Los intereses que están detrás del sistema de transporte público son poderosos y sus brazos son largos al interior de los poderes del Estado y de los partidos políticos.
Escrito por Roberto Rubio-Fabián.07 de Marzo. Tomado de La Prensa Gráfica.
Desde hace más de 10 años venimos insistiendo desde esta columna de opinión que la concesión que da el Estado a los empresarios de buses tiene que terminar.
Una de las principales razones de tal posición, basada en la racionalidad económica, sostiene: “En las condiciones de nuestro país, el transporte público no puede ser exclusivamente privado, ni puede regirse por las leyes del mercado, ni por la oferta y demanda, ni por el afán de lucro, y mucho menos someterse a la lógica de la maximización de los beneficios y minimización de los costos... la lógica de la minimización de los costos y maximización de las ganancias se transforma en la minimización de los tiempos y la maximización de las velocidades: mientras más rápido, más gano, mientras más compita la vía, más pasajeros. Resultado: una dinámica de mercado asignando eficientemente accidentes y accidentados. Podremos mejorar las señales de tránsito, podremos atrevernos a aplicar más las leyes existentes o a endurecerlas, podremos hacer muchas campañas educativas y contar con mejores y más estrictas escuelas de manejo, pero si no cambiamos la lógica del mercado, y con ello también la forma de pago de los motoristas y las formas de propiedad de las unidades, poco habremos logrado”. (LPG, 2005)
Entregar el funcionamiento de un servicio público tan importante para la economía en manos de una lógica primitiva de generación de ganancias, en un país con una débil institucionalidad, ha contribuido a través de los años a incubar otras deformaciones del sistema de transporte: informalización (fuera del sistema tributario, operaciones sin facturación, contrataciones al margen de leyes laborales), desorden vial, conformación de un grupo de poder fáctico, intereses empresariales enquistados en los poderes del Estado, clientelismo político partidario, emergencia de operaciones ilícitas paralelas.
Con respecto a este último punto, es ciertamente preocupante lo que, con mucha claridad y valentía, afirmó el ministro de Seguridad, Manuel Melgar, durante una entrevista televisiva: “Tenemos evidencia de que en el transporte existe lavado de dinero... en el transporte existe lavado de dinero, y se maneja dinero de la extorsión, secuestro, narcoactividad, entre otros”. (8 En Punto, 1 /3/2011). El carácter informal de este sector de la economía, la falta de registro y facturación, el manejo de importantes cantidades de efectivo, son factores que favorecen tales operaciones ilícitas.
Hay que reconocer, por las razones que sean, que al fin encontramos un gobierno que parece decidido a enfrentar el poder abusivo de los empresarios de buses (como cierto reconocimiento merece el retiro del subsidio que hizo el gobierno del presidente Flores). Hay también que reconocer el bien intencionado y firme rol que en ello está jugando el secretario de Asuntos Estratégicos, Hato Hasbún. Será un paso enorme si logran que no se entregue el subsidio hasta que los empresarios de buses cumplan algunas condiciones como el seguro obligatorio, el pago de multas, la carnetización, la implementación de las tarjetas prepago, etc., así como contribuir al ordenamiento del centro de la capital, y el no bajar la guardia en la severidad con que han venido aplicando en los últimos días las leyes de tránsito. Ello amerita el mayor apoyo político y social.
Ahora bien, hay que ser conscientes de que ello será solo un primer y todavía difícil paso. Los intereses que están detrás del sistema de transporte público son poderosos y sus brazos son largos al interior de los poderes del Estado y de los partidos políticos. Solo lograr aquellos compromisos básicos para el funcionamiento del sistema de transporte ya será bastante difícil.
Pero si a esos compromisos y medidas necesarias e importantes no le sigue un proceso de cambio radical del sistema de transporte, donde tal servicio público haga honor a su nombre, y sea modernizado y manejado por una entidad pública y/o una entidad mixta, los vicios del sistema seguirán reapareciendo tarde o temprano. Insistimos, hay que encaminarnos en la ruta de hacer público el transporte público.
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