Escrito por Damaris Aguilar. 15 de Enero. Tomado de Contra Punto.
La lucha de los medios de comunicación participativos por abrirse espacios igualitarios en el dial se ve obstaculizada por la negativa del sector radial comercial y la tergiversación de la prensa conservadora que ha pintado la iniciativa como control y regulación de los medios.
SAN SALVADOR - La digitalización del espectro radioeléctrico posibilitaría mayor cantidad de espacios para que existan más medios alternativos. Este es el propósito que persigue la propuesta del Movimiento para la Comunicación Democrática (MCD), que plantea la creación de una ley para radio y televisión, pero la iniciativa ha sido bloqueada por intereses privados.
Según el MCD (conformado por medios de comunicación alternativos y diversas organizaciones) el espectro radioeléctrico debe ser dividido entre los tres sectores: el público-estatal, el comercial y el sector sin fines de lucro –participativo—, asignándoles a cada uno un 33%.
Actualmente, el espacio radial es acaparado por 125 emisoras comerciales afiliadas a la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (Asder), que ocupa el 95%. Mientras, la Asociación de Radios y Programas Participativos (Arpas), cuenta con una sola frecuencia radial a nivel nacional (92.1 AM) que se comparte entre 21 emisoras aglutinadas en el mismo dial.
Otras radios comunitarias existentes son Radio Maya Visión y YSUCA, ambas tienen su propia frecuencia. Mientras tanto el Estado tiene dos frecuencias, Radio Nacional (96.9) y Radio Cadena Cuscatlán (98.5).
La digitalización permitiría ampliar el dial, y por consiguiente, de una frecuencia radial se pueden obtener cuatro de mejor calidad que supera al actual sistema analógico; sin generar intervención de la señal.
Una idea con acento argentino
La repartición del 33% a cada uno de los tres sectores ha sido retomada de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina, recientemente aprobada en esa nación, pero el MCD también retoma ejemplos de legislaciones de países como Uruguay y Colombia.
La ley argentina, y las legislaciones uruguayas y colombianas, han sido bien evaluadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y las relatorías de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la Organización de Estados Americanos (OEA), por el respeto que implican a la libertad de expresión y a los derechos humanos en general.
La nueva ley que rige a los medios argentinos tiene como propósito la “desconcentración” de medios, prohíbe los oligopolios; es decir, sectoriza y legisla para tres partes. La legislación además, abre las puertas a los medios sin fines de lucro y elimina la subasta para éstos.
“La ley de argentina es la que mejor respeta todos los estándares nacionales en materia de Derechos Humanos” dijo el representante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, capítulo El Salvador (Amarc-es), José Pérez.
En El Salvador, la normativa argentina no es bien vista por el sector radial comercial ni por la prensa conservadora, que ve en ella una regulación de los medios, y la palabra regulación en El Salvador ha sido una “mala palabra” para sectores empresariales acostumbrados al neoliberalismo que impuso por 20 años la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
“La ley de argentina es cien por ciento un atentado a la libertad de expresión porque realmente limita (el trabajo de los medios)”, dijo a ContraPunto la directora ejecutiva de Asder, Ana María Urrutia.
Sin embargo, el MCD aclaró que no pretende “calcar” una ley que no se base en la realidad salvadoreña.
“Es solo un referente, El Salvador necesita de su propia ley creada para salvadoreñas y salvadoreños”, dijo el presidente de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (Arpas), Guillermo Ramos.
En cuanto a la digitalización del espectro radioeléctrico, el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Rafael Domínguez, considera que es una inversión onerosa y que ningún medio está en la capacidad de hacerla.
“Tenemos entendido que para la parte digital es una enorme inversión que hay que hacer y hasta ahora nadie ha dicho cómo se realizaría”, señaló. Cuestionado sobre cuáles serían esos montos de inversión a los que él se refiere, Domínguez dijo desconocerlos.
Interés empresarial de por medio
Pero aquellos que conocen mejor los detalles técnicos, piensan que la idea es viable.
El ex titular de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), Tomás Campos, recientemente destituido por el presidente Mauricio Funes, afirmó que la digitalización es un proyecto viable para el país porque es una inversión recuperable.
“La digitalización siempre se pudo hacer desde hace ratos en la radio, pero no se ha hecho porque Asder pretende que los comensales no aumenten”, dijo Campos a ContraPunto, refiriéndose a que esa gremial no quiere que haya mayor participación en el dial.
Y él sabe de lo que habla. Aunque por breve tiempo, Campos, al frente de la Siget, pudo conocer de primera mano los intereses económicos que estaban detrás del rechazo a la idea de ampliar el espectro radioeléctrico con la digitalización.
