EDH-¿Quién tiene la culpa del surgimiento de grupos de exterminio?

 Carlos Ponce.06 de Abril.Tomado de El Diario de Hoy.

Durante la última semana se registraron dos homicidios, cuyas características sugieren fueron cometidos por personas que decidieron tomar la justicia en sus manos. En las escenas de ambos incidentes se encontraron mensajes de amenazas dirigidos contra pandilleros. Los lectores de este rotativo dejaron muchos comentarios en las noticias publicadas electrónicamente sobre el tema. Su contenido revela que la actitud colectiva de los salvadoreños es en favor de este tipo de acciones al margen de la ley. Las opiniones favorables ante la posibilidad de que alguien haya tomado la justicia en sus manos, invariablemente estuvieron sustentadas por argumentos que señalaban una percepción generalizada de la inefectividad del aparato de seguridad gubernamental.

Este síntoma, evidente en los mensajes escritos por los lectores, como he explicado en ocasiones anteriores, indica que en el país existen las condiciones necesarias para el surgimiento de grupos de exterminio o vigilantismo (como se le denomina en criminología). Lastimosamente, el mismo Ejecutivo y sus funcionarios han enviado mensajes que han propiciado este fenómeno.

La premisa de "la primera impresión es la que cuenta" opera perfectamente en el trasfondo de este tópico. Los actuales titulares del gabinete de seguridad proyectaron la imagen equivocada al inicio de su gestión, potenciando las estrategias preventivas y el tratamiento blando de la delincuencia, en detrimento del ataque frontal de la criminalidad y sus principales protagonistas. Aunque han tratado de corregir su discurso y abordaje, la primera impresión y postura es la que por siempre tendrá la ciudadanía impregnada en su mente.

La situación se complicó aún más cuando algunos de los funcionarios cambiaron su discurso público, mientras otros mantuvieron su posición inicial. Esto agregó y fomentó un sentimiento de desconfianza entre la sociedad, ya que parecía que la intención de la cartera de Estado correspondiente no era honesta sino que fabricada y enunciada superficialmente, con la finalidad de satisfacer la actitud punitiva del colectivo y no incorporada al trabajo y visión institucional como verdadero eje estratégico dentro del combate contra la criminalidad.

La desconfianza se incrementó todavía más con la predominancia de dogmas ideológicos sobre criterios técnicos dentro de las Instituciones, que se manifestaron públicamente mediante la persecución política al interior y exterior de la Policía, relacionada con intentos de allanamientos (presuntamente injustificados) en residencias de políticos de derecha y líderes empresariales, investigaciones disciplinarias al interior de la institución policial en contra de oficiales provenientes de la Fuerza Armada, que según un informe legislativo no tienen fundamento y están plagadas de arbitrariedades, entre otros hechos.

Adicionalmente, los incidentes que han puesto al descubierto la infiltración del crimen organizado en la Policía y Ejército, la descoordinación entre elementos castrenses y policiales en la ejecución de tareas de seguridad pública y la nueva estrategia adoptada por las pandillas de asesinar a policías y militares, son otros factores que han contribuido a erosionar la confianza de los salvadoreños en el aparato de seguridad. Sin embargo, la gota que derramó el vaso, irónicamente fue la iniciativa anunciada por Ejecutivo de crear un organismo paralelo para la investigación del delito, similar a la Comisión Internacional Contra Impunidad en Guatemala (CICIG). En las declaraciones iniciales sobre el tema, el presidente y canciller señalaron que las Instituciones encargadas de investigar el delito eran incapaces y, por lo tanto, justificaron la necesidad de crear el cuerpo de investigación paralelo.

Esto envió a los ciudadanos un mensaje negativo, en esencia sugiriendo que hasta que inicie operaciones dicho proyecto presidencial, el Estado no tiene la capacidad de garantizar la seguridad de los salvadoreños, dejándolos solos y en una situación de "sálvese quien pueda". El abordaje público del tema de seguridad debe de ser mejor analizado para no enviar mensajes que empeoren la crisis delincuencial.

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