las empresas, lo que llevaba a éstas a pedir un proceso de arbitrio en la Cámara de Comercio.
“Lo que hemos observado es que el Estado no se defendía. Surgían conflictos a la hora de hacer estos contratos y el ministerio, en lugar de resolver o negociar la situación, dejaba que el caso llegara a arbitraje. Y ahí el Estado prácticamente no se defendía o presentaba una mala defensa y eso conllevaba que la empresa ganaba fácilmente el caso”, explica López.
El resultado es que el Estado paga cantidades millonarias. En el caso del Ministerio de Obras Públicas, según datos de Funde, ha pagado por condenas en arbitrajes al menos 29 millones de dólares.
Los procesos de arbitraje no terminaron con el cambio de gobierno, lo que sí terminó fue la dinámica en la que siempre era el Estado el que pagaba. Varios procesos han sido de momento ganados en esos tribunales por los ministerios, como el de Obras Públicas, por el caso del Bulevar Diego de Holguín, y el de Justicia y Seguridad Pública por el caso de la cárcel de Jutiapa.
En este último caso, la empresa CPK, que fue condenada a devolver más de 4.5 millones de dólares al Estado, recurrió a la justicia civil y el proceso está de momento paralizado, según el viceministro de Justicia, Henry Campos.
En ministro de Justicia y Seguridad Pública, Manuel Melgar, afirmó tras la resolución del tribunal de arbitraje a favor del ministerio, que la empresa CPK había recibido un adelanto y no había realizado la obra.
“Ellos han ejecutado una cantidad mínima de obra y han recibido como ocho millones de dólares. Desde mi punto de vista, son verdaderos estafadores”, dijo melgar.
Y añadió que esa misma empresa, representada por el hoy detenido Rolando García, y que ganaba las licitaciones con el gobierno anterior, ya causó problemas en la construcción del Edificio 10 del Mercado Central de San Salvador y de tres hospitales.
“Usan las mismas artimañas, de tal manera que tenemos enfrentado al Estado a estafadores”, concluyó el ministro.
La FGR tiene en la mesa más de 50 casos de presunta corrupción presentados por el gobierno. El ex ministro de salud es el primer funcionario de alto nivel de la anterior administración detenido por orden del Ministerio Público.
Si es caso está bien fundamentado, puede ser el hilo del que la FGR puede tirar para ir descubriendo toda una madeja de corrupción que ha estado desangrando al Estado durante años.
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