Pero Asder rechaza la acusación.
“La Asder y la AIR –Asociación Internacional de Radiodifusión— lo único que está pidiendo es que el cambio sea capaz de soportar la situación económica de los radioescuchas”, dijo Urrutia, en referencia al costo que implicaría a la población, con la digitalización del dial, el proveerse de los nuevos receptores digitales.
“Nosotros no nos oponemos por ningún aspecto comercial”, remató.
Una vez se pase del actual sistema de transmisión análoga al digital, el público tendrá que hacer un cambio de aparatos receptores (de radio y televisión) lo que significa que si no se tiene un receptor que lea la señal digital, no se podrá escuchar radio, ni ver televisión. Eso sí, en efecto, implica un costo para la audiencia.
La jefa del Departamento de Letras, Comunicación y Periodismo de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Amparo Marroquín, considera que todos los cambios implican gastos. La digitalización es un proceso que no se hace de la noche a la mañana, pero que puede llevarse a cabo de manera paulatina. Pero el Estado debería facilitar un marco jurídico financiero y técnico.
No obstante, Campos explicó que mientras el traslado se dé gradualmente, deben existir las dos opciones (analógica y digital). El Estado debería subvencionar una parte del costo de los aparatos receptores, dijo.
Una ley añeja
La actual Ley de Telecomunicaciones fue decretada en 1997, durante la gestión del presidente Armando Calderón Sol, y no contempla las nuevas tecnologías; únicamente menciona a la telefonía fija.
Campos dijo que la Ley de Telecomunicaciones vigente ni siquiera toma en cuenta la telefonía móvil ni la Internet; mucho menos menciona la digitalización que hace 13 años eran algo distante, pero hoy son una realidad y es necesario corregir eso.
También aclaró que la necesidad de crear una nueva ley de telecomunicaciones no es solo por el hecho de que la actual no hace mención de las nuevas tecnologías, sino también porque existen demasiadas aberraciones en ella.
Por su parte, la académica de la UCA también considera que la actual Ley de Telecomunicaciones posee distintos problemas que expertos legales y estudiosos del tema ya han señalado.
Uno de estos problemas es que las frecuencias se asignen por subasta, ya que ésta deja pocas posibilidades de asegurar la diversidad de voces en el espectro radiofónico.
“Los empresarios de la comunicación tienen todo el derecho a un número de frecuencias, pero sería bueno que la ley contemple también las necesidades de otros grupos que no pueden acceder a los precios que se asignan en una subasta”, explicó Marroquín.
El MCD también considera que la subasta, método utilizado para acceder a una frecuencia de radio y televisión, debe desaparecer para las radios comunitarias o sin fines de lucro, pues su lógica no es la comercial sino informar y educar a la comunidad de una forma participativa. Son vocaciones totalmente distintas.
La idea del movimiento para que las radios participativas ganen una frecuencia, es que ésta ya no dependa de una subasta, sino de una propuesta en contenido, de modo que aquellas propuestas más innovadoras tendrían la posibilidad de ganarse la concesión. No obstante, consideran que la subasta debe mantenerse para el sector comercial cuyo fin es el lucro.
El comunismo hasta en la sopa
El MCD aclara que su propuesta de ley no implica la regulación, el control o la expropiación de los medios, tal como se ha dejado entrever en algunos medios de comunicación conservadores.
Por el contrario, el movimiento dice estar a favor de la democratización de la comunicación y demandan al gobierno la creación de políticas públicas para el sector.
“Estamos demandando de este nuevo gobierno políticas públicas, precisamente sobre algo tan estratégico y tan importante como son las comunicaciones”, dijo Pérez.
Para llevar a cabo la propuesta, el movimiento solicita se convoque a una mesa de consulta nacional en donde los tres sectores de la comunicación (estatal, comercial y sin fines de lucro) participen de manera conjunta en la elaboración de la ley para radio y televisión.
Sin embargo, desde noviembre 2009, algunos medios impresos como El Diario de Hoy (EDH), han planteado que la iniciativa del movimiento busca controlar y regular los medios de comunicación al estilo del mandatario venezolano Hugo Chávez y su Socialismo del Siglo XXI.
Señalamientos que el presidente de Arpas, Guillermo Ramos, aseguró no son el objeto de la ley para radio y televisión que el MCD propone crear.
“Nosotros nunca hemos hablado de regulación, ni de control de los medios de comunicación en ningún momento”, enfatizó.
La iniciativa tampoco ha tenido eco en el gremio radial, Asder, que ya ha expuesto su negativa ante la propuesta.
