Escrito por Norma Guevara de Ramirios.19 de Enero. Tomado de Diario Co Latino.
En acto solemne celebrado en un salón de la Cancillería, el Presidente Mauricio Funes pidió perdón, en nombre del Estado, por las violaciones a los derechos humanos cometidos en el transcurso del conflicto interno que finalizó con los Acuerdos firmados el 16 de Enero de 1992.
El Presidente también asumió tres medidas importantes : creación de una Comisión de Búsqueda, que continuará la labor iniciada sin apoyo del Estado por el Padre Jon Cortina, el establecimiento inmediato de una mesa de diálogo con las asociaciones de lisiados de guerra y una Comisión integrada por representantes de los Ministerios de Defensa, Hacienda, la Secretaría de Inclusión Social y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que hará propuestas tendientes al resarcimiento moral y material de las víctimas, en el marco de las limitaciones financieras del Estado.
Reconocer que se cometieron graves violaciones a derechos humanos por agentes del Estado y paraestatales, significa, y así lo subraya el Presidente Funes, la dignificación de las víctimas que las señaló puntualmente como niñas y niños, mujeres, estudiantes, campesinos, intelectuales, religiosos y religiosas, trabajadores, opositores políticos y activistas de derechos humanos.
Oír el pedido de perdón por el Presidente cuando se cumplían 18 años de la firma de los Acuerdos de Paz, provoca recuerdo de personas queridas que desaparecieron, murieron, emigraron o que transformaron su condición de vida por la pérdida de seres queridos o medios de vida; esas situaciones desencadenantes del drama humano causado en medio del conflicto son situaciones que jamás deben volver a pasar en nuestra patria, y menos promovidas por las instituciones estatales.
Para quienes queremos la justicia como base de la paz, sabemos que este simbólico mensaje, reconforta porque inicia de la liberación de las instituciones que simplemente justificaban la represión manteniendo el ataque, la mentira y la denigración a quienes luchan por la justicia. Motiva a decirles a quienes conocimos: tu lucha da frutos de verdad y justicia.
La impunidad debe desaparecer en nuestra patria y requiere de todos y todas una actitud recta con el pensamiento, con los compromisos políticos, con el deber respecto a los demás; y este acto valiente del Presidente pasará a reconocerse como un componente de esa verdad y valentía necesarias para edificar el nuevo país que esperábamos después de la firma de los Acuerdos de Paz.
En nuestro país, a pesar del tiempo transcurrido desde el final del conflicto, en cualquier lugar una plática da lugar a recordar, a contar sobre familiares, amigos o vecinos que sufrieron represión, persecución; de manera que los destinatarios de este acto de reconocimiento, pedido de perdón y establecimiento de medidas para el resarcimiento moral, representa un gran acontecimiento para la mayoría del pueblo salvadoreño, y un mensaje a la totalidad del país para asumir realmente, el compromiso de luchar para que nunca más vuelva a ocurrir.
El Presidente asume esta posición que será reconocida por la gente más sufrida en el inicio de su mandato, y los resultados de las medidas anunciadas pueden estimular una actitud muy necesaria para enfrentar los problemas de hoy, la de preferir asumir la verdad aunque sea incómoda, antes de vivir en un mundo de fantasías, apariencias y encubrimiento que limitan la fortaleza de la gente y del país. La verdad y la lucha por los cambios justos deben ser el signo de los tiempos, verdad al ver el pasado, verdad para ver el presente, así podremos dejar para el futuro un mejor camino.
Estas decisiones del Presidente, constituyen cumplimiento puntual de sus promesas de campaña en materia de derechos humanos, en la parte cuarta de su programa, referido a la reforma política recoge justamente esas medidas: “El reconocimiento de la responsabilidad estatal en las violaciones de derechos humanos, pedir disculpa pública a las víctimas y a sus familiares, tomando las medidas necesarias para garantizar la no repetición de tales violaciones”, “Programa estatal de reparación de víctimas de violaciones de derechos humanos”, y “Promoción y garantía de una política de justicia, verdad y reparación de las graves violaciones de derechos humanos sucedidas en el presente y en el pasado reciente”.
Simbólicamente vivamos la dignificación de inocentes como las niñas y niños asesinados en el Río Sumpul, de sindicalistas de FENASTRAS, FUSS y FESTIAVCES de profesionales como Arturo Vásquez, de mujeres defensoras de derechos humanos como Magdalena Henríquez y Marianela García, del Padre Grande y de todos cuantos conocemos directamente o por referencia de otros, de una historia de martirio y heroísmo que caracteriza a nuestra patria.
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