El jueves pasado reproduje en el blog un artículo de José Luis Martínez, periodista, editor y analista de política internacional del diario La República de Montevideo, publicado el mes pasado. Transcribo un párrafo de ese artículo:
Escrito por Ernesto Rivas Gallont.10 de Enero. Tomado de La Prensa Grafica.
“El narcotráfico está dispuesto a realizar las alianzas tanto a nivel nacional como internacional con el terrorismo. Los vínculos y la convergencia son evidentes, y ponen en peligro la seguridad del hemisferio. Los narcotraficantes le han declarado la guerra al Estado de derecho, y por mantener intacto su negocio harán lo que sea, mientras que los terroristas están dispuestos a sumarse a esa desestabilización porque es buena para sus ilícitos negocios y para imponer sus estrategias políticas. El terrorismo no es independiente del narcotráfico, ambos enfrentan las instituciones democráticas y hacen peligrar la gobernabilidad de la región. Dependerá entonces de la solidez de la democracia, de sus instituciones, de nuestras capacidades y determinación, y sobre todo de nuestro pragmatismo, para enfrentar esas oportunistas alianzas locales y transnacionales entre narcotraficantes y terroristas. Una sociedad libre no puede ser presa del narcoterrorismo”.
El término “narco-estado” se usa cada vez más para identificar y expresar repudio por la política de un gobierno hacia el tráfico de drogas. Los países que más vienen a mente en nuestra región son Guatemala y México, pero nosotros no estamos lejos de que se nos identifique como un narco-estado si la política del gobierno no cambia y no se castigan las serias trasgresiones a las leyes.
Recordamos con trepidación el salvaje asesinato de tres diputados de ARENA en el PARLACEN y su motorista-seguridad que en febrero próximo cumplirá tres años. Los horrendos crímenes que siguieron al asesinato de los diputados evidenciaron que el narcotráfico ha invadido hasta los estratos más altos de las agencias de seguridad y la misma administración en Guatemala.
Interpretamos la captura del supuesto autor intelectual de los asesinatos, Manolín Castillo, alcalde de Jutiapa y diputado guatemalteco, como señal positiva que el presidente Colom estaba dispuesto a llevar el caso hasta las últimas consecuencias. Pero a la fecha nada ha sucedido.
Cuando el hecho ocurrió no faltaron las voces en El Salvador, desde el director de la PNC de entonces, Rodrigo Ávila, pasando por el fiscal general, hasta el presidente de la República, que comprometieron su palabra que aquí en el país se llegaría hasta el fondo del crimen “no importa quien resulte involucrado”, frase lapidaria famosa utilizada con tanta frecuencia que ha perdido su significado.
Ávila me dijo a mí que en El Salvador “nadie sabía tanto del crimen” como él. Pero aquí no sucedió nada, a pesar de tratarse de tres diputados del partido de gobierno, uno de los cuales, Eduardo d’Aubuisson, era hermano de un prominente diputado del mismo partido.
Mucha agua ha corrido bajo los puentes de la injusticia, intolerancia e impunidad en El Salvador sin que se evidencie una firme decisión de actuar contra el narcotráfico. Es como si sus tentáculos ya alcanzan a inquilinos de oficinas y recintos de funcionarios y diputados, que son objetivos predilectos de los narcotraficantes.
Lo que a la vista está –aunque no signifique que son los únicos– es la PNC donde docenas de policías y oficiales están empolvados hasta la coronilla de cocaína y otros alucinógenos. Las investigaciones están entorpecidas por amenazas a la inspectora que las tiene a su cargo. El siguiente paso es convertir el país en un narco-estado.
Lea más sobre el tema hoy en mi blog http://blog.netorivas.net
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