“Las organizaciones de corte de izquierda buscan la monopolización de los medios de comunicación”, dijo Urrutia, de Asder.
Asder sostiene que Arpas posee más del 30% del dial. Aseveración que Guillermo Ramos, presidente de Arpas deslegitima.
“Eso es totalmente falso, imagino ha de ser un error o alguna equivocación, porque no creo que sea ignorancia, a no ser que hubiese malicia. Es una sola frecuencia la de Arpas, 92.1”, aclaró.
Debido a la manipulación que la prensa local ha hecho del tema, el mismo presidente Funes ha dicho que no apoyará una propuesta que regule a los medios; propuesta que existe, pero con una finalidad diferente: la democratización de las comunicaciones, entendida como la participación igualitaria de los tres sectores que manejan la comunicación radial y televisiva. Todo eso a través de la digitalización del espectro radiofónico. Con más espacios en el dial, no habrá necesidad de expropiar a los que ya tienen frecuencias.
El MCD sostuvo una reunión, en noviembre pasado, con quien hasta antes de su despido, la semana pasada, era la cabeza en la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), Tomás Campos. En el encuentro el movimiento expuso de manera puntual sus planteamientos en torno a digitalizar el espectro radial.
“Con el Superintendente anterior iniciamos un proceso de discusión, no hemos tenido
una profunda negociación como se ha querido presentar en los medios”, explicó Juan Carlos Sánchez, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, (Fespad).
El MCD espera que se respete el principio de continuidad, es decir, que no importa con qué funcionario se establezca un acuerdo porque es la institucionalidad la que debe privar. Voceros del movimiento habían dicho que ayer jueves 14 sostendrían una reunión con el nuevo Superintendente de la Siget, Luis Méndez, pero se desconocen los resultados del encuentro, o si en efecto se llevó a cabo.
Funes: sí pero no
La propuesta que el MCD presenta en esta ocasión asegura es la misma que entregaron un 6 de junio de 2008, en el auditorio de derecho, Herbert Anaya Sanabria de la Universidad de El Salvador, al que en ese entonces era candidato a la presidencia por el FMLN y hoy es Presidente de la República, Mauricio Funes.
El FMLN había convocado a cinco gremiales de comunicadores para que trabajaran como Mesa de Comunicación del Diálogo Social Abierto, en la creación de una propuesta en materia de comunicaciones.
Las gremiales convocadas fueron el Sindicato de Periodistas y Similares de El Salvador (SINPESS), Arpas, Amarc, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), y Asder, pero esta última a pesar de ser convocada no formó parte en la consulta que se hizo a más de 150 comunicadores.
A esa Mesa de Comunicación que hoy se denomina MCD se sumaron la Fundación de la Comunicación para el Desarrollo (Comunicándonos), el Departamento de Letras, Comunicación y Periodismo de la UCA y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).
También participaron el Centro de Orientación Radial para la Mujer Salvadoreña (Corams), Asociación Intersectorial para el Desarrollo Económico y el Progreso Social (Cidep), Diario El Independiente, Radio Guazapa, Diario CoLatino, Radio Cadena Mi Gente, Radio Sensunat y Radio Milenio.
La Mesa de Comunicaciones trabajó en cinco temáticas: derecho a la información y acceso a la información pública, acceso democrático a los medios de comunicación, defensa de la libertad de prensa y ejercicio profesional del periodismo, entre otros temas.
En esa ocasión Mauricio Funes recibió la propuesta (que hoy reitera el MCD) para que formara parte de la plataforma política del FMLN, y según Ramos, el hoy Presidente acogió con buenos ojos las propuestas que se le estaban haciendo.
“Hay que fomentar la existencia de más radios, televisoras y periódicos que respondan a la comunidad”, puntualizó en aquella ocasión el ahora Presidente.
Además, ofreció despartidizar a los medios de comunicación en manos del gobierno para posteriormente convertirlos en radios y televisoras públicas de servicio a la sociedad.
Ahora Funes retrocede y ha dicho que “desconoce” el contenido de la propuesta de ley que el MCD plantea, puesto que no ha recibido ninguna solicitud. Y aclaró que lo único que conoce de este movimiento es lo publicado por los medios de comunicación.
“Yo no he recibido ninguna solicitud de reforma a la Ley de Telecomunicaciones, ni creación de una nueva ley. Por lo tanto, las opiniones que yo puedo externar es en función de lo que ha aparecido en los medios”, aclaró.
El MCD explicó en entrevista televisiva que ellos no tienen un anteproyecto de ley, sino una serie de planteamientos sobre el tema que pudieran ir conformando poco a poco una propuesta formal.
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