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2011/03/22

Co Latino-El Derecho a la Verdad: una conquista social y no una concesión gratuita ni generosa del poder… | 21 de Marzo de 2011 | DiarioCoLatino.com - Más de un Siglo de Credibilidad

22 de Marzo.Tomado de Diario Co Latino.

Salvador E. Menéndez Leal
Procurador Adjunto de Derechos
Humanos (PDDH)

La sociedad salvadoreña, desafortunadamente, en pleno proceso de degradación moral ha terminado por invertir el catalogo de valores que le orienta y, ha tornado, en ese marco, como secundarios algunos temas que por su relevancia y naturaleza deberían ser asumidos como prioritarios. La reflexión sobre la verdad como el sustrato natural para erigir un orden social justo, reconciliado y democrático por ello, se haya sumamente invisibilizada.

Recientemente (02/noviembre/2010) la Asamblea General de la ONU a iniciativa del Consejo de Derechos Humanos (CDH) aprobó una inédita Resolución en virtud de la cual se proclama el 24 de marzo de cada año, como Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas.
Entre los considerandos de la citada Resolución vale destacar, sin duda alguna, el que hace referencia a lo esencial que resulta  rendir tributo a los defensores de derechos humanos que han dedicado e incluso ofrendado su vida, por  la irrestricta tutela y promoción de los derechos humanos y libertades fundamentales, invocando en particular el valioso ejemplo y legado de nuestro insigne Monseñor Oscar Arnulfo Romero asesinado en esa misma fecha hace 31 años.

El Derecho a la Verdad en la teoría de los derechos humanos se ha ido perfilando gradual y de forma inexorable, tanto a nivel del sistema universal de protección de derechos humanos (Cf. Informe final acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos Res. 1996/119 de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías) así como, del sistema regional interamericano y, particularmente, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CTE.IDH, San José) y en la doctrina emanada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, Washington). En su desarrollo se ha destacado como un derecho “básico” en razón, que es fundante para el ejercicio de otros derechos humanos, por ejemplo, la paz, la justicia, la reparación, la reconciliación, el reencuentro social etc.

Vale decir que la paz auténtica, es decir aquella vinculada a la justicia social, por cierto, el pasado 20 de febrero se conmemoró el Día Mundial de la Justicia Social, no el simple apaciguamiento o las falsificaciones ideológicas que usualmente circulan en nuestro entorno, se alcanza desde la verdad, valor y principio este último que contiene una doble proyección: la verdad es maestra y, además, es liberadora tal como lo expone, inclusive, el Evangelio. La verdad o esclarecimiento histórico es también, por otro lado, un requisito sine qua non para la reconciliación.

La verdad, a diferencia del perdón, es un derecho que asume doble identidad: es de signo individual y también colectivo; se encuentra de esta manera, íntimamente ligada con el deber jurídico del Estado de investigar o esclarecer aquellos hechos que configuren violaciones a delitos, a derechos humanos y abusos de poder, todo ello como parte del deber de garantía.

En la sociedad salvadoreña a casi dos décadas de suscritos los entendimientos refundacionales de México (1992), se persiste en la dinámica de confrontar a aquellos que propugnan la desmemoria versus quienes reivindican la memoria colectiva; en la primera postura, se encuadra la tesis del perdón y olvido (victimarios) y, en la segunda, la tesis de la verdad, justicia y reparación integral (víctimas). El planteamiento inicial ineludiblemente conlleva a la impunidad y, el otro, deriva en construir un modelo social humano.

La verdad que en palabras de Monseñor Oscar A. Romero (1915-1980) está esclavizada bajo los intereses de la riqueza y el poder, se proyecta conjuntamente con la justicia y reparación integral como los tres grandes desafíos y déficit del Estado y de la sociedad salvadoreña en su conjunto para alcanzar una verdadera sociedad democrática y, sobretodo, reconciliada. La Resolución dictada por la ONU es un formidable aporte a este afán.

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