La Ley de Transparencia nace con buenas expectativas pero también con carencias. El control sobre funcionarios y partidos políticos se queda en el tintero
Por Fernando de Dios.08 de Marzo.Tomado de Contra Punto.
SAN SALVADOR – Distintos sectores de la vida política, económica y social del país se felicitaron este viernes por la aprobación definitiva de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP).
Se trata, dicen, de un instrumento que profundizará el ejercicio de derechos por parte de la ciudadanía y que dará más calidad a la democracia salvadoreña.
En virtud de la nueva normativa, las instituciones deberán proporcionar información, cuando así se les requiera, sobre los presupuestos asignados, el listado de obras públicas en ejecución, procedimientos de selección y contratación de personal -ya sea por el sistema de Ley de Salarios, contratos, jornales o cualquier otro medio-, memorias de labores y contrataciones y adquisiciones adjudicadas.
La información deberá estar disponible en las páginas web de las instituciones y en formato físico en sus sedes.
El cumplimiento de este mandato queda a cargo del Instituto de Transparencia, el cual será elegido por el presidente de la República de una terna presentada por cinco sectores de la sociedad. Éstos son el sector sindical, las universidades, las asociaciones de profesionales, la asociación de periodistas y las gremiales empresariales. Estos comisionados tendrán una vigencia de seis años y no podrán ser reelegidos.
Tanto este instituto como los oficiales de información, que son los responsables de dar información en cada una de las instituciones, deberán ser nombrados en un plazo de seis meses.
A nivel centroamericano, El Salvador era la única nación que carecía de un instrumento legal de este tipo.
Paso importante para la democracia
En palabras del presidente Mauricio Funes, la LTAIP “constituye un paso importante en la consolidación de la democracia, y forma parte de los compromisos del Gobierno por alcanzar mayores niveles de transparencia en la gestión pública”.
Con 81 votos y unanimidad de todos los partidos, la Asamblea Legislativa daba luz verde a la normativa con las observaciones realizadas por Funes, que entre otras cosas solicitó a los diputados que alargaran hasta un año el tiempo de gracia dado a las instituciones para prepararse.
Con ello, hasta al menos abril de 2012 se podrá cursar la primera petición de información a organismos del Estado, una vez hayan pasado las elecciones legislativas y municipales que se celebrarán el 11 de marzo del próximo año.
No obstante, la aprobación de la ley fue celebrada por representantes de algunas de las organizaciones de la sociedad civil unidas en el Grupo Promotor de la LTAIP, autor de una propuesta de ley que presentó al parlamento en 2008 y que se unió a otros proyectos para elaborar ésta.
Los miembros de este grupo van desde las asociaciones de medios radiofónicos y periodistas, hasta tanques de pensamiento como la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) o la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde). También están el periódico digital El Faro, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) o la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Desde el flanco del derecho, forman parte de esta iniciativa el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC), cuyo integrante, José Luis Lovo Castelar, calificó de “razonable” el plazo de un año dado por los diputados “si se pretende, como es de esperar, establecer en todo el aparato del Estado las oficinas que van a hacerse cargo de la aplicación de esta ley”.
Lovo Castelar también recordó que, paralelamente a ese proceso, se ha de desarrollar otro de capacitación de personal y, lo que es más importante, de divulgación, pues, como dijo el director de El Faro, Carlos Dada, “de nada sirve esta ley si no convencemos a los ciudadanos de que hagan uso de ella”.
La LTAIP constituye un paso adelante incuestionable en un país acostumbrado a que todo sea secreto y en el que la mayoría de instituciones públicas nunca rindieron cuentas ante la población.
Por ello, será necesario que se produzca un cambio de mentalidad tanto en las instituciones como en la ciudadanía, recalcó la directora del Departamento de Estudios Legales de Fusades, Claudia Umaña.
A la ley le faltan dientes
Aunque el debate parlamentario del jueves devino en acusaciones mutuas por parte de algunos diputados, sobre todo entre Mario Valiente, de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y su ex compañero Guillermo Gallegos, de Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA), sus señorías no deben preocuparse mucho por la aprobación de esta ley, pues sus declaraciones de patrimonio, así como las de los demás cargos públicos electos para la gestión del Estado, seguirán siendo un secreto bien protegido del conocimiento de la ciudadanía.
