EDH-Los costos de cumplir la misión

Escrito por Carlos Ponce. 22 de Enero. Tomado de El Diario de Hoy.

Involucrar a las Fuerzas Armadas en actividades eminentemente policiales es un tema internacionalmente sensible, foco de atención para diferentes actores de la sociedad, quienes nutren el debate público mundial sobre la temática, analizando desde diversas perspectivas la implementación de este tipo de iniciativas en diferentes continentes.
Las investigaciones científicas sobre el tópico, examinan situaciones muy particulares, que van desde el uso de personal castrense para controlar disturbios públicos, durante el Siglo XIX en la Alemania imperial de Prusia y la Tercera República Francesa, hasta el relativamente reciente rol preponderante que han protagonizado los Ejércitos de Colombia, Estados Unidos y México en la lucha contra el narcotráfico. Aunque el enfoque de dichas indagaciones varía sustancialmente, parece haber un consenso generalizado: existen inconvenientes inherentes en el despliegue de personal militar para el desarrollo de trabajo verdaderamente policíaco.

Muchos académicos señalan que existen marcadas incongruencias entre el trabajo militar y policial, que complican la ejecución de estrategias anti-delincuenciales que involucran a efectivos castrenses. Los estudios señalan, sin embargo, que esto no significa que los miembros de la Fuerza Armada no puedan ser sometidos a un intenso programa de adiestramiento, en el que se les inculquen los principios, técnicas y tácticas policiales, para que las internalicen y posteriormente utilicen efectivamente en el desarrollo de labores de seguridad pública.

No obstante, la literatura también indica que esto conlleva diferentes costos, tanto financieros como estratégicos, que se abordarán en otra ocasión, ya que su discusión escapa el alcance del presente escrito.

Tradicionalmente, el despliegue de tropas en el contexto de estrategias de control delictivo, se enfoca principalmente en las jurisdicciones más problemáticas, en donde las fuerzas policiales han demostrado una aparente incapacidad para cumplir efectivamente su misión. Aunque esta estrategia ha logrado disminuir la incidencia delincuencial en algunos países, los resultados positivos conllevan un desgaste: un incremento significativo en la cantidad denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos.

Esta consecuencia colateral es evidente en el caso de México, en donde el Presidente Felipe Calderón, desde el inicio de su administración, ha desplegado a decenas de miles efectivos militares para combatir el narcotráfico. Muchos expertos señalan que el debilitamiento de importantes organizaciones mexicanas dedicadas al tráfico de droga (como los carteles de Sinaloa y del Golfo) durante el 2009, ha sido en gran medida un logro atribuible al trabajo de la Fuerza Armada del país azteca.

Sin embargo, la progresivamente creciente participación del Ejército mexicano ha conllevado un significativo incremento en la cantidad de denuncias contra sus efectivos por presuntas violaciones a los derechos humanos. El aumento ha sido tal que diferentes organizaciones de derechos humanos mexicanas y foráneas lo han adoptado como bandera de batalla y, además, se ha convertido en un tópico de debate público entre políticos, principalmente de México y EUA, quienes buscan ganar simpatizantes.

Aunque el Presidente Calderón ha señalado reiteradamente que el involucramiento de la Fuerza Armada es temporal y cesará una vez existan las condiciones ideales dentro del sistema de seguridad pública federal para asegurar la efectividad y honestidad del trabajo antinarcóticos, sus opositores retoman las cifras de denuncias en contra de soldados, para atacar no solamente al mandatario y sus políticas sino también a la institución armada.

El incremento de denuncias por supuestos abusos cometidos por militares es algo natural, al considerar el contexto y las particularidades del trabajo asignado recientemente al personal castrense en El Salvador. La literatura policial demuestra que los policías que cuentan con más denuncias en su contra son aquellos que trabajan en los sectores más peligrosos y los que, por la naturaleza de su especialidad, interactúan más con el público. Si los soldados salvadoreños han sido enviados a los lugares más violentos y su interacción con la población ha aumentado, es lógico inferir que como resultado las denuncias en su contra se incrementarán.

Indiscutiblemente este es un costo que el Alto Mando militar tiene que haber advertido, discutido con sus jefaturas y minimizado a través del diseño e implementación de estrategias orientadas a ese fin. La institución castrense debe de formular un plan orientado a ganarse la confianza, simpatía y respeto de los residentes en las zonas en donde ha sido desplegada.

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