EDH-Hora de desechar las iniciativas ilusorias en seguridad

 Carlos Ponce.11 de Mayo. Tomado de El Diario de Hoy.

La cantidad de homicidios aún se mantiene en niveles elevados e inaceptables. Según cifras oficiales, el número de agresiones letales registradas durante abril de este año es prácticamente el mismo que el reportado durante el mismo mes de 2009, el año más violento de la última década. Además, otras modalidades delictivas reflejan un preocupante incremento. Los secuestros exprés, por ejemplo, se han intensificado en diferentes partes del país. La decadencia de la situación es tal que en los últimos días presuntos delincuentes intentaron robar un vehículo asignado a un miembro del gabinete de seguridad gubernamental, privaron de libertad a un funcionario público de segundo nivel y secuestraron al hijo de un alcalde oriental.

Los resultados de una encuesta de opinión pública, publicados recientemente por este rotativo, revelan que los salvadoreños perciben este deterioro en la seguridad pública, claramente evidente en las estadísticas delictivas. Según las cifras arrojadas por dicho instrumento de medición, el 67% de los encuestados opina que la seguridad ha empeorado y el 66% reprueba la gestión del actual gabinete del ramo correspondiente. Un dato interesante obtenido a través de la encuesta, es que, del reducido porcentaje de personas que opinan que la situación ha mejorado (34%), la mayoría lo atribuye a una mayor presencia de efectivos militares y castrenses.

En el pasado, en artículos publicados en este mismo espacio, reiteradamente he explicado que la saturación de patrullajes con personal uniformado, más que tener un efecto directo en la incidencia delincuencial, se limita a mejorar la percepción de seguridad. Llenar las calles de policías y soldados crea un panorama ilusorio en el que la inseguridad y el miedo al delito disminuye, sin que necesariamente exista una reducción en las cifras criminales. Es por esto que el pequeño porcentaje de personas que opinan que la seguridad ha mejorado, señalan que es el resultado de un incremento en el número de elementos policiales y militares en las calles.

Sin embargo, como advertí anteriormente, sólo inundar a El Salvador con personal uniformado, sin incorporar otros elementos claves para el éxito de la lucha contra la criminalidad, no solucionará el problema; por el contrario, conllevará efectos negativos para el aparato de seguridad, que se pueden apreciar en los resultados de la encuesta antes mencionada.

El problema se vuelve más crítico al considerar que todas las iniciativas de seguridad impulsadas por el gobierno no han tenido efectos que trasciendan de la esfera de la opinión pública. El Centro Antipandillas Transnacional de la Policía, por ejemplo, recientemente reveló que más del 80% de los hechos delictivos graves continúan siendo ordenados desde el interior del sistema penitenciario, a pesar del visible y publicitado despliegue de personal castrense en los diferentes presidios. Las vedas de armas, iniciativa apoyada enérgicamente por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, con el fin de justificar el desarme total de la población, probaron tener efectos limitados al persistir la incidencia de delitos graves en la mayoría de las más de veinte municipalidades en las que recientemente se decretó ilegal la portación de armas.

Es necesario que el gobierno deje de lanzar y publicitar medidas ilusorias, cuyo efecto se reduce al campo de la opinión pública y no tienen un impacto significativo sobre la incidencia criminal. Esto es especialmente urgente tomando en cuenta que la inversión ha bajado abruptamente en el país, lo que sumergirá al país en un ciclo económico negativo y, consecuentemente, se traducirá en una ola delincuencial más pronunciada que la actual. Es necesario fortalecer el direccionamiento estratégico y operativo del aparato de seguridad, para preparar al país para este próximo e inevitable embate.

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