02 de Marzo. Tomado de Diario Co Latino.
La mayoría de empresarios del transporte público realizaron el lunes un paro “técnico” del transporte, para obligar al gobierno a que no continuara con las inspecciones de las unidades del servicio urbano e interdepartamental y de la documentación de los choferes.
Con mucho cinismo, empresarios y conductores de autobuses expresaron ante los medios que el paro era en protesta por la labor de revisión que estaban haciendo las autoridades de tránsito.
El descontento de los empresarios y los motoristas era por los chequeos que la policía hacía a los conductores para detectar si tenían su documentación en orden, como la licencia, o si habían ingerido sustancias prohibidas.
Por supuesto, la policía ha encontrado de todo, pero, lo más repetitivo era que los choferes o tenían licencia vencida o simplemente no la portaban.Las medidas policiales se iniciaron luego que, varios autobuses del transporte público de pasajeros fueran los protagonistas de por lo menos tres accidentes de tránsito, en uno de los cuales hubo cerca de 20 muertos, mientras que en conjunto sumaron unos 200 lesionados.
Para los empresarios y conductores, hacer cumplir la ley es sinónimo de “acoso”, y con el paro querían obligar al gobierno para no cumpliera con la ley. Asimismo, pretendían que el gobierno les condonara las multas acumuladas por las distintas infracciones, como lo hizo hace más de cuatro años la Asamblea Legislativa, pero, que, en algunos casos concretos la Corte Suprema de Justicia falló en contra.
El gobierno, a través de una comisión encabezada por Hato Hasbún, Secretario de Asuntos Estratégicos, llamó a un mesa de Diálogo a los empresarios, a quienes les puso en claro que este gobierno no va a dejar de hacer las inspecciones en terminales y en carreteras, y que tampoco eliminarán las multas.
Asimismo, les ha advertido, que si los empresarios no cumplen ciertos requisitos no se les dará el subsidio mensual que consiste en $750 por autobús, y $375 por microbús.
Entre los requisitos están el buen trato al pasajero, parar en las paradas autorizadas, colocar los escapes hacia arriba y no correr a excesiva velocidad.
Sobre la velocidad, el gobierno les ha urgido a los transportistas colocar en el motor un “gobernador de velocidad”, que consiste en un instrumento que evita que el automotor corra más allá de 90 kilómetros por hora.
Otra de las exigencias calendarizadas son que, a partir del 15 de marzo, los autobuses no ingresarán al centro histórico, y que en julio entrará en vigencia el seguro voluntario.Sin lugar a dudas, con las inspecciones de la policía, así como la obligatoriedad de cumplir otras medidas, el transporte público de pasajeros comenzará a dar muestras de que las cosas irán cambiando.
Obviamente, lo más importante en esta coyuntura es que el gobierno no cedió, no se dejó intimidar por los buseros, y eso es ya un gran paso.
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