EDH-Ávila: Gobierno Funes admitiría "incapacidad" si crea una Cicig

 A su juicio, crearla sería como pedir auxilio ante la incapacidad de controlar el crimen

ex presidente de la Corte suprema, Mauricio Gutiérrez Castro, cuestionó la creación de la comisión internacional que pretende crear el Ejecutivo porque viola la Constitución de la República e irrespeta la división de poderes.

07 de Abril.Tomado de El Diario de Hoy.

 

La eventual instalación de una comisión investigadora al estilo de la Cicig de Guatemala significará la admisión del gobierno de que es "incapaz" de frenar la criminalidad, será una bofetada a la capacidad de la Policía y los fiscales y se podría convertir en un arma de persecución política para reabrir las heridas de la guerra de los 80.

Así lo advirtió el ex director de la Policía Nacional Civil Rodrigo Avila, quien explicó que la ONU ha establecido comisiones de ese tipo sólo en países sumidos en la anarquía o con Estados fallidos.

El canciller Hugo Martínez ha dicho que la idea de crear la comisión fue planteada por el presidente Mauricio Funes ante la Asamblea General de la ONU, en septiembre del año pasado.

Según Martínez, el mandatario planteó la necesidad de pasar de los "esquemas tradicionales a esquemas mucho más fuertes" en la lucha regional contra el crimen organizado y que "complemente" la esfuerzos que ya realizan la Policía y la Fiscalía.

Martínez dijo en una entrevista en Canal 33 que el Presidente les dio instrucciones "para comenzar el concepto, los especialistas y para trabajar un borrador técnico que es lo que se tiene en este momento". Ahora, dice el Canciller, dependerá de Funes el someter ese borrador a consultas con diversos actores vinculados.

Por su parte, Ávila habla con propiedad cuando se refiere a la creación de una comisión investigadora foránea, pues él fue miembro del Consejo Asesor del Secretario General de Naciones Unidas para Misiones Policiales de Paz cuando fungió como director de la Policía.

Para el ex director de la PNC, la creación de una comisión investigadora internacional con funciones paralelas a las que tiene la Fiscalía General plantea tres situaciones adversas para el país.

En primer lugar significaría que el Gobierno salvadoreño admite que existe un Estado fallido, que reconoce que ha sido incapaz de resolver el problema de la criminalidad y además que se corre el riesgo de que se abran procesos de investigación polémicos con intenciones políticas, como ha ocurrido en Guatemala.

"Pedir una Cicig en El Salvador es aceptar tácitamente que somos un Estado fallido y que la institucionalidad no tiene capacidad y que estamos pidiendo a gritos: ¡auxilio!", dijo Ávila.

Sostuvo además que no sería conveniente para el país que personas extranjeras vengan a tratar de resolver los problemas de criminalidad que vive el país, cuando lo que menos conocen es la realidad salvadoreña.

Y lo que es peor y grave, según Avila, sería que a estos "fiscales extranjeros" les pretendan dar facultades jurisdiccionales y autoridad sobre los salvadoreños.

"Eso es más que entreguismo, eso es traición a la patria", dijo Avila, quien agregó que "si se crea una comisión de ese tipo sería aceptar que hay una incapacidad estatal o lo que es peor aún, que se quiera comenzar con un tema eminentemente político y revivir situaciones políticas".

Ávila recordó que la Constitución establece claramente cuáles son los parámetros bajo los cuales tienen que funcionar la investigación del delito y qué institución tiene el monopolio de la investigación criminal.

Agregó que para que un país solicite la creación de una comisión especial a la ONU, tienen que existir condiciones adversas como por ejemplo que haya una crisis institucional, la falta de un verdadero estado de derecho, y la falta de credibilidad en las instituciones judiciales.

Sostuvo que en vez de andar pensando en crear una comisión de este tipo que no tiene ningún sentido, lo mejor sería que se fortaleciera la institucionalidad del aparato de la administración de justicia, que se discuta como se pueden resolver los problemas de las pandillas, los privilegios de los pandilleros en las cárceles y que se mejoren las leyes penales que permitan agilizar los procesos judiciales en delitos menos graves.

Lo que pasó en Guatemala para que se haya creado la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) es que el narcotráfico había permeado las institucionalidad del Estado y además la gente le había perdido la confianza a sus autoridades.

"En Guatemala, la Cicig se forma dentro del contexto de una crisis institucional tremenda, donde se tenia una Policía total y absolutamente corrupta, cuestionada no sólo a nivel de sus cuadros sino que también a nivel de sus mandos", dijo Avila.

Lo contrario sucede en El Salvador, donde la Policía no está cuestionada hasta esos niveles, "aquí nadie está cuestionando al director ni al subdirector y principales autoridades de la Policía por actos de corrupción".

Agregó que existen casos de corrupción en la PNC, pero que éstos son de carácter individual, de personas que se salen del contexto institucional.

Mauricio Funes ha dicho que las intenciones no son de sustituir a la Fiscalía General, sino ayudar al Ministerio Público en las investigaciones de los casos, pero que la comisión dependerá de la Presidencia de la República.

Para Ávila, esto no es conveniente, porque se puede convertir en un instrumento de persecución política independientemente del partido en el poder.

Avila cree que se deben de crear más tribunales antimafias en vez de estar pensando en eliminarlos, sobre todo porque han dado buenos resultados. Agregó que lo más sensato era haber incorporado a las pandillas dentro de la Ley contra el Crimen Organizado, en vez de crear una ley antipandillas, la cual "es una ley absurda porque de los diez artículos, sólo dos tienen sentido, como por ejemplo el reclutamiento de menores y el incremento de las sanciones penales".

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