Así ha sido desde hace 61 años en virtud de la Constitución de la República, tal como afirma el jurista Roberto Videlas, integrante del CEJ. Su opinión es que la declaración de patrimonio de funcionarios electos sería de gran ayuda para la transparencia del Estado, pero no se puede lograr si no se reforma la Carta Magna.
Tampoco los partidos políticos deberán revelar sus fuentes de financiación, pues aunque son receptores de dinero público y hasta ahora han sido el único vehículo para acceder a dos de los tres poderes del Estado, no están entre los “entes obligados” por la ley a dar información.
Además de estas carencias, los mismos que redactaron la propuesta que dio origen a la nueva ley lamentan que se haya incluido la exigencia de que quien pida información se identifique.
Este punto, añadido por los diputados en el proceso de debate, es una demostración de que realmente ellos no han cambiado aun su mentalidad oscurantista.
Así lo expresa Roberto Videlas, para quien esta condición “no es un problema que afecte gravemente a la ley, pero indica hasta cierto punto la desconfianza que le tiene nuestra clase política a la ley, y eso es alarmante”.
En opinión de José Luis Lovo Castelar, tener que identificarse disuadirá a muchos funcionarios de pedir información sobre la institución para la que trabajan, porque “la gente tiende a ser tímida y conservadora para no afectar su propia posición al interior de su trabajo”.
Como en tantos otros casos, la razón de esta medida es que “se puede hacer mal uso de la información”, según los diputados que la impulsaron. Sin embargo, como señala Videlas, “si se avergüenza al Estado porque los datos que da revelan una actuación deficiente, eso no es mal uso de la información, es todo lo contrario”.
Juan José Ortiz, de Iniciativa Social para la Democracia (ISD), plantea carencias más profundas en esta normativa.
En opinión de ISD y de otras organizaciones como la Concertación Popular por el Cambio (CPC), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) o el Frente Social por un Nuevo País (FSNP), se debería abrir más el abanico de sectores sociales invitados a proponer ternas para el Instituto de Transparencia, pues se está privilegiando a unos en detrimento de otros.
Es una opinión que comparte el subsecretario de Transparencia del gobierno, Marcos Rodríguez, quien “hubiera querido algo más amplio, que cualquier organización civil hubiera podido proponer candidato. Pero a la hora de negociar se negoció cinco sectores”.
Rodríguez señala no obstante que “es la primera ley en el mundo en que las ternas para los titulares del ente contralor de la ley se van a hacer exclusivamente por la sociedad civil” y que hay que tener en cuenta que el presidente puede elegir entre quienes le propongan pero no puede rechazarlos.
Por otra parte, Juan José Ortiz también objeta, y así se lo comunicó al presidente en una carta abierta enviada en nombre de las organizaciones antes nombradas, que el plazo para que la información confidencial deje de serlo es demasiado largo.
Se establece un periodo de siete años al que el Instituto de Transparencia puede sumar otros cinco, con lo cual se excede el tiempo de prescripción de los delitos administrativos, que es de diez años.
Es decir, que cuando se conozca que un funcionario ha cometido un delito, éste ya habrá prescrito.
En ese sentido, Ortiz también señala la oportunidad perdida de levantar el secreto bancario para algunos funcionarios, así como el secreto fiscal y el empresarial.
A lo que Rodríguez objeta que “hablar de eso es como hablar de viajar a Marte” y que en realidad el secreto bancario puede ser levantado ya con una orden de un juez dentro de un proceso judicial.
Mientras tenían lugar todos estos análisis, los diputados Valiente y Gallegos continuaban mostrando su elevado concepto de transparencia.
Inmediatamente después del debate parlamentario, y dado que había sido acusado por el de GANA de acudir a la plenaria bajo los efectos del alcohol, el arenero acudió a Medicina Legal para que le hicieran un control antidopaje.
En la mañana del viernes, en presencia de los medios de prensa, ambos presentaron ante la Corte de Cuentas sus inocuas declaraciones de probidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentarios que incluyan ofensas o amenazas no se publicaran.