Escrito por Carlos Roberto Sánchez.08 de Mayo. Tomado de La Prensa Gráfica.
rober_chez@hotmail.com
“¿Se podría formar el partido de los que no están seguros de tener razón? Sería el mío”.
Esta frase, expresada por Albert Camus, podría expresar el sentimiento casi generalizado en nuestro país, respecto a los actores políticos, más importantes de la vida nacional: los partidos.
En Ciencia Política se afirma que las democracias representativas modernas son inimaginables sin la existencia de los partidos políticos. Su existencia casi universal y su papel como orientadores de demandas y nexo entre los ciudadanos y los centros de poder político, confirman tal aseveración.
Dentro de nuestro proceso de consolidación democrática, a partir de los Acuerdos de Paz, los partidos políticos han tenido un papel preponderante en la vida política, siendo los únicos vehículos para el acceso a los cargos de elección popular; dicha función tenía un carácter de incuestionable e incontrovertible. En los últimos años, han surgido serias críticas al funcionamiento, que no a la existencia, de dichos entes. Los cuestionamientos se han hecho sentir desde, prácticamente, todos los sectores sociales y, últimamente, desde la Sala de lo Constitucional, con la Sentencia de Inconstitucionalidad 61-2009 y desde la misma Presidencia de la República, con el veto al Decreto Legislativo 635.
¿Es que la sociedad, pretende acabar con los partidos políticos, tal como han insinuado muchos dirigentes? ¿Son los partidos políticos instituciones caducas y con un oscuro destino? De ninguna manera; y es que los partidos políticos, tal como se afirmó, son indispensables para la democracia salvadoreña, sin embargo, dicha calificación no debe interpretarse como un derecho de exclusividad sobre los mecanismos de representación en la función pública, ni sobre el mismo funcionamiento de esos organismos.
Es necesario que las cúpulas partidarias comprendan de una vez por todas que no existe ningún antagonismo entre los partidos políticos y los ciudadanos, sino que el que realmente existe es entre consolidación democrática e institucionalización de viejos paradigmas. Los partidos, en sí mismos, constituyen parte del primer elemento, pero las prácticas señaladas por diversos sectores forman parte, en definitiva, del segundo.
Los ciudadanos no estamos en contra de los partidos políticos como instituciones, pues de estarlo, seríamos adversarios de la misma democracia constitucional, pero sí estamos en contra del estancamiento en la evolución de las instituciones, especialmente cuando estas juegan un rol tan trascendental en la sociedad.
El hecho de que gran parte de las cúpulas partidarias vean en los movimientos sociales y políticos actuales una amenaza a su status quo es un síntoma de que nuestro régimen de partidos está distorsionado, y ha perdido en la práctica aquellas funciones que motivaron su surgimiento, desviándose así de su fin fundamental, el cual debe trascender de sus estructuras individuales, por medio de acciones concretas en beneficio de los ciudadanos, quienes son sus exclusivos destinatarios y beneficiarios. No queremos destruir a los partidos políticos, más bien deseamos salvarlos, como instituciones imprescindibles para la convivencia democrática.
Tanto la sentencia de inconstitucionalidad, como el veto del presidente de la República, deben ser vistos por los partidos como una oportunidad para reformular sus acciones y buscar una mayor profundización de la democracia, y no como acciones que buscan su debilitamiento, por cuanto en la medida en que la democracia resulte fortalecida, también lo serán estos, como partes esenciales del sistema político.
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