Escrito por Ernesto Rivas Gallont.15 de Mayo.Tomado de La Prensa Gráfica.
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Se rumora con insistencia que el FMLN y GANA han alcanzado un acuerdo para elegir a Andrés Rovira, presidente de GANA, o a Silvia Aguilar, del mismo partido, al cargo de presidente de la Corte de Cuentas. Es decir, todos aquellos ruidos de que 27 años de sometimiento de la controlaría del Estado a la cínica hegemonía del PCN llegaban a su fin y que ahora habría un presidente independiente que garantizara probidad y profesionalismo en la institución se quedaron en eso, solo ruidos.
El 28 de septiembre de 2005, tuvo lugar la primera mesa redonda del innovador programa de FUSADES “Las Instituciones Democráticas de El Salvador”, que trató sobre el control de fondos públicos. La síntesis de la propuesta de FUSADES dice: “El manejo de los fondos públicos es un presupuesto fundamental de la legitimidad democrática y la eficiencia económica de los entes públicos. En El Salvador se advierte la falta de independencia de la Corte de Cuentas de la República, su politización y su excesiva discrecionalidad para intervenir en determinados casos”.
La controvertida institución ha sido coto de caza del mismo partido político desde hace 27 años y eso es perverso. La Corte está desfasada en el tiempo y su reforma se vuelve imperativa, si es que El Salvador va a fortalecer su economía y a atraer nuevas inversiones, principalmente alrededor del TLC.
Estamos perdiendo todas las esperanzas que teníamos de contar con un instituto contralor libre de influencias políticas y presidido por una persona de comprobada capacidad profesional y honorabilidad.
Transparencia Internacional realiza su estudio anual, tomando como base las opiniones de empresarios y analistas nacionales. Los índices oscilan entre 10 menor corrupción y 0 altamente corrupto. En el informe 2010 el índice de El Salvador se determina en 3.6, lo que indica, según TI, “un nivel serio de corrupción”.
Muchos inversionistas evitan ambientes corruptos porque en ellos las compras de voluntades implican una reducción en sus utilidades o en sus inversiones productivas. Además, la corrupción significa que el racional económico para el desarrollo de un proyecto se ve distorsionado. La corrupción distorsiona la economía; desfigura los precios de los bienes y servicios, reduce el flujo de bienes, disminuye la base impositiva y desvía los recursos que debieron invertirse en mejorar el sistema de vida de los necesitados.
La corrupción, en una forma u otra, ha existido y continúa existiendo en nuestra sociedad. En los últimos meses, ha surgido una marcada preocupación por el tema, no solo en el gobierno que está realizando esfuerzos serios para controlar la corrupción, sino también en la sociedad civil, en la comunidad académica y en las organizaciones internacionales, sobre las causas y efectos de un comportamiento corrupto dentro de la burocracia gubernamental. Esto ha sido motivado por la convicción que la buena gobernabilidad es esencial para un desarrollo económico sostenido y que la corrupción en el sector público es un impedimento significativo para el crecimiento y la prosperidad.
A medida que se crea conciencia de que la corrupción afecta el desarrollo, el papel de la prensa al denunciarla toma prominencia. Normalmente, la prensa asume la iniciativa de la denuncia bien intencionada. Los medios son llamados a presionar por las reformas y liderar los esfuerzos para prevenir la corrupción. Hay quienes sostienen que este papel es peligroso, que los medios no deben asumir responsabilidades reservadas a las autoridades específicas o a la misma sociedad.
Más sobre el tema hoy en mi blog: http://netorivas.net y escuche nuestro programa de radio los miércoles a las 7 a. m. en la 92.5Club.
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