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2011/05/15

EDH-Terrorismo de Estado

 Breve análisis El orden jurídico derrotó a los dictadores, pero la justicia misma, manipulada y en manos incorrectas podría ser utilizada para silenciar la crítica

Luis Mario Rodríguez R.15 de Mayo.Tomado de El Diario de Hoy.

 

En algunos países suramericanos, la democracia se limita a la elección de autoridades a través del voto popular. Una vez electos, o reelectos, las libertades sufren silenciosamente menoscabos que lindan con el terrorismo de Estado. Los elegidos por los ciudadanos se abrogan el derecho de elegir ellos a quienes desde otras instituciones, presuntamente independientes, trabajarán a su servicio. Magistrados del máximo Tribunal de Justicia, Fiscal General, Contralor de la República, son sólo algunos de los funcionarios al servicio del régimen. La estrategia para consolidar el poder: la reforma constitucional. Con el disfraz de la democracia participativa y a través de los instrumentos establecidos para llevarla a cabo, el Ejecutivo celebra referéndum o consultas populares para "legitimar" los cambios que según su "visión", beneficiarán al pueblo. Las campañas para el "si" o para el "no", recurren frecuentemente a los fondos de los contribuyentes. En otras palabras, el régimen pone "la maquinaria del Estado" al servicio de los que tienen a su cargo las respectivas campañas para que gane lo que el régimen mismo quiere. Si la idea es permitir la reelección o la regulación de medios, se financia el "si". Por el contrario, si lo que se consulta es si se está de acuerdo que el presidente que lleva 15 años deje el poder, entonces se financia el "no".

El régimen se preocupa por coartar la independencia de poderes. Así puede mantener "a raya" a sus adversarios políticos. Manipula la ley en contra de todos los que se oponen a sus planes. Inicia procesos legales, los persigue públicamente y si no logra dejarlos en la cárcel, por lo menos los desacredita públicamente con la detención administrativa de los "tres días." Las amenazas son continuas y tienen un modus operandi común en la mayoría de los casos: inicia con un rumor en contra de quien es incómodo al presidente o a sus aliados; el rumor se extiende y los cercanos al "incómodo" le advierten que un proceso legal está por venírsele encima; se le imputan delitos --cuyo catálogo es amplio en varios de esos países y van desde los más graves hasta aquellos que lindan con el ridículo fundamentados en el presunto "complot" contra el régimen-- y si quienes pretendían amedrentar al "incómodo" tienen suerte, obtienen su silencio y entierran las críticas que éste hacía a través del medio de comunicación, organización pública o privada para la que trabaja o a la que representa, tratándose de miembros de un partido político.

En pleno Siglo XXI, donde se supone la protección a los derechos humanos está por sobre cualquier otro interés, aún se tuerce la legislación, se manipulan los hechos y se aplica arbitrariamente la ley. Con ello se logra privar de libertad a quienes conscientes de la grave situación que viven sus conciudadanos, se aleja de la comodidad de aquellas actividades que no le representan ningún riesgo y elige las que estén en el ojo de vigilancia de los dictadores modernos. En estos países, los activistas de diferentes organizaciones deben caminar en el "filo de la balanza" porque la ley no los protege, al contrario, los amenaza. Los procesos en su contra se abren por cualquier frase, afirmación, reunión, viaje sospechoso, aspiración política o "manipulación de la información" que la autoridad considere perniciosa para el gobierno. Sus familias viven amedrentadas y la zozobra es la constante de quienes por una u otra razón ejercen algún liderazgo en organizaciones privadas o institutos políticos de oposición y en consecuencia son vistos como una amenaza a la "estabilidad" del gobierno de turno.

En las dictaduras de Pinochet en Chile o Videla en Argentina, la violación de los derechos humanos fue una constante. La diferencia entre aquella época y la actual, es que los chilenos y argentinos sabían a lo que se atenían. Ahora, con el pretexto que su mandato fue legitimado en las elecciones, los gobernantes o las instituciones que éstos manipulan, no matan ni reprimen en público, simplemente inventan un proceso penal, dan "muerte civil" a quienes les critican y se quitan de encima al opositor. En las dictaduras de entonces, si hablaban en contra del "general" los asesinaban, o si la víctima tenía suerte, la desaparecía conminándola a la cárcel como reo político. Allá no había ley. Lo que existía era la voluntad del dictador y según sus caprichos, se eliminaba o se dejaba vivir a quien constituyera un obstáculo a su proyecto de gobierno.

La única solución a semejantes atropellos es el fortalecimiento institucional. Hoy día las rupturas violentas del poder político son la excepción –Honduras por ejemplo–. Pero aparentemente estos incidentes del pasado han sido sustituidos por las "rupturas arbitrarias de la ley", para deshacerse de los personajes incómodos. Para contrarrestar este mal del Siglo XXI, que se extiende cada vez más por la mayoría de países, los ciudadanos deben vigilar los procesos de elección, principalmente en aquellas entidades relacionadas con la administración de justicia. El orden jurídico derrotó a los dictadores, pero la justicia misma, manipulada y en manos incorrectas podría ser utilizada para silenciar la crítica, eliminar los liderazgos y desacreditar a las instituciones.

elsalvador.com, Terrorismo de Estado

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